Reposo con pasaporte: 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera de Chile estando con licencia médica
Un reciente informe elaborado por la Contraloría General de la República ha revelado una práctica alarmante y estructural que interpela directamente a la integridad del aparato público chileno: entre 2023 y 2024, aproximadamente 25.078 funcionarios públicos o trabajadores de entidades privadas financiadas con fondos públicos salieron del país mientras se encontraban con licencia médica, infringiendo los términos del reposo médico y, por ende, potencialmente cometiendo fraude al sistema de salud y al Estado.
Este hallazgo se originó mediante el cruce de datos entre las salidas del país registradas por la Policía de Investigaciones (PDI), las bases de datos de funcionarios públicos y las licencias médicas otorgadas durante dicho período. El resultado evidencia que, de las 5.147.997 licencias médicas emitidas a funcionarios públicos, se registraron 1.231.362 de entradas y salidas del país.
En concreto, 25.078 funcionarios públicos o trabajadores de entidades privadas financiadas con fondos públicos, viajaron fuera del país durante la licencia o en parte del periodo, incumpliendo el reposo indicado en su permiso médico. De estas, al menos 35.585 licencias podrían haber sido utilizadas de manera irregular, afectando a un 69% de usuarios pertenecientes a Fonasa y un 31% a Isapre, con un período de reposo promedio de 17,7 días.
Tal como advertía Max Weber, en su teoría sobre la burocracia racional-legal, el funcionamiento ético del Estado moderno depende del cumplimiento objetivo de normas por parte de sus funcionarios, cuyo ethos debe estar fundado en la vocación por el servicio público.
El filósofo Norberto Bobbio, en Derecha e Izquierda, advertía que no solo las grandes violaciones a la ley erosionan la legitimidad democrática, sino también aquellos actos cotidianos que rompen con el pacto implícito entre ciudadanía y Estado.
El uso indebido de licencias médicas y el abandono del país en tiempos de reposo -en ocasiones con múltiples viajes internacionales por parte de un mismo funcionario- configura un acto éticamente reprochable que atenta contra los principios de probidad, eficiencia y legalidad del servicio público.
De forma aún más preocupante, se reportó que un funcionario del área de la salud se otorgó licencia médica a sí mismo, lo cual constituye una grave vulneración de los mecanismos de control y autorregulación del sistema.
Este tipo de prácticas recuerda lo que el sociólogo Michel Crozier denominó "la paradoja burocrática": una estructura organizacional en la que la rigidez de las normas convive con espacios de informalidad y arbitrariedad que permiten el abuso encubierto (El fenómeno burocrático, 1963).
Además, hay 125 funcionarios que, durante el periodo de reposo establecido en la licencia, registran entre 16 y 30 entradas y/o salidas del país, mientras que 51 funcionarios registran más de 31.
Las 35.585 licencias médicas se distribuyen en 788 entidades, de las cuales 13 concentran el 25% (8.893) de dichos permisos:
La Junta Nacional de Jardines Infantiles (2.280 licencias) y la Fundación Integra (1.934), concentran un 12% del total, con 4.214 licencias.
A estas le siguen la Municipalidad de Arica (719), Corporación Municipal Desarrollo Social de Iquique (515), Municipalidad de Puerto Montt (483), Instituto de Previsión Social (423), Subsecretaría de Salud Pública (393) y la Corporación Municipal de Salud y Menores de Puerto Natales (392).
Más abajo le siguen la Corporación Municipal de Punta Arenas (369), Corporación Municipal de Puente Alto (363), Universidad de Chile (352), Municipalidad de Temuco (342) y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama (328).
Asimismo, la distribución geográfica del fenómeno también resulta reveladora:
El listado lo encabeza la región Metropolitana, con 26.032 entradas y salidas (43,7%); le sigue la región de Arica y Parinacota, con 10.043 (16,9%); y en tercer lugar se encuentra la región de Magallanes con 5.980 (10,0%).
Después tenemos a la región de Los Lagos con 4.725 (7,9%); La Araucanía con 3.962 (6,7%); Valparaíso con 3.898 (6,5%); Aysén con 1.979 (3,3%); Tarapacá con 1.629 (2,7%); Antofagasta con 492 (0,8%); Maule con 401 (0,7%); Los Ríos con 383 (0,6%).
Más abajo tenemos al Biobío con 33 (0,1%); Atacama con 14 entradas y salidas; Coquimbo con 4 entradas y salidas; y O’Higgins y Ñuble con 0 entradas y salidas.
Como sostenía Hannah Arendt, en su Eichmann en Jerusalén, la banalización del mal no ocurre únicamente cuando se perpetran crímenes atroces, sino también cuando los actores sociales abandonan la reflexión crítica y normalizan conductas contrarias a la moral pública. En este caso, la repetición de prácticas de abuso por parte de funcionarios públicos parece responder a una lógica de impunidad percibida, donde la falta de consecuencias reales refuerza la reproducción del daño al erario y a la legitimidad del Estado.
