Iwao Hakamata, quien pasó casi cinco décadas en el corredor de la muerte en Japón por un crimen que no cometió, recibirá una compensación histórica de 217 millones de yenes (alrededor de 1,45 millones de dólares).
Esta cantidad, la más alta otorgada en la historia del país por un caso penal, es el resultado de su absolución en 2024, después de haber sido condenado injustamente por un crimen que no cometió.
Hakamata, de 89 años, fue inicialmente condenado en 1968 por el asesinato de su jefe, su esposa y sus dos hijos, un crimen ocurrido en la ciudad de Shizuoka, al oeste de Tokio.
El caso giraba en torno a un incendio en la vivienda de la familia, donde se encontraron los cuerpos apuñalados de las víctimas.
Fue acusado de asesinar a la familia, incendiar la casa y robar 200.000 yenes. Aunque inicialmente negó su implicación, más tarde fue presionado para hacer una confesión, la cual se demostró fue forzada.
A pesar de las dudas sobre la veracidad de su confesión y la falta de evidencia concluyente, Hakamata fue condenado a muerte en 1968.
Durante su tiempo en prisión, sus abogados argumentaron que las pruebas presentadas en su contra no coincidían con su ADN, y que los investigadores pudieron haber plantado evidencia en su contra.
En 2014, se le concedió un nuevo juicio y fue liberado, tras 47 años en prisión, debido a las crecientes sospechas de un error judicial. Sin embargo, el proceso judicial continuó, y en septiembre de 2024, un tribunal de Shizuoka lo exoneró por completo.
El dolor físico y mental sufrido por Hakamata a lo largo de estos años fue un factor clave en la decisión del juez Kunii Koshi, quien destacó el "extremo sufrimiento" que experimentó el hombre.
El impacto de este caso no solo se limita a la injusticia sufrida por Hakamata, sino también a la reflexión sobre las fallas del sistema judicial en Japón.
Sus abogados insistieron en que la detención prolongada en condiciones de muerte injusta tuvo un impacto negativo irreversible en su salud mental.
El fallo judicial que reconoció su sufrimiento se convirtió en un llamado a la revisión de casos similares y en una lección sobre la importancia de la transparencia y la equidad en el sistema judicial.
Aunque Hakamata fue absuelto, el hecho de que la justicia tardara tanto tiempo en corregir el error no ha dejado de ser un tema de debate. Este caso resalta la necesidad urgente de reformas para evitar que otros inocentes sufran injusticias similares.
