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Las contradicciones constitucionales de la industria pesquera cuando fraccionamiento les fue favorable
Fotografía: Agencia Uno

Las contradicciones constitucionales de la industria pesquera cuando fraccionamiento les fue favorable

Por: Matias Rojas | 19.01.2025
Mientras el sector industrial amenaza con judicializar el proyecto por inconstitucional, expertos recuerdan que normativas previas que beneficiaron a la industria nunca fueron cuestionadas. "Cuando el fraccionamiento favorece a industriales no son cuestionadas en la constitucionalidad", señaló el Subsecretario de Pesca.

La amenaza de judicialización por parte de la industria pesquera al proyecto de fraccionamiento ha quedado nuevamente en evidencia. En la última sesión de la Comisión de Pesca del Senado, Claudio Salazar, gerente general de Alimentos Marinos, advirtió sobre posibles acciones legales: "Estamos frente a un cambio de las reglas establecidas legalmente por 20 años, que tiene un periodo de vigencia hasta el 2032 (...) Uno no puede descartar la posibilidad de que se generen acciones judiciales".

Un argumento que fue rápidamente refutado por el Subsecretario de Pesca, Julio Salas, quien expuso la contradicción del sector industrial. "Una observación específica es que cuando él plantea el tema de la inconstitucionalidad, hay que recordar que el origen del primer fraccionamiento que se produce, se produce con motivo de una moción parlamentaria", señaló.

La autoridad profundizó en esta inconsistencia: "Se provoca la paradoja que cuando se resuelve el fraccionamiento y éste establece normas que favorecen al sector industrial, no son cuestionadas en la constitucionalidad, pero cuando se establecen estas mismas normas respecto de esta misma materia que favorecen el fraccionamiento del sector artesanal, sí emerge esta inquietud".

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Derechos adquiridos en una "ley corrupta"

Esta postura fue respaldada por el senador Daniel Núñez (PC), quien citó a la ex ministra del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, sobre el principio jurídico de que "nadie puede beneficiarse de su propio dolor". "Si hubiera una nueva ley de fraccionamiento y esa norma afectara a la empresa Corpesca, lo que aquí nos están diciendo es que esa empresa podría pedir indemnización al Estado, siendo que está condenada por un fallo de justicia en Chile", explicó el parlamentario.

Para el vocero de Alianza por la Pesca Artesanal, Hernán Cortés, esta situación evidencia la contradicción de la industria: "Cuando alguien se para para defender derechos que adquiriste a través de una ley corrupta, no tiene mucho sentido. Es como si aquellos que me entraron a robar a la casa, yo tenga que ir a indemnizarlos por haberme robado el televisor".

El proyecto de fraccionamiento busca modificar sustancialmente la distribución actual de cuotas pesqueras. En el caso del jurel, que hoy está repartido en un 90% para la industria y 10% para artesanales, se propone que entre Atacama y Los Ríos la cuota industrial pase a ser de un 65% a 75%, mientras los artesanales obtendrían entre un 35% y 25%.

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"Tratamiento asimétrico" en análisis constitucional

El Subsecretario Salas recordó además que existen dos normas previas que abordaron esta materia -las leyes 19.624 y 19.849- "que no fueron objeto de reclamo de constitucionalidad", evidenciando lo que calificó como un "tratamiento asimétrico" en el análisis constitucional por parte de la industria.

En una sesión anterior de la comisión, el asesor legislativo de la subsecretaría de Pesca, Vicente Andrade, aportó elementos cruciales al debate sobre la constitucionalidad del proyecto de fraccionamiento. Su análisis jurídico estableció una distinción fundamental entre los títulos habilitantes para ejercer la actividad pesquera y las normas que regulan su ejercicio.

Luego, Andrade argumentó que las licencias transables de pesca son autorizaciones administrativas, no concesiones que generen derechos de propiedad absolutos, lo que permite al legislador modificar su regulación. Para respaldar su posición, citó un fallo del Tribunal Constitucional de 2020 que establece que no existe derecho de propiedad sobre normas y que el legislador puede modificarlas para responder a nuevas realidades sociales y económicas.

Influencia histórica de industria en debate

El uso selectivo de argumentos constitucionales por parte de la industria pesquera tiene una larga historia. Durante el gobierno de Aylwin presentó un proyecto que modificaba la asignación de cuotas de una forma que no satisfacía a la industria, un grupo de senadores de derecha recurrió al Tribunal Constitucional. El resultado fue que el TC determinó que la disposición requería quórum calificado, quórum con el que el gobierno no contaba, lo que terminó forzando la mantención del statu quo.

Un estudio de Matías Guiloff, abogado, doctor en Derecho por la University of Arizona y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Diego Portales (UDP), publicado en 2013 en el Anuario de Derecho Público UDP, desentrañó los mecanismos económicos de la Ley Longueira, revelando lo que el académico caracterizó como un "regalo" legislativo a las empresas pesqueras. La investigación demostró que la ley permitía la asignación de cuotas pesqueras sin una contraprestación significativa para el Estado.

El análisis cuantitativo fue particularmente revelador: existía una brecha de US$70 millones entre los pagos de la industria y los costos reales de mantenimiento del sistema pesquero. Guiloff argumentó que el denominado "impuesto específico" funcionaba más como un mecanismo para cubrir gastos operativos básicos, distante de representar una compensación real por la explotación del recurso marino.

Esta influencia de la industria continúa hasta hoy. Como reveló CIPER, tres diputados presentaron más de 200 indicaciones al actual proyecto de reforma, siendo el 76% de estas idénticas a las propuestas por la Sociedad Nacional de Pesca. "Estas formas de ejercer influencia son preocupantes no sólo por su existencia, sino, sobre todo, por cómo las hemos naturalizado", advierte Guiloff, señalando que esto "no solo erosiona la legitimidad de la Ley de Pesca, sino la del proceso legislativo en general".

La votación en general del proyecto está programada para el próximo martes en la Comisión de Pesca del Senado, donde la industria insiste en la necesidad de un "análisis consistente previo a su aprobación", mientras el sector artesanal denuncia que esta es una nueva estrategia dilatoria para mantener los privilegios heredados de la Ley Longueira.