Reparación: Un derecho que debemos resguardar
El avance tecnológico ha traído múltiples beneficios para las sociedades del mundo, como la democratización del conocimiento, conectividad global, automatización de procesos, acceso a servicios médicos más precisos, entre otros. Pero junto con ellos, se ha instalado una práctica cada vez más común: la obsolescencia programada.
Es decir, una estrategia que busca acelerar la inutilización de los productos y obligar a los consumidores a adquirir uno nuevo. Este fenómeno tiene consecuencias sumamente preocupantes.
Por un lado, se genera una gran cantidad de desechos electrónicos que contienen compuestos como plomo, mercurio o cadmio, que son altamente contaminantes. Por el otro, la constante extracción de recursos como el litio -usado para la fabricación de baterías- impacta la biodiversidad y a las comunidades locales.
Para hacer frente a esta situación, han surgido estrategias de consumo consciente. Sin embargo, cuando los productos están diseñados para indudablemente fallar, el margen de acción individual -y colectiva- encuentra sus límites.
Sin el conocimiento técnico necesario ni las herramientas específicas para tratar los productos tecnológicos modernos, reparar deja de ser una opción real. Es por esta razón que distintos actores de todo el mundo han tomado consciencia de la importancia de resguardar el derecho a la reparación.
El derecho a reparar se refiere a la capacidad [y el derecho] de los consumidores de reparar sus productos en lugar de desecharlos. Haciendo asequible y habitual la reparación, las personas podrán optar por reparar productos dañados o defectuosos en lugar de reemplazarlos, permitiendo reducir residuos y el impacto ambiental asociado (Right to Repair, 2024).
Este concepto ha dado origen a movimientos en Estados Unidos y Europa que buscan resguardar este derecho mediante la socialización de conocimientos y campañas de reparación en iniciativas locales, como los cafés de reparación.
No obstante, las iniciativas locales no son suficientes para lograr asegurar el derecho de las personas a reparar los productos de los que son dueños. En Estados Unidos, la Coalición Digital por el Derecho a la Reparación ha promovido propuestas de legislación en todos los Estados del país, en las que exigen a los fabricantes proporcionar acceso a piezas, herramientas y documentación necesaria para que los consumidores puedan reparar dispositivos.
Por su parte, la Unión Europea ha avanzado obligando a los fabricantes a ofrecer reparación fuera del periodo de garantía, establecer criterios de reparabilidad mediante ecodiseños, introducir índices de reparación y exigir la posibilidad de extraer las baterías de los dispositivos (Right to Repair Europe, 2025).
Nuestro país no debería quedarse de brazos cruzados, pues somos el país latinoamericano con mayor generación de residuos per cápita del continente y hemos duplicado la generación de residuos eléctricos en tan solo una década (Godoy, 2024). Contamos con iniciativas sumamente valiosas como jornadas de reparación locales, pero debemos extender nuestras fronteras de acción.
Es imperioso avanzar en una legislación que adopte estrategias similares a las que han tomado en otros continentes y que nos permita liderar el cambio. Por esta razón, desde Fundación Basura estamos impulsando una propuesta que obligue a transparentar información de reparabilidad de los productos, así como a ofrecer un servicio de reparación a los consumidores.
Es nuestra responsabilidad avanzar hacia una legislación que resguarde el derecho a reparar, para garantizar un planeta saludable y libre de residuos.
