El pasado jueves 20 de marzo se promulgó la Reforma de Pensiones. Esta modificación llegó tras 10 años de intentos fallidos -en los gobiernos de Bachelet y Piñera-, movilizaciones sociales masivas, propuestas en campañas presidenciales y una dura discusión al alero de los fallidos procesos constitucionales.

Cuando se aprobó la Reforma, José Piñera trató de adjudicarse el triunfo publicando un eufórico mensaje en X: “Larga vida al sistema de capitalización individual”. En la misma línea, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, proclamó una “derrota de la izquierda”, argumentando que la reforma no contemplaba reparto y que la cotización iría a las cuentas individuales de los trabajadores.

Sin embargo, la ultraderecha no ha parado de atacar a Chile Vamos por comprometer “el derecho de propiedad de los trabajadores”. La directora de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, lamentó, por su parte, que la Reforma creara “un sistema mixto de pensiones: [basado en] un componente de reparto y un componente de capitalización individual, con una mayor presencia del Estado en la administración del sistema”.

La Asociación de AFP, en tanto -que gastó millones de dólares en campañas contra la Reforma-, parece compartir esta perspectiva, pues advirtió a los afiliados sobre los efectos del cambio. La AFP Cuprum incluso envió una carta denunciando la introducción del reparto.

Por ende, es evidente que la Reforma ha desconcertado a la derecha chilena, e incluso la ha llevado a enfrentarse en los medios de comunicación, sin llegar a consensuar una evaluación del resultado.

De hecho, esta fue una de las razones que dinamitó la posibilidad de una primaria en el sector. Ya que, mientras una parte de la derecha sigue atribuyéndose la salvación del sistema, la otra afirma que -por culpa del reparto-, el país va directo al caos.

Al margen de estas recriminaciones, lo cierto es que el sistema cambió. Las administradoras privadas seguirán existiendo, es cierto; pero este ya no es el sistema diseñado por la dictadura de Pinochet: se incorporaron elementos de seguridad social y de equidad de género, además de la reposición del aporte patronal.

Por esto fue muy extraño que una de las derechas se restara de la promulgación, pero celebrara el aumento del ahorro individual con jubiladas y jubilados cuyas pensiones subirán debido al reparto; un mecanismo que esta misma derecha ha denominado como un “cáncer”.

Junto con lo anterior, la Reforma habilitó el acceso a nuevos actores como Cajas de Compensación y Cooperativas de Ahorro y Crédito -respaldadas por el Instituto de Previsión Social-, cuyo objeto es terminar con el monopolio de las AFP en la administración de los fondos previsionales y promover una mayor competencia.

Aquello, junto con la licitación del 10% de los cotizantes (a la entidad que ofrezca la menor comisión, cada dos años), debería producir una baja general de las comisiones -al menos a la mitad-, en beneficio de las y los cotizantes y en perjuicio de las groseras utilidades de la industria.

Sin embargo, esto no es suficiente para terminar con el oligopolio de las AFP. Para ello es fundamental insistir en el inversor público sin fines de lucro como un paso esencial para la libertad de elegir; una de las consignas que las mismas AFP pregonaron con tanta fuerza, en una de las campañas políticas empresariales más groseras y deshonestas del último tiempo.

Porque lo que sigue estando en juego son dos problemas íntimamente ligados: el primero es si consideramos que el lucro es lo central en un sistema de seguridad social; y el segundo es si nuestros ahorros deben ser controlados por los grandes grupos económicos empresariales, para que los inviertan a su antojo.

En consecuencia, la Reforma promulgada remueve las bases sobre las que se concibió la industria, reponiendo el aporte patronal, mejorando las pensiones actuales y futuras de millones de jubilados y jubiladas, y crea un seguro social con componentes de reparto que entregará beneficios por años cotizados, además de compensar a las mujeres por su mayor expectativa de vida.

Pero los desafíos que enfrentamos como país en materia de pensiones continúan. Las AFP continúan siendo un problema y es necesario eliminarlas para seguir mejorando las pensiones. Este es el único modo de instaurar un verdadero sistema de seguridad social, que genere pensiones justas y dignas para todas y todos.