Edadismo por decreto: Chile institucionaliza la discriminación
La entrada en vigor de la Ley 21.724, parte de la Ley de Reajuste del Sector Público 2025, establece que desde 2027 todos los funcionarios públicos deberán jubilar obligatoriamente al cumplir 75 años.
Esta disposición, que excluye a parlamentarios y ministros, representa mucho más que un ajuste técnico: institucionaliza el edadismo al convertir la edad cronológica en motivo suficiente para excluir a una persona de la vida laboral, sin considerar capacidades, experiencia o voluntad.
Chile es un país que envejece a pasos acelerados. El Censo 2024 reveló que el 14% de la población tiene 65 años o más, cifra que duplica el porcentaje registrado en 1992. El índice de envejecimiento indica que, por cada 100 niños menores de 14 años, hay 79 personas de 65 o más.
Y las proyecciones del INE muestran que para 2050 las personas mayores superarán el 30% de la población nacional. Frente a este escenario, uno esperaría políticas de adaptación, integración y valorización del aporte intergeneracional. Sin embargo, lo que hoy tenemos es una ley que legitima la exclusión por edad desde el propio Estado.
Esta ley no ocurre en un vacío. Las personas mayores de 50 años ya enfrentan grandes barreras en el mercado laboral. Más del 50 % de las empresas en Chile admite no haber contratado a nadie mayor de 55 años durante 2023. Quienes pierden su empleo tras esa edad suelen enfrentar largos periodos de cesantía, baja autoestima y una fuerte percepción de ser descartables. La jubilación forzosa a los 75 años no es neutral: refuerza el mensaje de que envejecer es volverse inútil.
El edadismo es una forma estructural de discriminación que hemos normalizado. Se expresa en leyes, en prácticas de recursos humanos, en estereotipos sociales, y también en decisiones políticas como esta. Desvalorizar a alguien por su edad equivale a negar todo lo que esa persona ha construido, aportado y todavía puede ofrecer. Si nos parece absurdo excluir a alguien por género, religión o etnia, ¿por qué seguimos tolerando la exclusión por edad?
Mientras Chile avanza en la marginación legal de los mayores, otros países adoptan caminos opuestos. En 1967, Estados Unidos promulgó la Age Discrimination in Employment Act, que prohíbe la discriminación por edad contra personas de 40 años o más. Japón, enfrentado a un envejecimiento aún más extremo que el nuestro, reformó su ley laboral en 2021 para fomentar el empleo continuo más allá de los 70 años.
El Reino Unido, a través de la organización Age UK, ha promovido activamente la contratación de personas de 50 o más, identificando que el principal obstáculo no es la falta de habilidades, sino los prejuicios de empleadores.
Desde el ámbito técnico, también contamos con propuestas concretas. El Centro UC de Estudios de la Vejez y el Envejecimiento ha elaborado una guía de buenas prácticas laborales para integrar a trabajadores mayores de 50.
Entre sus recomendaciones figuran el retiro gradual, las mentorías cruzadas, la actualización constante de competencias y la promoción de equipos intergeneracionales. Todas medidas realistas y aplicables, cuyo espíritu es exactamente el contrario de lo que impone la ley actual.
Obligar a jubilar por edad fija es una solución fácil, pero injusta. Es administrar el envejecimiento con lógica de descarte. En lugar de preguntarnos cómo adaptamos las instituciones para aprovechar el conocimiento de los mayores, elegimos expulsarlos. Y eso no solo es un error ético, sino también estratégico. Una sociedad que desecha experiencia pierde cohesión, continuidad y sabiduría.
Envejecemos todos. Y el trato que hoy damos a las personas mayores es, en el fondo, un reflejo del valor que le damos a la trayectoria humana. Si aspiramos a un Chile justo, sostenible y consciente, no podemos seguir legislando desde el prejuicio. Es hora de transitar del descarte a la integración. De la obsolescencia forzada al reconocimiento pleno. De la edad como barrera a la edad como valor.
