"Hay redes de explotación sexual vinculadas a hogares de protección": Diputada Gazmuri por crisis de Mejor Niñez

Ana María Gazmuri (Acción Humanista) pasó de la TV al activismo y desde ahí a la legislatura defendiendo los derechos humanos. Con más fuerza como presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde logró avances legislativos para garantizar el acceso a la canabbis medicinal, pero también, como defensora de los derechos de la niñez más vulnerable en Chile.

Una a la que ve un escenario amargo y doloroso.

Muertes por armas de fuego

- 121% de aumento en muertes de niños, niñas y adolescentes en Chile con arma de fuego; Este viernes un chico que estaba en un centro muere al salir a dilinquir. ¿Drama, tragedia o ineficiencia?

-Hay que mirar esto multidimensionalmente, porque no es producto de un solo factor. Es un hecho que nos conmueve y que nos vuelve a relevar que tenemos un tema pendiente como sociedad que es estructural. Si no somos capaces de mejorar las condiciones, de asegurar una vida digna y segura para nuestros niños, niñas y adolescentes (NNA), la verdad es que la situación es crítica.

Esto tiene una arista que tiene que ver con estos datos impactantes sobre el aumento de niños muertos por armas de fuego, pero se cruza con una situación mucho más compleja relacionada con los derechos de las niñas y adolescentes en general, con nuestro sistema proteccional, y con la crisis que estamos viviendo como sociedad: la instalación y naturalización de la violencia en todo tipo de vínculos y ámbitos.

- Si vemos la envergadura de esta problemática, en Chile se habla de más de 120 mil NNA con dependencia de apoyo del Estado...

-Hay que distinguir. Si vamos a cifras de los que están bajo protección del Estado directamente, en residencias, son cerca de 15.000 niños. Pero este sistema proteccional también tiene espacios abiertos. Entre los años 2020 y 2023 tuvimos una disminución del 31% en el promedio de plazas disponibles para el cuidado residencial. Tenemos sobrecupos y residencias saturadas.

- ¿Por qué se llegó a este punto?

-Se llegó a este punto tras el informe SENAME, donde se hizo un reproche al Estado de Chile por la situación de violación de derechos humanos que sufrían niños, niñas y adolescentes (NNA). De ahí se inició este gran esfuerzo que terminó en lo que conocemos, que se completó en la administración anterior: el tránsito de lo que era el SENAME a este sistema de Mejor Niñez, separando a los jóvenes infractores de ley.

Ley requirió revisión

-¿Responsables?

-Aquí está la conversación más profunda, porque esto lo hemos hecho saber. Entendemos el consenso y la necesidad de avanzar, pero el reproche que yo le hago a esta administración es no haberse detenido para revisar cómo venía este proyecto, que también tenía una impronta y un sello de gestión que habría que haber reformulado en muchos sentidos antes de avanzar en la implementación.

Entendemos el objetivo de avanzar rápido, pero cuando se hace muy rápido no nos permite revisar en profundidad el modelo y cómo vamos a transitar de lo que teníamos a lo que necesitamos. Estamos viendo las consecuencias. Más allá de que el diseño y la intención sean correctos, lo que está ocurriendo muestra que estamos peor. Los propios funcionarios de los gremios de Mejor Niñez llegan a decir que están peor que cuando era el SENAME. Incluso comentan que nunca vieron niños durmiendo en las condiciones que los ven ahora.

- ... Punto que se llega por el cambio que se hizo en el gobierno de Piñera y que lo aprobó el Congreso.

-Por supuesto, si eso no estoy poniéndolo en cuestión. Estoy hablando de cuando se hace la implementación. Probablemente habría que haber atendido varias situaciones y detalles, como demorarse un poco más para no encontrarnos en la práctica con todos estos problemas. A pesar del esfuerzo, a pesar de que la inversión nunca es suficiente, a pesar de que se están construyendo nuevas residencias a cargo del Estado, hoy día no podemos contener esta crisis.

Modelo de negocios no da

- Entonces, es un problema de gestión, no de legalidad ni del modelo

-Exacto, no de idea, sino de implementación, entendiendo que venía con un cierto sello. También hay que entender que el modelo que hemos tenido hace que hoy la inmensa mayoría de los recintos y recursos estén derivados a privados. También hay algo del modelo que habría que haber revisado.

