La amenaza judicial de la industria pesquera contra fraccionamiento alega violación de supuestos "derechos adquiridos" sobre mar chileno
Una medida de última ratio. Así se podría considerar la acción judicial anunciada por las grandes empresas pesqueras contra el proyecto de Ley de Fraccionamiento Pesquero, que busca redistribuir cuotas y corregir los privilegios otorgados por la cuestionada Ley Longueira. Esta nueva normativa, que se encuentra en sus etapas finales de tramitación en el Congreso, ha desencadenado una fuerte resistencia por parte de la industria.
Camanchaca prepara acciones legales
La asamblea de inversionistas celebrada por Camanchaca a finales de abril fue el escenario escogido por Ricardo García, director ejecutivo de la compañía, para comunicar formalmente su estrategia defensiva. El directivo manifestó su intención de emprender acciones judiciales contra instituciones estatales en caso de aprobarse el proyecto en su forma actual.
"De aprobarse la ley en los términos conocidos, demandaremos al Estado porque tenemos el deber fiduciario de defender los derechos de quienes han confiado en Camanchaca y en la certeza jurídica que debe regir toda actividad empresarial", expresó el alto ejecutivo.
Según lo publicado por Emol, la corporación ha encomendado al jurista Jorge Bofill la organización de un equipo legal multidisciplinario. En sus argumentos, la firma sostiene posibles perjuicios hacia participantes accionariales, mencionando específicamente a las administradoras de fondos previsionales Habitat y Cuprum.
La estrategia del impacto laboral
Por su parte, el consorcio Blumar, bajo control de las familias Sarquis y Vinagre, ha optado por un enfoque centrado en las consecuencias laborales. En comunicaciones difundidas por MundoAcuícola durante marzo, la organización proyectó afectaciones a miles de puestos de trabajo en la región del Biobío y cientos de empresas colaboradoras.
El máximo responsable ejecutivo de la compañía, Gerardo Balbontín, caracterizó la propuesta legislativa como basada en consideraciones ideológicas e informó la suspensión de inversiones programadas en instalaciones ubicadas en Coronel, según datos recogidos por El Mercurio.
La realidad del sector artesanal
En contraste con las estrategias corporativas, los trabajadores independientes del mar enfrentan situaciones de vulnerabilidad extrema. Recientemente, un trágico incidente marítimo entre una embarcación industrial de la flota Blumar y una nave artesanal resultó en la desaparición de varios pescadores artesanales.
"Estos accidentes son recurrentes porque la ley lo permite. Las grandes embarcaciones navegan entre medio de nuestras lanchas", manifestó Hugo Poblete, vocero de una asociación gremial artesanal, en declaraciones recogidas por medios alternativos. Este incidente ejemplifica las tensiones estructurales entre modelos productivos contrapuestos.
Reacciones parlamentarias a las presiones
El presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara, el diputado Jorge Brito (FA), ha respondido con firmeza ante estas presiones industriales. El legislador manifestó que "Camanchaca, una de las siete familias de la pesca industrial, ha recurrido a un séquito de abogados a sueldo amenazando a los legisladores con llevarnos a tribunales una vez que la ley salga del Congreso".
Brito además enfatizó que "lo que sí afecta a nuestro Estado de Derecho es que tengamos una ley vigente hecha con corrupción, que las pesqueras se acostumbraron a tener leyes a la medida y que ahora, cuando estamos resguardando el interés de Chile y reivindicando a la pesca artesanal, no nos van a amedrentar con sus amenazas".
El senador Daniel Núñez respondió a estas estrategias afirmando: "Camanchaca quiere demandar al Estado para defender privilegios nacidos de la corrupción. No hay expropiación: las cuotas pesqueras son autorizaciones revocables sobre un bien público, no propiedades eternas".
Con similar contundencia, el senador Fidel Espinoza manifestó: "Este nivel de matonaje es inaceptable. En ley fraccionamiento escuchamos a todos, incluidos ustedes. Hemos avanzado en armonía con la pesca artesanal. Contraten los abogados que quieran, no podrán cometer los abusos del 2013".
Influencia histórica de industria en debate
La iniciativa de fraccionamiento intenta corregir las consecuencias de la normativa aprobada durante 2012, cuyo proceso legislativo estuvo marcado por acusaciones de prácticas corruptivas y favorecimiento a grupos económicos específicos (Angelini, Sarquis, Fernández y otros conglomerados). El texto propuesto prioriza la asignación de derechos extractivos a comunidades costeras históricamente marginadas.
Aunque, el uso selectivo de argumentos constitucionales por parte de la industria pesquera tiene una larga historia. Durante el gobierno de Aylwin se presentó un proyecto que modificaba la asignación de cuotas de una forma que no satisfacía a la industria, ante lo cual un grupo de senadores de derecha recurrió al Tribunal Constitucional. El resultado fue que el TC determinó que la disposición requería quórum calificado, condición con la que el gobierno no contaba, lo que terminó forzando la mantención del statu quo.
Un estudio de Matías Guiloff, abogado, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Diego Portales (UDP), publicado en 2013 en el Anuario de Derecho Público UDP, desentrañó los mecanismos económicos de la Ley Longueira, revelando lo que el académico caracterizó como un "regalo" legislativo a las empresas pesqueras. La investigación demostró que la ley permitía la asignación de cuotas pesqueras sin una contraprestación significativa para el Estado.
El análisis cuantitativo fue particularmente revelador: existía una brecha de US$70 millones entre los pagos de la industria y los costos reales de mantenimiento del sistema pesquero. Guiloff argumentó que el denominado "impuesto específico" funcionaba más como un mecanismo para cubrir gastos operativos básicos, distante de representar una compensación real por la explotación del recurso marino.
El proyecto, considerado el "corazón" de la nueva ley de Pesca, está ad portas de convertirse en ley. El martes pasado la Cámara de Diputados aprobó la gran mayoría de los cambios introducidos por el Senado y el fraccionamiento de la merluza será resuelto en una comisión mixta.
