
El deterioro de la respuesta al VIH: Datos para guiar la toma de decisión
Esta semana, ACCIONGAY y otras organizaciones históricas en la lucha del VIH, han comentado acerca del deterioro de la respuesta al VIH en los últimos años. Como JEVIH, queremos respaldar estos acertados dichos con datos acorde a los compromisos que ha asumido el Estado de Chile a través del Ministerio de Salud desde el año 2018, donde se genera una nueva planificación nacional para el VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
El plan incluye como principal cambio la adopción de la estrategia de “prevención combinada” señalada por ONUSIDA desde 2015. En ella, se mencionan nuevos ejes para la prevención primaria (evitar nuevas transmisiones) a través de mayor promoción de preservativos externos, junto con incluir al condón interno (o “femenino”).
En esa línea, se suma la estrategia PrEP con 5.000 cupos y, flexibilidades para la detección del VIH con la eliminación de la orden médica para el test, la entrega de test visual rápido en Atención Primaria de Salud (APS) y la posibilidad de generar operativos extramuros en asociación con la sociedad civil vía licitaciones o trato directo.
A la fecha, es posible observar un deterioro en la respuesta al VIH debido a la eliminación de al menos 200 centros de APS en la región metropolitana, específicamente en postas rurales, donde se realizaba el test visual rápido. Esta información fue proporcionada por el MINSAL.
Dicha reducción de centros -evidenciada en un mapa comparativo- muestra que los lugares de testeo han desaparecido principalmente en zonas de difícil acceso: de los 394 centros disponibles en 2019, solo 175 seguían operativos en 2024 según datos del Ministerio. Sin embargo, incluso en estos lugares, las personas se enfrentan a respuestas como "no tenemos" o "aquí ya no se hacen".
A esto se suma la inconsistencia en la información proporcionada por FONOSIDA, servicio al que se deriva a los usuarios para confirmar disponibilidad. Esta situación no solo refleja la falta de coordinación entre la APS, el Programa de VIH y FONOSIDA, sino que obliga a las organizaciones a verificar físicamente la disponibilidad de tests para orientar correctamente a los usuarios.
Mapa 2019
Mapa 2024
Fuente:
Elaboración de Catalina Contreras (Geo UC) en base a información sistematizada por Guillermo Sagredo (JEVIH) del Minsal y de Salud Responde.
Respecto a la PrEP, ya en 2022 la H. diputada Emilia Schneider presentó el oficio N°3928 (18.05.2022) para solicitar al Ministerio diferentes informaciones respecto a varias materias de VIH. En la respuesta, el Ordinario n°2818 de 20.07.2023, se indica que, de los 5.000 cupos comprometidos, sólo 1.424 se habían enrolado, y sólo 843 seguían en PrEP.
Lo más crítico fue la eliminación de 28.921 frascos de medicamentos -de un total de 58.900 adquiridos- debido a su no distribución y posterior vencimiento. Solo 8.379 frascos lograron ser entregados efectivamente dentro del programa PrEP. Pese a que se inició un sumario para investigar estas irregularidades, hasta la fecha se desconocen sus resultados o responsabilidades (Fuente, Cámara de Diputadas y Diputados de Chile).
Las últimas reuniones de la mesa de diálogo Estado-sociedad civil (respuesta integrada regional) confirmaron: recortes en distribución de preservativos (incluyendo la no disponibilidad de preservativos internos), reducción de fondos para licitaciones de tests rápidos y una respuesta fragmentada que contradice los compromisos públicos.
Desde 2020, Chile registra aproximadamente 4.300 nuevos casos anuales, lo que desmiente cualquier justificación de recortes basada en el éxito de las estrategias. La aparente reducción de diagnósticos (4327 en 2024, según lo informado por el Instituto de Salud Pública) responde, más bien, a una disminución en la realización de tests, dejando sin cobertura a personas que deberían conocer su estado serológico.
Este escenario exige una respuesta urgente y coordinada. Como sociedad civil, estamos comprometidos con trabajar articuladamente con el Gobierno y el Ministerio, pero también tenemos la obligación de alertar cuando los planes y compromisos no se cumplen. Este deterioro en la respuesta no es un llamado al pánico.
El gobierno actual y el próximo que asuma por 4 años, tienen el desafío crítico de implementar estrategias verificables con asignación clara de recursos. Particular atención merece el creciente impacto en adultos mayores de 60 años, grupo que requiere intervenciones específicas e inmediatas.
La acumulación de problemas no es casual sino consecuencia de decisiones políticas negligentes, y solo mediante transparencia y voluntad real podremos evitar que la epidemia continúe su avance silencioso en nuestro país.