Preguntas y aprendizajes respecto de una compra fallida
La resolución adoptada por el Tribunal Constitucional respecto a la destitución de la senadora Isabel Allende permite hacerse un conjunto de preguntas que quedan flotando en el imaginario colectivo:
Es innegable que tanto la senadora Isabel Allende y la ex ministra de defensa Maya Fernández actuaron de buena fe, y que habría que tener muy mala leche (aunque algunos lo hacen) para afirmar que su objetivo era obtener algún beneficio pecuniario.
Primera pregunta: ¿Es necesario transformar la casa de la familia Allende en un memorial de uso público?
Esta fue la residencia de quien fue el legítimo presidente de nuestro país, derrocado por un golpe militar digitado por el gobierno norteamericano (lo cual es reconocido en sus propios documentos desclasificados recientemente), y ejecutado por nuestras instituciones armadas, violando así su juramento de respeto a la Constitución vigente.
Lo contrasto con lo siguiente: todos los chilenos nos hemos enterado de algunos de los robos, crímenes y otras tropelías cometidas durante el período dictatorial (aunque no de todos, debido a la negativa a colaborar en su esclarecimiento y por el sistemático ocultamiento de información por parte de "dignos" personajes militares).
Sin embargo, pese a la mentira y al engaño, su abyecta podredumbre moral se ha ido colando por hendiduras y rendijas, y ya nadie puede negar que el dictador y violador de los derechos humanos fue, además de instigador y responsable de los asesinatos de sus ex compañeros de armas, un ladrón que se enriqueció, robando del erario público. ¿Cómo es posible, entonces, que haya así quienes quieran nominar una calle con su nombre, cuando es moralmente un innombrable?
Segunda pregunta: Lo sucedido responde a una situación que fue producida por ignorancia, impericia, desidia o estupidez?
Chile es un país que ha sido caracterizado por observadores externos por su exceso de legalismo, donde todo puede ser judicializado y donde abundan los abogados. Sin embargo, este acto administrativo que fue producto de una decisión política de la principal autoridad del país, y del cual participaron varios organismos del Estado, fue visto en su tramitación por muchos funcionarios que eran responsables de analizar su viabilidad jurídica, pero nadie dio cuenta de su inconstitucionalidad, ello al estar involucradas en dicha venta una ministra y una senadora.
Asimismo, se supone que todos los chilenos debemos conocer las leyes que nos rigen. Nadie puede alegar en su defensa la ignorancia de la ley. Con mayor razón es esperable un mayor y mejor conocimiento de la Constitución y de las leyes, en quienes legislan y quienes las ejecutan, siendo en este caso, una senadora y una ministra las involucradas.
Tercera pregunta: ¿Somos todos y todas iguales ante la ley?
La decisión del Tribunal Constitucional demuestra que nadie puede incumplir lo que la Constitución establece. Aunque esta perjudica, en lo inmediato, a una destacada y honorable senadora, con una trayectoria política intachable y quien en un gesto que la honra, ha aceptado, de inmediato la decisión que la afecta.
Cuarta pregunta: ¿Las instituciones funcionan o no?
Este fallo es algo que, en el mediano y largo plazo, contribuirá a recuperar la confianza en las instituciones, revirtiendo así la tendencia actual hacia su descrédito. Es necesario tener presente que lo que provee de la mayor seguridad en contextos de creciente inseguridad, como los que vivimos, es que en nuestra sociedad sus instituciones cumplan las funciones para las cuales han sido creadas. Aunque a veces, como en este caso, a muchos nos duela.
Creo muy importante de relevar lo ocurrido, ya que estamos viendo que en países cercanos y en otros vistos como "modelos democráticos" a seguir, han llegado al poder personajes que incumplen la palabra y los acuerdos previamente firmados. Y también en Chile, pululan hoy quienes los aplauden y buscan emularlos.
