La Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda emitió informe financiero, a solicitud de la Comisión de Hacienda del Senado, que desmiente los presuntos efectos fiscales negativos del nuevo proyecto de fraccionamiento pesquero. El documento, firmado por la directora Javiera Martínez, confirma que, si bien habrá una disminución inicial en la recaudación, los beneficios económicos serán significativos a mediano y largo plazo.

Según detalla el informe, el proyecto de ley que establece un nuevo sistema de distribución entre los sectores pesquero artesanal e industrial generará una reducción en la recaudación fiscal de $4.642 millones, pero únicamente durante el primer año de implementación. Esta tendencia se revertirá notablemente a partir del segundo año, cuando se proyecta un incremento de $16.244 millones, seguido de $19.022 millones en el tercer año y finalmente $22.302 millones a partir del cuarto año cuando la ley esté en pleno régimen.

El informe fue presentado el martes pasado ante la Comisión de Hacienda del Senado, donde uno de los aspectos centrales y de mayor fricción durante la discusión es justamente el mecanismo de financiamiento del proyecto. En este contexto, el jefe de estudios de la Dirección de Presupuestos, Pablo Jorquera, explicó durante la sesión el informe financiero actualizado que considera el impacto recaudatorio de traspasar cuotas desde el sector industrial al artesanal.

"El proyecto tiene un efecto de recaudación fiscal porque todo recurso que se traspasa desde el sector industrial al sector artesanal deja de recaudarse con motivo de impuesto específico", señaló el subsecretario de Pesca, Julio Salas. Sin embargo, esta situación inicial se compensa ampliamente en los años posteriores.

Licitación del jurel

Para mitigar esta potencial reducción inicial de ingresos, se estableció como herramienta la recaudación mediante licitación para las pesquerías del jurel, con una subasta del 15% anual por dos años, una reducción respecto a los tres años contemplados inicialmente. Además, Jorquera precisó que "la comparación se hace respecto de un escenario contrafactual, es decir, un escenario sin el proyecto de ley", y aclaró que eventos como el aumento de cuota definido por la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero (OROP-PS) ocurrirían independientemente de esta legislación.

Estas proyecciones fiscales se realizan en un contexto particularmente favorable para el sector pesquero nacional, considerando que recientemente OROP-PS aprobó un aumento histórico del 25% en la cuota global de jurel para Chile, elevando el Total Anual de Captura a 1.024.000 toneladas para 2025, un incremento de 204.930 toneladas respecto al año anterior.

Por otra parte, la nueva normativa beneficia considerablemente al sector artesanal en varias especies clave. Por ejemplo, la reineta a nivel nacional tendrá una distribución de 90% para pescadores artesanales y apenas 10% para industriales. De manera similar, la merluza del sur en las regiones de Aysén y Magallanes asignará 63% al sector artesanal y 37% al industrial.

En cuanto a otros recursos marinos, el jurel entre las regiones de Arica, Parinacota y Antofagasta se distribuirá 15% para artesanales y 85% para industriales. Al mismo tiempo, el jurel entre las regiones de Atacama y Los Ríos tendrá una asignación de 30% para el sector pesquero artesanal y 70% para el sector industrial.

Asimismo, el informe sustitutivo establece que para la determinación de la captura efectiva de los recursos anchoveta y sardina española entre las regiones de Arica, Parinacota y Coquimbo, solo se considerará como tal la extracción realizada directamente por el titular, sin contabilizarse aquella derivada de cesiones. "La captura requerida se entenderá por cumplida si se extrae el 98% de ella", precisa el documento.

Infracciones

El proyecto también establece medidas para garantizar el cumplimiento de la normativa. En efecto, en caso de infracciones, los actores del sector industrial no recibirán incrementos en sus cuotas de pesca de anchoveta y sardina española en las zonas correspondientes. Adicionalmente, se precisa que los coeficientes de participación de los titulares de licencias transables de pesca seguirán siendo los mismos que estén vigentes con anterioridad a la fecha de publicación de la ley.

La votación de la ley de fraccionamiento en la Comisión de Hacienda del Senado quedará para el 7 de abril, ya que la próxima semana es semana distrital, donde los parlamentarios retornan a sus respectivas regiones. Mientras, principalmente en Valparaíso, se intensifican las protestas de pescadores artesanales frente a lo que ellos consideran como una dilación del proceso.