Pago de contribuciones de bienes raíces y personas mayores: Desahogo, problemática y una propuesta
La polémica sobre el valor expropiatorio de las contribuciones de bienes raíces cobradas a adultos y adultas mayores tiene un enfoque equivocado. Las discusiones actuales sobre cómo se definen los valores de las contribuciones no parecen ser objetables en cuanto a las metodologías y legalidad del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Los cambios en el valor de un bien raíz suceden debido a múltiples factores que deben ser considerados por la normativa, como la cercanía al transporte (ej. Estación de Metro), el aumento de la población en dicho territorio, la disponibilidad de multiples servicios en el sector y la demanda inmobiliaria.
Sin embargo, el problema es otro: muchas personas mayores que han trabajado toda su vida y adquirido su vivienda con esfuerzo no pueden afrontar el pago de contribuciones sin comprometer su calidad de vida. Muchos de ellos jamás se imaginaron cómo cambiaría su barrio y por sobre todo, cómo sería el incremento del valor de su casa.
En Chile, existe la posibilidad de acceder a la exención total o parcial del pago de contribuciones para personas mayores de 60 años (mujeres) y 65 años (hombres), siempre que sus ingresos no superen los UF 25 mensuales y el avalúo fiscal de su vivienda sea inferior a UF 4.876 (SII, 2023). Sin embargo, existen muchas personas mayores con viviendas de mayor avalúo, pero sin ingresos suficientes, quedan fuera de este beneficio.
Envejecer en el hogar de origen es un derecho y una necesidad con implicancias biopsicosociales fundamentales. El hogar no solo representa un espacio físico, sino también un refugio emocional y un pilar en la construcción de identidad y bienestar, inclusive en la vejez.
Estudios nacionales e internacionales han demostrado que permanecer en un entorno familiar reduce la ansiedad, previene la depresión y fomenta la autonomía, factores clave para un envejecimiento saludable (Lee CC y colaboradores, 2023). En contraste, la pérdida del hogar puede desencadenar estrés crónico, aislamiento, deterioro cognitivo e incluso acelerar la pérdida de funcionalidad física.
La expropiación o el desarraigo forzado generan un impacto profundo en la salud mental y emocional de las personas mayores, al romper los lazos con su comunidad y con ello, hay una ruptura con su historia de vida.
La solución es clara: mientras el adulto mayor viva en su vivienda, no debería pagar contribuciones de manera inmediata, sino postergar su pago hasta que arriende, venda o deje de ser dueño de la propiedad. Si arrienda, el pago se podría realizar en cuotas mensuales; si vende, se pagaría el 100% de lo adeudado. Esto garantizaría que nadie pierda su hogar por no poder costear este impuesto, sin que el Estado deje de percibir estos recursos.
Lógicamente, se deberían fijar condiciones, como una permanencia mínima en la vivienda de al menos 10 años, para evitar abusos del beneficio. Esta medida permitiría dar tranquilidad a miles de adultos y adultas mayores, protegiendo no solo su estabilidad económica, sino también su bienestar integral y derecho a envejecer en la comunidad así como lo plantea el Proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable que aun está en una lenta tramitación.
