La jornada de este viernes, el Presidente Gabriel Boric presentó junto a ministros y subsecretarios de su gabinete los Fondos del Royalty Minero que entran en vigencia este 2025 y que serán traspasados a 308 municipios de Arica a Magallanes en beneficio de comunas que trabajen en torno a la industria de la explotación minera.

El mandatario detalló desde Catemu en la región Valparaíso que la recaudación tributaria se logró por medio de la ley aprobada en 2023 que inyecta capitales desde los ingresos provenientes de la gran minería para aumentar el presupuesto municipal, beneficio que recibirán el 89% de las municipalidades del país y que alcanzará a doce millones de personas.

En concreto, se trata de tres fondos de libre disposición para acortar brechas presupuestarias, para el financiamiento de la inversión productiva y otro especialmente destinado a localidades cuyo impacto a raíz de la extracción de minerales -específicamente cobre- haya generado repercusiones negativas para las personas y el entorno.

En entrevista con El Desconcierto, la jefa de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo dependiente del Ministerio del Interior, Francisca Perales, explicó cómo la entidad encargada de la distribución de los recursos fiscales ideó el mayor plan desde el retorno a la democracia para financiar directamente iniciativas públicas a nivel local.

Seguridad y recuperación de espacios públicos

- Para que la gente lo comprenda, cuéntenos en qué consisten y de dónde vienen estos fondos del Royalty 2025.

Primero, es importante mencionar que el año 2025 entra en vigencia la Ley del Royalty Minero. Lo que se estableció para el año 2024 fue un fondo transitorio para hacer un puente entre la aprobación de la ley, que fue aproximadamente en agosto del 2023, y la entrada en vigencia en enero de este año.

La Ley del Royalty Minero recauda tributos de la minería para después distribuirlos en distintas iniciativas que se pueden desarrollar en el país. Lo que anunciamos hoy son los recursos para dos fondos con fines municipales: el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras, que son de libre disposición y se entregan directamente a los municipios para que los utilicen en su sistema de financiamiento.

Estos dos fondos se suman al Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, que ya está distribuido por ley de presupuesto. Si sumamos los tres fondos, estamos hablando de aproximadamente 450 millones de dólares anuales que se distribuyen tanto en regiones como comunas.

Esta es una noticia importante porque el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras representan el incremento en el sistema de financiamiento municipal más grande de la última década. Por tanto, la entrada en vigencia de estos recursos impactará muy positivamente en los presupuestos de numerosas comunas que en general tienen escasos recursos.

- ¿Podría explicar cuál es la diferencia entre el Fondo de Equidad Territorial, el Fondo de Comunas Mineras y el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo?

El Fondo de Equidad Territorial está destinado a acortar brechas en la totalidad de las regiones del país. Se distribuye a 301 comunas, de un total de 345 que existen en Chile. Particularmente son comunas que tienen menores ingresos, que dependen en más de un 50% del Fondo Común Municipal, que es el fondo distributivo que se entrega por la partida del Tesoro Público todos los años.

Son comunas con bajos niveles de recaudación y baja capacidad de generar ingresos propios. Este fondo reparte 165.905 millones de pesos y se distribuye desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y la Antártica Chilena.

El Fondo de Comunas Mineras está destinado particularmente a compensar las externalidades negativas que tiene la actividad minera en los lugares donde se produce, especialmente la extracción de cobre. Este fondo está destinado solo a 44 comunas entre las regiones de Tarapacá y Valparaíso, es decir, incluye Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso, distribuyendo 52.720 millones de pesos este año.

Es importante destacar que las comunas de regiones mineras pueden recibir ambos fondos: tanto el Fondo de Comunas Mineras como el de Equidad Territorial.

Un punto importante es que ambos fondos son recursos de libre disposición para los municipios. Cada comuna determinará en qué utilizarlos. Los alcaldes o alcaldesas deben poner en tabla del Concejo Municipal la discusión y tomar acuerdo para distribuir estos recursos, con su propia autonomía.

