Incendio perpetuo de basura en Antofagasta: Clausuras y fallos de la corte no logran frenar las quemas en La Chimba
A pesar de que debería estar clausurado desde 2019, el ex vertedero La Chimba en la ciudad de Antofagasta sigue recibiendo basura en sus alrededores, la que luego se incendia constantemente, a pocos metros de hogares e incluso de un liceo que ha tenido que cambiar su horario de clases para que los alumnos no estén expuestos al humo tóxico de las quemas.
Ad portas de la visita del presidente de Gabriel Boric a Antofagasta, se detectaron nuevas quemas de basura, que ahora se acumula a las afueras del cierre perimetral del ex vertedero. El Concejo Municipal aprobó un presupuesto de $2 mil millones para instalar televigilancia las 24 horas del día, cámaras térmicas y con visión nocturna, y una estación de monitoreo ambiental.
En los últimos días, el diputado Sebastián Videla levantó un plan de fiscalización en el vertedero y la zona aledaña, con drones para detectar incendios y una coordinación directa entre seguridad ciudadana y carabineros. El alcalde actual, Sacha Razmilic, está trabajando en un proyecto de saneamiento y ocupación habitacional en el sector.
Ex vertedero La Chimba
La Chimba fue uno de los vertederos municipales más grandes del país, que operó durante 60 años en la zona norte de Antofagasta y que fue cerrado y clausurado en 2019, a pesar de lo cual continuaba el ingreso de basura y las quemas.
En 2023, un fallo de la Corte Suprema obligó a la Municipalidad de Antofagasta a clausurar el recinto con cierre perimetral e instaurar vigilancia, ya que al ser concesionaria del espacio le corresponde velar por el cierre definitivo del lugar. A pesar de tomarse medidas, la basura se sigue acumulando al rededor del ex vertedero cerrado.
Ese mismo año, un informe publicado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) constata la vulneración a los derechos de 40 mil familias que viven cerca del ex vertedero. El documento declara que acciones u omisiones del Estado resultan en vulneraciones a la salud física y mental de las personas por la contaminación y la falta de monitoreo y diagnósticos, a la educación por suspensiones de clases, y a la vivienda adecuada por la construcción de viviendas cerca del vertedero.
Además, recomienda un paquete de medidas tanto urgentes como a mediano plazo para once organismos del Estado. Fiscalizar y penalizar a quienes vierten basura de forma irregular en las inmediaciones del vertedero, instalar una estación de monitoreo de contaminantes, hacer estudios de salud pública a quienes viven alrededor o ingresar a evaluación un plan de remediación son sólo algunas entre la veintena de medidas solicitadas.
