Los contratos "exprés" de operación de litio: Falta de información e impactos ambientales en salares

El proceso de asignación de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), unos de los pilares de la Estrategia Nacional de Litio (ENL), ha avanzado a un ritmo vertiginoso, pero con una preocupante falta de transparencia y participación de sociedad civil y comunidades afectadas.

Las decisiones clave se han tomado sin información pública clara, privilegiando a ciertos actores y excluyendo la posibilidad de un debate informado sobre el futuro de la participación de privados en la explotación de litio en Chile.

Cabe recordar que este mecanismo (CEOL), amparado en la Constitución, le permite al Estado adjudicar contratos a empresas y consorcios privados para la exploración y explotación del litio, un recurso que, al ser una sustancia mineral no concesible, no puede ser explotado mediante concesiones mineras, como lo es el cobre.

El procedimiento de asignación de CEOL se inició en abril de 2024 con el proceso de manifestaciones de interés (RFI por sus siglas en inglés), donde el Ministerio de Minería recogió 88 informes de empresas y consorcios privados que expresaron su disposición a explorar o explotar litio en ecosistemas salinos del norte del país.

Sin embargo, hasta hoy no se ha publicado el listado de empresas interesadas ni la información geológica entregada por las mismas, tampoco los salares específicos donde se planteó el interés.

Lo que resulta aún más grave es que, a partir de esta información no divulgada, el Consejo Estratégico del Comité de Litio y Salares determinó los doce salares y yacimientos prioritarios para asignar CEOL a privados. En otras palabras, se tomaron decisiones estratégicas sobre la posible explotación de un recurso que nos pertenece a todos a espaldas de la ciudadanía.

Pero el nivel de opacidad va in crescendo. Para acelerar la asignación de contratos, el Consejo Estratégico implementó un procedimiento simplificado, que, en la práctica, evita la licitación pública.

El “fast track”, como lo denominó el vicepresidente ejecutivo de Corfo, consiste en una serie de requisitos impuestos a las empresas interesadas para agilizar el proceso de asignación, las cuales para poder participar deben contar con experiencia en minería y/o en cualquier etapa de la cadena de valor de la industria del litio; capacidad financiera para desarrollar el proyecto y un porcentaje de concesiones mineras equivalente o superior al 80% del polígono en cualquiera de los sistemas salinos priorizado.

En el desarrollo de este procedimiento, la única información accesible ha estado en la prensa. Los medios de comunicación han informado sobre las empresas involucradas -que en la práctica son los principales propietarios de las concesiones mineras-, los salares en los que se está avanzando, y la forma en que están participando las comunidades indígenas.

Merece la pena destacar esto último, dado que la empresa canadiense Wealth Minerals, se asoció con la comunidad Quechua de Ollague, la cual tiene un 5% de participación en la sociedad del proyecto que pretenden desarrollar vía CEOL, de esta forma se adelantó a los procesos de consulta indígena que se iniciaron en octubre de 2024.

Esto denota una falta al debido proceso y una debilidad institucional para conducirlo, ya que el rol del Estado y por ende el de las instituciones públicas, debería ser acompañar estos procesos y no dejar que ocurran negociaciones entre actores con poder, como es el caso de comunidades y empresas.

Otro aspecto fundamental y que salta a la vista, es que pareciera ser que la urgencia por adjudicar los contratos ha dejado en segundo o tercer plano las variables ambientales y ecológicas. Estos ecosistemas no son solo depósitos de litio, son ecosistemas frágiles, fuentes de agua y biodiversidad de alto endemismo en zonas de extrema aridez.

Es importante destacar que estos sistemas salinos fueron excluidos de la red de salares protegidos solo porque primaron los criterios de rentabilidad y potencial de explotación, antes de una evaluación exhaustiva de sus funciones ecológicas.

En este sentido, de los doce salares y yacimientos priorizados, existen contados estudios o líneas base públicas que analicen la ecología, la hidrogeología o la abundancia de especies tanto de fauna, flora o microorganismos que habitan en éstos, y que, por tanto, la eventual explotación se está planteando sobre espacios donde la ciencia todavía sabe muy poco.

Por ejemplo, gracias a recientes descubrimientos de científicos del Centro de Genoma del Instituto Milenio, sabemos que en el Salar de Ascotán (asignado para CEOL), declarado sitio prioritario de conservación según la Estrategia Regional de Biodiversidad de Antofagasta, viven seres vivos con características únicas y que en cortos tiempos evolutivos se han adaptado a muy altos niveles de salinidad, de radiación ultravioleta y de escasa disponibilidad de agua.

Este es el caso del Karashi (Orestias ascotanensis), una especie de pez micro endémico en peligro de extinción, o de la Rana de Phillippi (Telmatobius philippii), que se encuentra en peligro crítico de extinción. A su vez, este salar es unos los pocos sitios de nidificación del Flamenco Andino, especie en estado vulnerable que, según el último censo de Conaf realizado en 2025, ha sufrido una disminución en el número de sus poblaciones.

Por último, y no menos importante, es que todos los CEOL apuntan a generar el mismo modelo extractivo y evaporítico que ya ha causado estragos en el Salar de Atacama. Si bien se plantean supuestos métodos de menor impacto ambiental en la ENL, aún existe un alto grado de incertidumbre al respecto, como es el caso del método de extracción directa y reinyección de salmuera que, a la fecha, no presenta evidencia científica y comercial que lo respalde.

Con este escenario, resulta inevitable cuestionar la supuesta Estrategia Nacional del Litio descrita como “balanceada y sostenible”, especialmente en el marco de la adjudicación de los CEOL. La falta de información pública, la poca transparencia en toma de decisiones clave, la ausencia de estudios ecológicos e hidrogeológicos, y, en definitiva, la primacía del criterio económico por sobre consideraciones ambientales, nos están llevando repetir los mismos errores del clásico extractivismo: los costos siempre recaerán en los ecosistemas y comunidades locales.

Por estos motivos, es que desde Fundación Terram consideramos urgente y necesario mejorar los niveles de transparencia en las fases pendientes de la ENL. En este contexto, la discusión e implementación del Estándar de Transparencia en Industrias Extractivas (EITI), podría tener un rol crucial, empujando una agenda de probidad y transparencia ambiciosa.

Por otra parte, estimamos imprescindible desarrollar, en palabras de la académica Ingrid Garcés, una verdadera “ciencia de salares”, que vaya más allá de la innovación tecnológica para la industria, y que se preocupe de investigar desde un punto de vista hidrogeológico y socioecológico estos ecosistemas y su importancia para las comunidades indígenas, solo por mencionar algunas variables. Todo esto, se debería realizar de forma previa a la instalación y ejecución de proyectos y, sobre todo, antes de cualquier acuerdo contractual con actores privados.