La reciente serie de Netflix, Toxic Town ha conmocionado a miles de espectadores al relatar el caso real de contaminación tóxica en Corby, Inglaterra. Allí, durante los años 80 y 90, el intento de remediar el problema de suelos contaminados mediante la remoción y el traslado de desechos industriales terminó afectando gravemente la salud de decenas de niños y niñas, muchos de ellos nacidos con malformaciones y trastornos del neurodesarrollo por la exposición a compuestos peligrosos. Años más tarde, la comunidad logró justicia en los tribunales.

En Viña del Mar vivimos un caso extraordinariamente similar. En el paño Las Salinas, más de un siglo de actividad petroquímica ha dejado una profunda huella tóxica en el subsuelo, el borde costero y las napas subterráneas.

A pesar de la gravedad del daño, la empresa COPEC -responsable directa de gran parte de esta contaminación- ha comenzado una remediación Ex Situ basada en Pilas Biológicas, remoción y traslado de suelos contaminados, sin garantías reales para la salud pública ni mecanismos de fiscalización y auditoría independiente a la industria responsable.

Advertimos con preocupación que se está replicando el mismo modelo fallido que en Toxic Town, con la diferencia de que esta vez el Estado chileno está permitiendo que esta operación ocurra en pleno entorno urbano, rodeado de jardines infantiles, escuelas, viviendas y servicios de salud.

Sería un verdadero milagro que las mismas operaciones que, en Europa, dañaron la salud de tantas personas, en Chile -por arte de magia-, no generaran impactos similares. Más aún, considerando el grave problema de transparencia, debilidad institucional y falta de fiscalización que afecta actualmente a las instituciones públicas en nuestro país.

El caso que visibiliza Toxic Town es un triste pero potente precedente del verdadero impacto que puede tener una mala remediación ambiental. La comunidad de Viña del Mar, organizada en torno al Movimiento Un Parque para Las Salinas, ha denunciado esta situación a las autoridades competentes en materias de medio ambiente y salud pública. Sin embargo, hasta ahora, ha reinado un silencio cómplice.

Esperamos que, al igual que en Corby, los responsables -tanto directos como indirectos- respondan algún día por exponer a una ciudad entera a un cóctel de químicos cancerígenos y neurotóxicos, daño en la salud gradual, acumulativo e irreversible, que puede heredarse a través de la epigenética por al menos tres generaciones.

Lo que enfrentamos en Las Salinas no es solo una crisis ambiental, sino una deuda histórica por daño ambiental que aún no ha sido saldada, ni el territorio debidamente saneado. Durante más de un siglo, las empresas operaron sin asumir responsabilidad por sus residuos ni por las consecuencias sanitarias que hoy persisten.

Esta deuda no se repara con marketing verde ni con proyectos inmobiliarios disfrazados de remediación, sino con verdad, justicia y reparación integral. El Estado chileno, que ha fallado en prevenir, no puede seguir fallando en proteger.

La comunidad de Viña del Mar no dejará de exigir lo que por derecho le corresponde: garantías reales, transparencia y que los responsables -corporativos e institucionales- enfrenten las consecuencias de haber expuesto a generaciones enteras a un cóctel tóxico invisible, pero devastador.

La dolorosa experiencia expuesta en la serie Toxic Town no es solo un llamado a la justicia: es un grito de alerta para que nunca más se repita. Si nuestras autoridades no son capaces de escuchar la evidencia científica ni aprender de los precedentes internacionales, la historia los juzgará con dureza. Se les recordará, pero no como autoridades, sino como cómplices de uno de los episodios más graves de daño ambiental y humano en la historia de Chile y América Latina.