Por último, el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo es aproximadamente de 225 millones de dólares, entregados por ley de presupuesto a los gobiernos regionales. Está destinado principalmente para inversión productiva, pero también para innovación y desarrollo de la matriz productiva de cada región.

Los gobernadores, en concordancia con su consejo regional, pueden distribuirlo en las iniciativas que les parezcan pertinentes, pero son recursos principalmente para inversión.

Compensación por cáncer, residuos y deterioro

- ¿A qué se refiere con esas externalidades negativas en los municipios que recibirán el Fondo de Comunas Mineras?

Se refiere al impacto que tiene la actividad minera sobre las comunas. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en Calama con el Presidente, donde se mostró que es una de las comunas con mayor prevalencia de cáncer. Hay estudios que lo han asociado a la contaminación generada por la minería.

Por otra parte, hay comunas que deben gestionar los residuos que genera la minería a propósito de pasivos ambientales. O el tránsito de camiones de las empresas mineras que deteriora los pavimentos de las comunas.

Como la producción del cobre es un bien natural nacional, que tiene un impacto en la economía nacional, se entiende que las comunas donde se genera esa extracción deberían recibir algún nivel de compensación.

La manera que buscamos fue precisamente creando el Fondo de Comunas Mineras, que además fue una iniciativa que se lanzó con la Asociación Chilena de Municipalidades y también con la AMUNOChi, que es la Asociación de Municipios del Norte.

Con el involucramiento de los alcaldes también se pudo dar aprobación a esta discusión que llevaba más de doce años en el Congreso. Haber involucrado a los alcaldes y haber considerado cómo impacta la actividad minera sobre las personas y sobre los presupuestos municipales permitió darle transversalidad para la aprobación del proyecto que ahora es ley.

- ¿Cómo podrían las personas ver reflejado este beneficio en su vida cotidiana de manera concreta?

Es importante hacer la distinción: los fondos municipales que anunciamos hoy son de libre disposición, mientras que los fondos alojados en los gobiernos regionales son para proyectos de inversión.

Los municipios pueden destinar los recursos a lo que les parezca pertinente, según los acuerdos que tomen en sus concejos municipales.

Revisamos en qué se han utilizado los fondos puente transferidos el año pasado, que fueron poco más de 93.000 millones de pesos, y hemos visto que se han destinado principalmente a seguridad y recuperación de espacios públicos, salud, educación, medio ambiente (particularmente la gestión de residuos sólidos domiciliarios y reciclaje) y también inversiones.

Estos elementos responden a necesidades propias de cada comuna. Por ejemplo, en la recuperación de espacios públicos, la gran mayoría de las comunas ha estado trabajando en eso, especialmente porque en el contexto post-pandemia muchos espacios se vieron deteriorados por la falta de mantención.

Lo que nos interesa transmitir es que los recursos se están utilizando en iniciativas importantes para las comunidades. Y sobre cómo la ciudadanía puede acceder a esta información, hay dos mecanismos: primero, todos los municipios deben informar a la Subdere sobre el uso de recursos, comunicando el acuerdo del concejo municipal y posteriormente en qué se han destinado.

Es importante aclarar que solo informan, no rinden, porque al ser recursos de libre disposición, la rendición de cuentas la realizan ante el concejo municipal. Nosotros emitimos un informe que se entrega al Congreso y a la Contraloría para que estos organismos, que tienen atribuciones de control y fiscalización, puedan tomar conocimiento.

Además, la Subdere dispuso una página web para información ciudadana donde se puede consultar el uso de los recursos del Royalty, que se actualiza conforme recibimos los informes.

Contraloría y Congreso para control y fiscalización

- Sabemos que la gestión de recursos es un problema complejo en los gobiernos locales. ¿Cómo se puede garantizar la transparencia y el buen uso de estos recursos en todas las comunas beneficiadas?

