Juicio de la Operación Huracán: Exgeneral Blu detalla el polémico rol de Bruno Villalobos
El 24 de marzo de 2025 se inició el juicio oral por la Operación Huracán. Lo que comenzó como una supuesta operación antiterrorista en La Araucanía, presentada en 2017 como un golpe exitoso contra dirigentes mapuches, se reveló como una operación fraudulenta orquestada desde las más altas esferas de Carabineros, con el objetivo de fabricar pruebas, perseguir políticamente y reprimir con impunidad.
Diez exoficiales de Carabineros y Álex Smith, un ingeniero forestal autodenominado “informático” y apodado como El Profesor, enfrentan cargos graves: asociación ilícita, falsificación de instrumento público y obstrucción a la justicia. La acusación principal señala que crearon pruebas falsas, como mensajes de WhatsApp inexistentes, mediante el uso del software “Antorcha”, desarrollado supuestamente por Smith. Sin embargo, este software no tenía ninguna base técnica seria y fue una construcción ficticia respaldada por el alto mando policial.
Uno de los testimonios clave del juicio ha sido el del general (r) Gonzalo Blu Rodríguez, quien encabezaba la Dirección de Inteligencia de Carabineros al momento de los hechos. Blu acusó directamente al entonces general director Bruno Villalobos de estar al tanto de todo el operativo, de haber autorizado el uso de gastos reservados para financiar a la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE), y de mantener relaciones personales con fiscales en Temuco que facilitaron el montaje.
Blu aseguró que fue Villalobos quien le dio instrucciones específicas y le encomendó actuar como enlace con el gobierno a través del entonces subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien incluso debió declarar ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputados por su papel en el caso.
Según el general en retiro, entre septiembre y octubre de 2016, Villalobos le indicó que había sostenido reuniones con el fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, quien le solicitó el traslado del oficial Patricio Marín a la unidad de inteligencia en la zona. Este traslado, clave para la ejecución del montaje, se concretó junto a otros funcionarios a fines de ese año.
Blu también indicó que Villalobos era cercano a varios fiscales en Temuco, y que estos vínculos permitieron el traslado irregular de evidencias desde Labocar de Temuco al cuartel de la UIOE, sin cumplir con los protocolos legales. Los persecutores Enrique Vásquez y Carlos Cornejo habrían autorizado esta maniobra, lo que introduce una grave sospecha de encubrimiento institucional desde el Ministerio Público.
En cuanto a la incorporación de Smith al equipo, Blu sostuvo que fue el propio Patricio Marín quien le escribió por WhatsApp recomendando su contratación y destacando sus supuestas habilidades para rastrear mensajes desde dispositivos específicos. Los mensajes de Marín eran enfáticos: había que “apurar” la contratación de Smith, la cual habría sido finalmente autorizada por el mismo Villalobos.
Este también habría facilitado fondos reservados para comprar servidores destinados a mejorar el sistema que supuestamente había creado Smith. Blu testificó: “Yo le entrego dinero al mayor Marín por gasto reservado… están como medio de prueba algunos recibos de cómo se entregaban los dineros, que a mí me entregaba el general director”.
Aún más alarmante es la declaración de Blu sobre que Villalobos solicitó informes de inteligencia sobre una hija de la expresidenta Bachelet, lo que revela prácticas de espionaje político interno incompatibles con un Estado de Derecho. Blu afirmó que dichos informes eran entregados directamente al entonces jefe máximo de Carabineros.
La gravedad de este montaje no reside solo en la falsificación de pruebas, sino en su carácter sistemático, planificado y avalado institucionalmente. La Fiscalía intentará demostrar que carabineros como Patricio Marín, Leonardo Osses (miembro de la UIOE) y otros, no solo ejecutaron una operación fraudulenta, sino que lo hicieron con una finalidad claramente política, racial y represiva contra el pueblo mapuche. Bruno Villalobos no está imputado en esta causa.
La Operación Huracán fue presentada con orgullo por Carabineros en 2017, con evidencia basada en supuestos mensajes de WhatsApp que luego se comprobaron como completamente falsos. Esta evidencia fue “inoculada” en los dispositivos a través de procesos iniciados en Labocar y continuados por la UIOE, en un clima institucional de total permisividad.
Como señaló Blu con amarga ironía: “parece que en Temuco había cosas que se podían hacer”, aludiendo a la existencia de una cultura paralela a la legalidad, donde la ley se subordinaba a la lógica del montaje y el control autoritario.
El juicio por la Operación Huracán no es solo un proceso penal, sino también una ventana que nos permite observar cómo la policía puede transformarse en una amenaza para la democracia cuando actúa sin control, en la sombra y con respaldo institucional.
