La motosierra ambiental que esconde la “Agenda de Permisología”
En el último tiempo hemos escuchado mucho hablar del término “Permisología”, un concepto -inventado por los sectores empresariales- que busca instalar en la opinión pública que la necesidad de obtener permisos sería algo negativo, ya que impide la inversión.
Un relato absolutamente peligroso, porque son los permisos los que permiten evaluar si los proyectos de inversión cumplen o no con la regulación vigente. Además, no se hace cargo de que en materia ambiental, en la mayoría de los casos, los retrasos provienen de los propios titulares de los proyectos, que solicitan ampliaciones de sus plazos de evaluación.
Lo peor de todo es que este peligroso relato ha sido acogido por el gobierno de Gabriel Boric y su ministro de economía, Nicolás Grau, a través de la “Agenda de Permisología”, la cual consiste en una verdadera motosierra ambiental que transgrede el principio internacional de “no regresión ambiental”, flexibiliza la legislación vigente y reduce estándares ambientales.
Forman parte de la Agenda de Permisología el Proyecto de ley de Permisos sectoriales (Boletín 16566-03); el Proyecto de Ley de “Simplificación normativa asociada a inversiones” (Boletín 17322-03); el Proyecto de Ley que “Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia” (Boletín 16552-12); el Proyecto de Ley que Reforma las Concesiones Marítimas (Boletín N°8467-12); el Proyecto de Ley que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural (Boletín N°12712-24); y la modificación al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Sin duda, el proyecto insignia de esta agenda es el Proyecto de ley de Permisos Sectoriales, más conocido como “Ley de Permisología”, que pronto será puesto en tabla para su votación por las Senadoras y los Senadores y posteriormente sus modificaciones deberán ser votadas por las diputadas y los diputados.
La perjudicial iniciativa incluye la sustitución de permisos por simples avisos y declaraciones juradas respecto de cualquier proyecto de inversión y de cualquier envergadura. Situación que permitiría la aprobación de proyectos contaminantes con tan solo una firma, debiendo confiar en la palabra del dueño del proyecto que manifestó que cumple con la normativa.
Otra cuestión gravísima de este proyecto son los silencios administrativos, mediante el cual los proyectos se entienden aprobados, pese a que el Estado no dijo ni revisó nada, por cumplirse un plazo acotado de tiempo para que se pronunciara. En ese sentido, cabe preguntarse ¿Cómo estos funcionarios van a cumplir estos plazos si la ley no fortalece los servicios públicos ni los dota de más personal? ¿Acaso no parece esto un incentivo a que los dueños de proyectos corrompan funcionarios para que no se pronuncien?
Como si fuera poco, se establece en el proyecto de ley la figura de las “inversiones estratégicas” que permitirá que 5 ministros de turno, a través de una definición que es política y no técnica, seleccionen las iniciativas de inversión estratégicas que se sujetarán a una tramitación mucho más ágil.
Una cosa que se suele repetir sobre este proyecto es que supuestamente no involucraría permisos ambientales, pero esto es doblemente incorrecto. Primero, porque muchos permisos sectoriales también tienen carácter ambiental.
En efecto, diversos organismos “sectoriales” en Chile, como la Dirección General de Aguas, el Servicio Nacional de Geología y Minería y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, deben autorizar proyectos fuera del Servicio de Evaluación Ambiental, velando por la protección de elementos naturales y ecosistemas.
Segundo, porque sí afecta directamente al principal permiso ambiental (la Resolución de Calificación Ambiental o RCA) al crear un “régimen de estabilidad regulatoria”, que permite aplicar a los privados por hasta 8 años la misma normativa que estaba vigente al momento de obtener su RCA favorable, limitando la capacidad del Estado para adaptarse a cambios ambientales futuros.
Como si esto fuera poco, la agenda de permisología de Gabriel Boric incluyó un proyecto de ley en enero de este año 2025 con discusión inmediata y del que casi nada se ha hablado. Se trata del proyecto de ley de “Simplificación normativa asociada a inversiones” (Boletín 17322-03) que ya se encuentra en su tercer trámite en comisión mixta y está a un paso de aprobarse. Este proyecto debilita protecciones importantes sobre bosques nativos, aguas y humedales, permitiendo que ciertas actividades se realicen con menos control.
Finalmente, la agenda de permisología también se define fuera del Congreso, como ocurre con el anteproyecto de reforma al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual también debilita la protección del medioambiente.
Esta reforma permitiría que muchas modificaciones a grandes proyectos no se evalúen ambientalmente si se considera que “no generan nuevos impactos”. Además, aumenta los umbrales de ingreso al sistema de evaluación, dejando fuera de evaluación ambiental a muchos proyectos contaminantes que, con estas modificaciones, quedarían por debajo de estos umbrales.
La situación ambiental de nuestro país es preocupante. Chile, según diversos estudios, es un país altamente vulnerable al cambio climático y lidera los rankings latinoamericanos de muertes por contaminación, estrés hídrico y sobregiro ecológico. Por lo mismo, la normativa actual es absolutamente insuficiente para los desafíos que debemos asumir y no podemos debilitar lo único con que contamos actualmente para defender los derechos humanos, de la naturaleza y de los animales.
Resulta insólito que en un país que vive una tremenda crisis ecológica se esté promoviendo una verdadera “motosierra ambiental”, pero resulta aún más insólito que quienes la promueven sean los mismos que prometieron ser “el primer gobierno ecologista de Chile”.
