Hace algunas semanas comenzaron las proclamaciones de las candidaturas presidenciales y, como era de esperarse, no tardaron en surgir las primeras controversias a raíz de las declaraciones de quienes aspiran a dirigir el país. Especialmente en aquellas temáticas que ocupan las principales preocupaciones de la ciudadanía, destacando entre ellas la migración y la seguridad.

Uno de los discursos que más ha llamado la atención es el de la candidata de la UDI y RN, Evelyn Matthei, quien, sin reparo alguno, ha abierto el debate sobre temas como la pena de muerte, medida que fue derogada en 2001 durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, manteniéndose vigente solo en la justicia militar para tiempos de guerra.

Sin lugar a duda, esta propuesta dista mucho de un análisis serio sobre la criminalidad y su control. La evidencia demuestra que el endurecimiento de las penas no garantiza una disminución en los índices delictivos. De hecho, Amnistía Internacional ha señalado reiteradamente que no existe correlación entre la aplicación de la pena de muerte y la reducción del crimen.

Un claro ejemplo de esto se encuentra en Estados Unidos: en 2004, los estados que aplicaban la pena capital registraron un índice promedio de homicidios de 5,71 por cada 100.000 habitantes, mientras que en aquellos que no contaban con esta medida, la cifra fue de 4,02 por cada 100.000 habitantes. Estos datos refutan la creencia de que la pena de muerte tiene un efecto disuasivo en la criminalidad, demostrando que medidas como la cadena perpetua pueden ser igual de efectivas sin incurrir en violaciones a los derechos humanos.

Dado lo anterior, la propuesta de Matthei parece más una estrategia populista que una medida realmente viable. Al recurrir a discursos que apelan a la emocionalidad de los votantes, sin un respaldo serio en datos o viabilidad jurídica, se refuerza la percepción de que se busca explotar el miedo ciudadano con fines electorales.

Plantear la discusión sobre este tema no es más que un acto irresponsable que ignora el marco normativo vigente, incluyendo tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Chile en 1972, el cual prohíbe expresamente la reinstauración de la pena de muerte en países que la han abolido.

Es preocupante que estas matrices de opinión nos desvíen de debates realmente productivos, impidiendo la búsqueda de soluciones efectivas para la delincuencia. En lugar de fomentar discusiones infértiles sobre medidas inviables, el foco debería estar en la implementación de políticas de seguridad integrales y basadas en evidencia.

Esto incluye mejor prevención del delito, una reforma al sistema penitenciario que contemple la reinserción de quienes han cometido delitos menores, y penas más severas para crímenes graves que realmente contribuyan a la protección de la sociedad.

El populismo penal no es una novedad en tiempos electorales. En diversas ocasiones, políticos han utilizado el miedo y la inseguridad como banderas de campaña, proponiendo soluciones rápidas que solo buscan satisfacer el clamor popular momentáneo sin evaluar sus consecuencias a largo plazo.

Sin embargo, la experiencia internacional nos muestra que la seguridad ciudadana no se mejora con castigos extremos, sino con estrategias integrales que aborden las causas estructurales del delito, como la desigualdad, la falta de oportunidades y la impunidad.

Por otro lado, no se puede dejar de lado el factor migratorio en este debate, ya que ha sido utilizado como otro elemento de polarización. La criminalización de la migración ha sido una táctica recurrente de ciertos sectores políticos para justificar políticas restrictivas y endurecimiento de medidas de seguridad.

Sin embargo, diversos estudios han demostrado que no existe una relación directa entre migración y aumento de la delincuencia. Al contrario, los discursos xenófobos no hacen más que generar divisiones sociales y desviar la atención de los problemas reales que afectan a la seguridad del país.

Chile enfrenta desafíos importantes en materia de seguridad y es legítimo que la ciudadanía exija respuestas concretas. No obstante, el camino no está en las soluciones mágicas o en la instrumentalización del miedo, sino en la construcción de políticas públicas serias y sostenibles.

Se requiere fortalecer la capacidad de las instituciones encargadas de la seguridad, invertir en la modernización de las policías, mejorar la investigación criminal y garantizar un sistema de justicia eficaz que castigue a los responsables de delitos sin recurrir a medidas extremas que vulneren los derechos fundamentales.

Estamos en un punto de inflexión donde debemos decidir si queremos un país que aborde sus problemas con responsabilidad o si nos dejaremos llevar por el canto de sirenas del populismo penal. La ciudadanía tiene en sus manos la capacidad de discernir entre quienes ofrecen soluciones reales y quienes solo buscan manipular el miedo para obtener votos. Es tiempo de exigir un debate serio y basado en evidencia, en lugar de dejarnos arrastrar por discursos simplistas que poco aportan al futuro de Chile.