"Hay que rechazarlo, investigarlo y sancionarlo": José Pérez, presidente de ANEF, por 25 mil licencias cuestionadas

Fue a través de un informe de la Contraloría General que se reveló el dato: 25.000 funcionarios públicos chilenos salieron del país entre 2023 y 2024 mientras se encontraban con licencia médica con un promedio de 17,7 días de ausencia y un costo para el Estado de más de $350 mil millones.

La situación ha significado denuncias ante la Fiscalía Nacional por fraude al fisco, fraude a subvenciones, malversación de caudales públicos y uso malicioso de instrumento público; mientras que desde el Congreso se anunció análisis en la Comisión de Salud del Senado; solicitud de pronunciamiento al Consejo de Defensa del Estado y la conformación de un Comité de Ausentismo para tomar cartas en el asunto.

En ese contexto, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, José Pérez, enfrentó la polémica sin medias tintas sobre las sanciones que se deben aplicar: Debe haber un "mensaje claro para que no se vuelva a repetir este abuso y no se pretenda naturalizar que la licencia médica sea para el negocio entre médico y usuario, sino que sea lo que es: protección laboral", enfatizó.

-Días duros para los funcionarios públicos tras el hallazgo de la Contraloría de que en un año 25 mil funcionarios públicos abusaron de su derecho laboral a tener licencia médica: ¿Hay que aplicar mano dura o asumirlo como una consecuencia de un sistema colapsado?

-Son casos de abusos graves y el Estado tiene sus procedimientos regulares, que son investigaciones rápidas, sumario administrativo, que permiten identificar quiénes son las personas que abusaron de esa licencia médica. Pero la licencia médica, como hemos dicho en todo espacio, los conocemos, los relevamos, los cuidamos: son derechos laborales, es protección laboral. Por lo tanto, si alguien la usa incorrectamente significa una situación abusiva.

-¿La ANEF está dispuesta a asumir estos sumarios y sus consecuencias, que sería el despido?

-Debemos rechazarlo rotundamente. Estamos disponibles y apoyamos la decisión de instalar el Comité Nacional de Ausentismo Laboral para conocer los casos, los responsables y monitorear... lo entendemos como un buen elemento preventivo que también implica un acompañamiento frente a situaciones de abuso, como este caso, que no se pueden repetir en el futuro.

-¿Como ANEF ya conocían de esta realidad o se impusieron con estos datos entregados por la Contraloría?

-Había señales con otros casos de licencias médicas en entidades como Carabineros...

-Usted confirma que van a trabajar para enfrentar el problema, pero ¿están dispuestos a que se abran sumarios y que tengan que salir los funcionarios que se hayan pasado de determinado límite, porque hay casos bastante llamativos?

-Estamos disponibles porque esperamos que los procedimientos sean rápidos para hacer un sumario. Uno de los niveles de sanciones que tenemos en las leyes del Estado es que uno puede perder el trabajo, es decir, ser destituido. Es el máximo castigo para quienes cometen abusos de este nivel u otros, como hemos visto en las Fuerzas Armadas, Carabineros y en la política también. Creo que también es bueno que esa sanción sea un mensaje claro para que no se vuelva a repetir este abuso y no se pretenda naturalizar que la licencia médica sea para el negocio entre médico y usuario, sino que sea lo que es: protección laboral.

— Hoy día, en el Estatuto Administrativo, ¿está contemplado que un funcionario público que tiene una licencia médica que no sea psiquiátrica y que le permita moverse fuera del país, en el caso que no corresponda, sea expulsado del sistema público? ¿Se le cesa el contrato?

-Se contempla si hay un hecho fraudulento. Eso tiene un concepto en el Estado: falta a la probidad. Ahí se aplica la máxima sanción cuando uno comete delitos dentro del aparato público.

-¿En qué casos corresponde y cuál sería el primer paso?

-Ya los servicios están recibiendo informes. Lo que tienen que hacer es nombrar a una persona como fiscal investigador que tiene que tomar los datos, hacer la revisión y después emitir el informe y establecer las sanciones respectivas.

-¿Pueden rodar cabezas esta vez?

-Sí, siempre ruedan cabezas, siempre.

-¿Sólo abordarán los viajes al extranjero?

-Ahí está el rol fiscalizador de la Contraloría, pero también va a permitir lo que nosotros acordamos en diciembre del año pasado en la mesa del sector público, que aparece ahora en la prensa: esta nueva metodología, esta buena política pública que es crear el Comité Nacional de Ausentismo Laboral. Va a permitir ir acompañando y comparando información, no para meternos en la licencia médica porque no tenemos la facultad, pero sí para realizar el acompañamiento y también educar qué pasa con aquella licencia médica donde empiezan a detectarse situaciones fraudulentas. Solo hay que rechazarla, pero proteger a quien efectivamente tiene la licencia médica. Relevaría eso como un elemento positivo de cómo nos ocupamos con este nuevo Comité Nacional de Ausentismo Laboral, que está integrado por el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos y Servicio Civil, y los 16 gremios del sector sindical del sector público.