Primero, es importante aclarar que la Subdere no tiene un rol de fiscalización ni control sobre los municipios. Los únicos que tienen esa atribución normativa es la Contraloría General de la República. Por eso, hemos colaborado con la Contraloría para buscar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los recursos del Royalty.

Los municipios deben informarnos periódicamente, y con esa información elaboramos un informe que ponemos a disposición de la Contraloría, el Congreso y la ciudadanía para mejorar la transparencia.

También el concejo municipal tiene un rol fiscalizador sobre el uso de los recursos. Los concejos municipales normalmente son variopintos en términos políticos y, por tanto, debe haber un acuerdo mayoritario para utilizar los recursos, y posteriormente los concejales también tienen atribuciones fiscalizadoras.

Los municipios están regidos por la Ley de Rentas Municipales y, adicionalmente, como gobierno hemos desarrollado la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que tiene un capítulo municipal.

La Secretaría General de la Presidencia ya presentó durante 2023 un proyecto de ley llamado "Integridad Municipal", que busca aumentar el estándar en materia de probidad y rendición de cuentas. Esperamos que este proyecto pueda ser aprobado durante este año.

- ¿Ha habido otras iniciativas similares en el pasado con las cuales se pueda comparar y proyectar el impacto que tendrá en la vida de las personas?

Responsablemente puedo decirle que no tengo conocimiento de iniciativas de estas características en el sistema de financiamiento municipal, al menos en el área que me corresponde. Hace muchísimo tiempo que no se mejoraban los mecanismos de distribución de recursos.

Se habían hecho algunos ajustes al Fondo Común Municipal hace algunos gobiernos, pero evidentemente los desafíos actuales, sobre todo en un contexto post-pandemia, son más apremiantes.

Esta ley es uno de los principales avances del gobierno del Presidente Boric en materia de descentralización y satisface una demanda de larga data, particularmente de las comunas mineras (...) No olvidemos que hubo toda una disputa para instalar el impuesto específico a la minería y luego aumentarlo hacia una especie de royalty con un mecanismo de distribución para esas comunas y para el país en su conjunto.

Los recursos que estamos entregando a las comunas son solo una porción de lo que recauda el Royalty, que es cercano a mil 500 millones de dólares al año, lo que permitirá distribuir en otras iniciativas. También hay comprometidos fondos de inversión que se están trabajando para anunciar próximamente.

Calama, Puente Alto, La Pintana, Maipú y Rancagua

- ¿Se ha pensado en implementar iniciativas similares con otros sectores productivos que generen amplios ingresos para el país?

Ha habido algunas discusiones preliminares, pero no me atrevería a anticipar una discusión de esas características, porque requiere precisamente transversalidad. La transversalidad de la ley del Royalty fue determinada por la gente que vive en comunas mineras, parlamentarios de varios sectores políticos, la participación de alcaldes y gobernadores, y porque el gobierno le dio prioridad importante a esta ley.

Si quisiéramos abrir una discusión similar en otra actividad productiva, es un camino que hay que recorrer con calma, construyendo acuerdos. Podría darse una discusión de esas características, pero prefiero no anticiparla, porque requiere esa transversalidad importante y hay que construir esas condiciones.

Quería mencionar que (...) dos comunas se incorporaron al Fondo de Comunas Mineras: Monte Patria en la región de Coquimbo y San Felipe en la región de Valparaíso, porque el Ministerio de Minería determinó que se había activado el pago del impuesto específico en esas comunas.

Hay cinco comunas que recibirán mayores niveles de recursos: Andacollo aumenta sus ingresos en un 43%, Catemu en un 37%, Tiltil en 28%, Tierra Amarilla en 27% y Colbún con 26%. Estamos hablando de comunas rurales donde hay actividad minera, pero también problemas de contaminación y brechas territoriales.

Finalmente, las cinco comunas que recibirán más ingresos por el Royalty son Puente Alto, Calama, Maipú, Rancagua y La Pintana, comunas de alta densidad poblacional que también enfrentan importantes brechas de desarrollo.