Asesor legal sin título pero con doble sueldo: La UDI y su red de privilegios en La Reina

El reciente escándalo que involucra a Javier Fano Ruiz, jefe de gabinete del alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), constituye una nueva muestra del progresivo deterioro de los principios republicanos en la administración pública.

Con una remuneración mensual que supera los $5 millones -$2.401.285 por coordinar la agenda del alcalde” y $2.740.480 como supuesto asesor legal de la administración municipal-, Fano ha logrado instalarse en dos cargos simultáneos sin contar con un título profesional, sin rendir informes obligatorios y bajo un total manto de opacidad.

Este hecho, denunciado por la Fundación América Transparente, no es un hecho aislado, sino una expresión más de un entramado que se perpetúa bajo el alero de vacíos normativos, permisividad institucional y una cultura política cómplice. La gravedad del caso no radica únicamente en el doble contrato o la falta de requisitos legales para ejercer funciones técnicas, sino en el modo en que se reproduce una práctica sistemática de descomposición institucional al interior de los municipios.

La crítica a este fenómeno excede los límites de la legalidad para adentrarse en una dimensión ética más profunda. Como advertía Kant, “la corrupción de los principios es más peligrosa que la transgresión de las leyes” (Crítica de la razón práctica, 1788), ya que mina la conciencia moral de la ciudadanía y socava la legitimidad del Estado.

Cuando figuras como Fano -exlíder estudiantil del Movimiento Gremial, cuna de la UDI- acceden a recursos públicos sin rendición de cuentas, no solo se incurre en una anomalía administrativa, sino en una perversión del deber público como compromiso cívico.

Desde la teoría política, Hannah Arendt ya advertía que la banalización del mal no requería monstruos, sino individuos que, protegidos por sistemas burocráticos opacos, actuaran sin pensar en las consecuencias éticas de sus actos.

“La corrupción no consiste solo en robar fondos, sino en la conversión de las instituciones en instrumentos de intereses privados” (La condición humana, 1958). En ese sentido, la figura de Fano se asemeja más a un engranaje dentro de una maquinaria institucional cooptada, que a una simple anomalía administrativa.

Juan José Lyon, director de América Transparente, lo expresa con claridad: “no es raro encontrar dobles sueldos en municipios, pero sí en un jefe de gabinete”, agregando que resulta inverosímil que quien coordina la agenda del alcalde tenga disponibilidad para ejercer simultáneamente como asesor legal sin tener un título profesional de abogado. Tal contradicción revela un patrón de simulación laboral que vulnera no solo normas de probidad, sino el sentido mismo del servicio público.

El sistema de contratación mediante corporaciones municipales ha demostrado ser un canal recurrente de irregularidades, como quedó en evidencia en el caso de Vitacura bajo Raúl Torrealba, donde se estructuraron verdaderas redes de financiamiento político ilegal mediante boletas falsas y contratos paralelos. Las corporaciones municipales, operando bajo RUT distintos y con regulaciones más laxas, permiten mantener prácticas clientelares, evadir los controles públicos y simular cumplimiento normativo.

Esta laxitud normativa, sin embargo, no puede ser comprendida al margen de su instrumentalización política por parte de la UDI… Basta recordar los múltiples casos que han salpicado a figuras emblemáticas del gremialismo: Pablo Longueira y sus vínculos con SQM; Jovino Novoa, condenado por financiamiento ilegal de la política; y el propio Raúl Torrealba, que, pese a su falsa imagen de “independiente de centroderecha”, mantuvo vínculos evidentes con los cuadros UDI.

El caso de Fano Ruiz pone en evidencia una forma de captura institucional donde el poder político se reproduce a través del uso instrumental de las normas, los vacíos legales y el clientelismo de baja intensidad.

Como sostenía Michel Foucault, “el poder no se ejerce simplemente sobre sujetos, sino que se inscribe en los cuerpos, los organiza, los controla” (Vigilar y castigar, 1975). En este contexto, el control del aparato municipal por parte de redes partidarias de la UDI destila que la legalidad se subordina a la conveniencia política.

Frente a ello, el silencio institucional resulta ominoso. Pese a las recomendaciones de la Contraloría General de la República sobre la incompatibilidad de contratos paralelos, las municipalidades continúan utilizando las corporaciones como vehículos para mantener favores políticos y sostener estructuras clientelares. La falta de acción legislativa para cerrar estos vacíos no solo constituye una negligencia, sino una complicidad activa en la reproducción del modelo.

El jurista italiano Luigi Ferrajoli decía que el derecho debe blindarse contra el poder arbitrario, no legitimarlo. Entonces, no basta con denunciar casos aislados, se requiere una transformación estructural del sistema que permita recuperar el carácter público, transparente y democrático de las municipalidades.