-Les llama la atención que las dos entidades públicas que más han hecho uso de estas licencias (Junji e Integra) han sido dos entidades bien cuestionadas por su gestión?

-Sí, son las personas que trabajan con la primera infancia, Junji e Integra. Obviamente que nos afecta, pero ya ahí nosotros tenemos una organización sindical que es Aprojunji, que está trabajando con la vicepresidenta de Junji, que es la máxima autoridad, para también ver esos dos mil y tantos casos, dónde están aquellos abusos. El procedimiento ya está cursándose para que también el fiscal ad hoc tenga la rapidez para precisar cuál es la resolución frente a una medida determinada. Si es abuso, así de claro, lo hemos dicho con claridad: tiene que salir del Estado.

-La pregunta apunta a saber si ustedes han podido hacer un análisis de cómo esto puede estar afectando justamente a estos dos servicios que están muy cuestionados, que no están resultando. ¿Será causa-efecto?

-Afecta, duele, impacta negativamente y confunde también, porque en realidad la ciudadanía es la que escucha y dice "¡Ah, son todos iguales!". No, no son todos iguales. Hay personas que abusan en distintos lugares y con ese abuso no hay que convivir, hay que rechazarlo, hay que condenarlo y también investigarlo y sancionarlo con la máxima sanción que es la destitución. En el caso particular de Junji, donde tenemos relación, no tenemos relación directa con Integra, pero ahí también está afiliado a la CUT directamente.

-¿Qué le diría usted, como representante de los funcionarios públicos, a los ciudadanos que tienen una visión crítica?

-Tenemos la oportunidad hoy día para que no nos metan a todos en el mismo saco de abuso. Nosotros lo que hacemos es rechazar el abuso. Tenemos mesas de trabajo formales con los gobiernos de turno, que son nuestra contraparte. Nosotros somos trabajadores del Estado de Chile y tenemos una vocación pública y la cuidamos, incluso con menos presupuesto y menos dotación. Siempre decimos que hay muchos funcionarios que están trabajando desde Putre hasta la Antártica, en las distintas islas, todos los días de manera rigurosa, y además tenemos que rendir cuentas. Eso es un gran contingente de personas que están trabajando, relevando con dignidad el cargo del Estado.

- Se supone que dieron un plazo de 72 horas para iniciar sumarios. ¿Eso significa que los sumarios van a empezar esta semana?

-Sí, ya partieron.

- ¿Cuáles son los plazos que ustedes tienen para este proceso?

-El plazo es primero el procedimiento interno, que es revisar los informes de la Contraloría en el área de la Fiscalía respectiva de los servicios. Después está el fiscal que es nombrado con facultades, porque se nombran por resolución, para realizar las investigaciones. Se llaman a las personas, se hace la investigación interna y rápidamente tiene que resolver. La ventaja que tiene es que la Contraloría hizo un buen trabajo con esa materia para poder entregar un dato duro, macizo, como lo tiene este informe. Entonces, por ejemplo, si José Pérez aparece en el listado, tendría que decir: "José Pérez, usted fue a Cancún según el dato que tenemos, fue 15 días y tenía licencia médica". La licencia médica es un derecho laboral que permite protección laboral para ausentarse del trabajo.

-¿Cuándo estarían los primeros resultados de los sumarios entonces?

-Va a depender de cada caso. Junji tiene más personas identificadas, también Integra y la Corporación de Asistencia Judicial. Yo no podría decir plazo, no nos corresponde a nosotros, es un plazo interno. Pero tiene que ser pronto, no puede ser en seis meses más ni un año más. Tiene que ser en semanas, esperamos nosotros.

-¿Puede ser que finalmente sea un argumento legal que los funcionarios digan que no se puede vulnerar la confiabilidad de su licencia médica? porque hay licencias psiquiátricas, por ejemplo, que no obliga a permanecer en un domicilio....

-Efectivamente, nadie se puede meter con la licencia médica, eso es cierto, tiene protección legal. El punto está en que cuando la persona ocupa ese instrumento para salir a un lugar, para irse a la playa o al extranjero, uno tiene que estar saliendo de vacaciones, con feriado legal. Pero si ocupa la licencia médica, es porque el médico dice que hay un tratamiento específico, por ejemplo, oncológico en Cuba. Ahí hay que ver si hay un tratamiento oncológico, pero no se puede saber qué tipo de cáncer debe ser ni qué nivel. Por eso hay que ser muy prolijo también con la investigación interna para no pasar a llevar derechos. En el caso de las psiquiátricas, hay psiquiátricas que permiten viajar porque si estás con una enfermedad psiquiátrica puedes salir, puedes viajar, no tienes que estar encerrado. Como es salud mental, por eso hay que hacer esa separación también.