Por ejemplo, cuando hoy tenemos un menor con patología de salud mental que necesita ser acogido en una residencia donde pueda ser posible de abordar, pero no hay capacidad estatal, se termina comprando dicho servicio a una clínica privada que puede costar entre $32 y hasta $200 millones mensuales. Entonces, esos recursos se están yendo ahí, en vez de haber fortalecido un modelo público.

- ¿El tema del modelo de negocio influye? Referido a que nadie postula a mantener casas de acogidas.

-... no quieran pagar. Los montos son insuficientes para generar un margen de negocio y para implementar correctamente. ¿Qué nos ha pasado? Que para licitaciones se han presentado muy pocos oferentes. No hay capacidad de tercerizar porque no hay oferta suficiente en el mundo privado justamente por los escasos presupuestos y porque debe tener un margen al ser una gestión privada.

Por una parte, hay que incrementar los aportes económicos para que esto pueda desarrollarse como corresponde. Las residencias que ganen las licitaciones y sean colaboradoras del Estado tienen que tener un mejor presupuesto. Pero por otro lado, nos falta institucionalidad para acoger casos más críticos de salud mental que no signifiquen un gasto público inmenso. Si esos recursos se destinaran a generar instalaciones públicas, podríamos abordar el problema sin ese gasto que queda finalmente desatendido.

Recuerdo reportajes donde, a pesar de estos montos que se pagaban por atender la salud mental de un niño bajo protección del Estado, ni siquiera recibían el tratamiento y acompañamiento necesarios.

Soluciones y fallas

- ¿Qué proponen los trabajadores del servicio?

-Conversando con los funcionarios que apoyaron esa transformación, pero que hoy se ven en crisis, nos plantean la necesidad de modificar la ley de subvenciones para responder mejor a las necesidades del sistema y mejorar la coordinación institucional. El intersector no funciona como es debido.

Puedo nombrar casos particulares: niños que tribunales determinan que deben ir a un hogar donde reciban cierta cobertura a sus necesidades y terminan hospitalizados por meses, incluso años, a pesar de las órdenes judiciales, porque no hay oferta para recibirlos. Un niño con necesidades especiales o con patología de salud mental no necesita estar hospitalizado amarrado a una cama, sino en un hogar que lo acoja.

- ¿Se refiere al acceso a hospitales con siquiatría?

-No necesariamente psiquiátrico. Conocimos casos en hospitales públicos. Por ejemplo, intervinimos en el caso de un menor en el Félix Bulnes que estuvo varios meses cuando hacía rato que el tribunal había decretado urgente buscarle un hogar. Conocimos otro caso en Punta Arenas similar. No corresponde que un niño esté en un hospital público que no está pensado para eso, cuando lo que necesita es un hogar apropiado para sus necesidades.

En el caso que investigamos intervino también el Instituto Nacional de Derechos Humanos y descubrimos que había dos niños más en la misma condición, en el mismo hospital, esperando derivación a pesar de que el Tribunal de Familia lo había ordenado.

- ¿Esto no se hace porque no pueden? ¿O mala gestión?

-Porque no hay hogares. Entonces tenemos este problema: tribunales lo ordena, el niño no puede ir a la calle, por lo tanto, se mantiene en el hospital, y los hospitales mismos dicen que están ocupando camas que necesitan para pacientes cuando estos niños deberían estar en residencias apropiadas.

Este es uno de los problemas importantes que tenemos, y a esto me refiero cuando hablo de que falla el intersector, falla la coordinación. Y recogiendo la sensibilidad de los funcionarios, hemos notado cierta ausencia del administrador en su rol de hacerse cargo de estas situaciones.

Se comprometieron también a avanzar hacia la implementación de un cuarto turno, porque los funcionarios que están en contacto con niños bajo protección del Estado están trabajando entre 55 y 64 horas semanales. Y por otra parte, el 97% de los trabajadores del sistema privado ganan alrededor de 400 mil pesos. ¿Realmente podemos pensar que estamos dando lo que los niños necesitan cuando los trabajadores están exigidos, trabajando mucho más de lo que corresponde y ganando un sueldo muy bajo?

- Diputada, con NNA hablamos de la contención del Estado frente a sus vulnerabilidades. En ese marco, ¿qué está pasando con la familia chilena?, que es un tema de política pública.

