Banco se negó a devolver $1.370.000 a clienta tras fraude telefónico en su Cuenta RUT: Corte ordena restituir monto total
Una profesora de Coyhaique fue víctima de un fraude bancario que le costó $1.370.915, tras recibir una llamada telefónica en la que un supuesto ejecutivo del BancoEstado le alertó sobre movimientos inusuales en su cuenta.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, al percatarse del engaño, revisó su cartola en un ServiEstado y luego denunció el hecho ante Carabineros.
También hizo llegar una declaración jurada al banco y presentó todos los antecedentes requeridos por la Ley N° 20.009, que protege a los usuarios ante fraudes electrónicos.
A pesar de cumplir con todos los requisitos legales, BancoEstado rechazó su solicitud de restitución.
Argumentó que los movimientos se realizaron usando claves personales y que, por lo tanto, no correspondía activar la protección legal.
La afectada recurrió entonces a la Corte de Apelaciones de Coyhaique, alegando que la negativa vulneraba su derecho de propiedad.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal –integrada por los ministros Pedro Castro Espinoza, José Ignacio Mora Trujillo, Luis Aedo Mora y Natalia Rencoret Oliva– acogió la acción constitucional.
La Corte estableció que el actuar del banco fue ilegal al negarse a restituir los fondos sin haber acreditado previamente en un juicio que existiera dolo o culpa grave por parte de la usuaria.
Además, la sentencia señaló que el banco no recurrió a la opción de solicitar ante un juez la suspensión de la restitución, como permite la ley en casos excepcionales.
Según el fallo: “la entidad recurrida actuó de manera ilegal (…) infringiendo así un procedimiento específico y normado en la ley que regula el ramo”.
La Corte también calificó la conducta como arbitraria, ya que la clienta fue “diligente en ceñirse al derrotero procedimental estatuido al efecto”.
El tribunal ordenó a BancoEstado restituir el monto reclamado conforme a la Ley N° 20.009 y lo condenó al pago de las costas del juicio.
Todo esto, sin perjuicio de lo que se resuelva en el Juzgado de Policía Local si el banco decide iniciar acciones en contra de la usuaria.
