Día Mundial del Hambre: Inseguridad alimentaria y pobreza multidimensional
Según el último reporte de la FAO, el hambre mundial se ha mantenido en niveles estables luego del aumento ocurrido durante la pandemia. Si bien se señala que en América Latina hay avances respecto de ese incremento, al mirar los datos con mayor amplitud temporal, se observa que entre el 2014 y la actualidad la proporción de personas que enfrentan inseguridad alimentaria moderada o grave en la región aumentó de un 25,1% a un 31,3%.
Considerando estas cifras, podemos decir que estamos frente a un fenómeno desafiante, donde el Estado tiene algo que decir, sobre todo porque las cifras de inseguridad alimentaria suponen procesos vinculados a diversas dimensiones.
Cuando pensamos en alguien con hambre, como señala Edward Frongillo, se corre el riesgo de adherir al mito de que la pobreza y la inseguridad alimentaria deberían conducir exclusivamente a la desnutrición, y no a la obesidad. Sin embargo, ya desde finales del siglo pasado, estudios han identificado múltiples mecanismos a través de los cuales la inseguridad alimentaria puede causar desnutrición en algunos casos, pero también obesidad en otros, lo que transforma a la inseguridad alimentaria en un problema que tiene distintas formas de ser abordado.
Si analizamos el comportamiento de la inseguridad alimentaria en Chile, medido a través de la escala FIES en la encuesta Casen, y considerando las categorías de inseguridad moderada y grave, a saber, las personas que pasaron hambre, se saltaron comidas o no pudieron acceder a alimentos en el último mes, se observan impactos heterogéneos en términos geográficos.
Regiones como O’Higgins y Antofagasta presentan altos niveles de inseguridad alimentaria (25% y 26% respectivamente), mientras que zonas extremas, como Magallanes y Aysén, exhiben los niveles más bajos del país (12% y 15%, respectivamente).
¿Cómo entender estas cifras? ¿Y qué estrategias en materia de políticas públicas se pueden desarrollar para enfrentarlas? Una forma de abordar esta heterogeneidad territorial en materia de inseguridad alimentaria es caracterizando su despliegue a través de datos diversos.
En general, la inseguridad alimentaria se ha analizado desde la pobreza por ingresos, pero existe todo un entramado de datos vinculados a la pobreza multidimensional que pueden aportar elementos valiosos para caracterizar el fenómeno y sobre ello establecer estrategias de acción. Cabe destacar que la pobreza multidimensional en Chile se compone por las dimensiones de educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social.
Junto a otros investigadores, hemos analizado la correlación entre la inseguridad alimentaria y las cinco dimensiones de la pobreza multidimensional, y uno de los principales resultados está vinculado al hecho que existe una mayor correlación entre hogares que experimentan inseguridad alimentaria y que enfrentan carencias en las dimensiones de trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social. En contraste, las dimensiones donde se observa una menor asociación con la inseguridad alimentaria de los hogares son educación y salud.
A partir de estos datos, hemos analizado qué razones podrían estar detrás de este comportamiento. Un análisis de políticas públicas nos indica que en las dimensiones de educación y salud existen programas de apoyo directo a la alimentación que podrían estar amortiguando los efectos de la inseguridad alimentaria.
En salud, destaca el Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC), que entrega alimentos a niños pequeños y mujeres embarazadas o lactantes, y el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM), orientado a mayores de 70 años de FONASA; ambos programas presentan coberturas cercanas al 50% [Cobertura entendida como: (Población beneficiada del año t / población objetivo año t)*100].
En educación, operan el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que provee raciones diarias a estudiantes de establecimientos públicos y subvencionados, y la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES), que entrega un subsidio mensual para la compra de alimentos, en ambos casos, las coberturas superan el 70%.
Estos programas alcanzan una cobertura significativa de la población nacional y, por lo tanto, tienen un impacto en la inseguridad alimentaria. En contraste, al analizar políticas públicas asociadas a trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social, se observa un vacío importante en vinculación con la inseguridad alimentaria.
Estas dimensiones, por lo demás, se vinculan a los problemas de informalidad laboral, problemas de acceso a vivienda y sentimientos de maltrato y baja cohesión social que hoy afectan a la sociedad. Los que no están siendo debidamente canalizados desde una perspectiva institucional.
En definitiva, los resultados de este estudio, en parte ya publicado, evidencian ciertos rasgos de la inseguridad alimentaria de los cuales no existe suficiente estudio a nivel nacional. Al visualizarlos, se abre un espacio para que el Estado pueda canalizar apoyo concreto a los individuos para asegurar mínimos de una vida digna. Alimentarse no puede ser un privilegio, es una responsabilidad colectiva donde el Estado puede y tiene que jugar un papel clave.