-La política pública también está basada en un modelo de sociedad. Estamos en un encuadre hasta constitucional que hemos tratado de transformar sin éxito, porque tenemos un modelo subsidiario. Permanentemente nos ponen en el rol de que el Estado hace solo aquello que el privado no puede, es una fragmentación del Estado.

Todos los recursos derivados a estas internaciones en clínicas psiquiátricas de niños, si se sumaran, tendríamos un edificio propio estatal para atender esas necesidades. Entonces tiene que ver con nuestro modelo neoliberal extremo, que desprovee al Estado de su rol de garante. Aunque teóricamente lo tenga, en la práctica le quita herramientas porque tenemos este marco constitucional: "El Estado hará solo aquello que no pueden hacer los privados".

Esta visión la pusimos desde el principio con las autoridades. Y mi reproche es que, si bien heredamos un proyecto aprobado en el periodo del presidente Piñera, hay aspectos que en esta administración se podrían haber intentado morigerar o equilibrar en cuanto al modelo de fondo.

- ¿Cuál sería su mensaje a los niños, niñas y adolescentes en Chile en esta circunstancia?

-Yo creo que lo primero es pedirles perdón. Hace muchos años dije que la situación de los niños y adolescentes en Chile es una herida abierta en el alma de nuestro país. Y tanto tiempo después siento que sigue siendo así.

- Desde la comisión que usted conforma en el Congreso, ¿hay alguna propuesta o solución concreta?

-Es muy complejo porque la Comisión de Familia, desde que cambió la presidencia que llevaba la diputada socialista Ana María Bravo, con quien hacíamos un buen trabajo coordinado, hemos estado perdiendo tiempo en proyectos intrascendentes. Eso ha sido doloroso, sentir que se pierde un espacio donde deberíamos estar avanzando en temas de fondo...

"Red de protección a abusadores"

...Y no quiero cerrar esta conversación sin tocar un tema de máxima gravedad que ha sido sostenido en el tiempo y que hasta hoy no se ha podido abordar: la red de explotación sexual infantil ligada a los centros de protección, a los hogares. Esto es una realidad en Chile que nadie quiere mirar, y hay una red de protección a los abusadores. Esto es extendido.

- ¿Cómo se cuentifica que tan extendido?

-Hay muchos poderes fácticos. Vemos problemas para avanzar con este tipo de causas y con Fiscalía. Por ejemplo, el caso del Maule con la Corporación Padre de la Familia, del señor Gastón Pinochet, que hemos denunciado. Hay abogados valientes que tratan de llevar esto a tribunales pero no avanza nada.

No avanzan los procesos judiciales, los fiscales no se quieren hacer parte, se hacen todo tipo de trámites dilatorios, no toman declaraciones ni hacen peritajes. Me hago responsable: nuestra experiencia es ver cómo se dificultan los procesos judiciales, hay una red de protección.

Hemos hablado largamente con abogados interesados en el tema, como Fernando Leal o Roberto Solís. Esta es una realidad que nadie quiere mirar y está ocurriendo.

- ¿Esta red opera a nivel nacional?

-Por lo que hemos entendido, sí, a nivel nacional. No quiere decir que esté en todas partes, pero hay focos en el sur y en la zona centro. Ha sido una conducta reiterada en estos espacios de cuidado de menores.

Si vamos a la pregunta más profunda del por qué, todavía estamos parados como sociedad y estructurados frente a una cultura profundamente patriarcal que naturaliza la violencia y el abuso.

En el caso Gastón Pinochet, pueden averiguar cuál era su red. Era una persona poderosa en el Maule, un empresario y abogado con todos los vínculos que eso significa. Quiero hacer un reconocimiento al ex diputado Saffirio, que también lo denunció, y yo, sin ser diputada entonces, conversé con él. Muy decepcionado me decía que había sido como un grito en el desierto, que se encontraba con portazos, que no había voluntad de enfrentarlo porque estaba implicada gente poderosa.

Podemos conversar sobre la institucionalidad, sobre las residencias, pero cuando entramos al tema de la explotación sexual de niñas y adolescentes, queda una parálisis. No logramos avanzar en visibilizar la situación que enfrentamos en Chile.