El multimillonario saqueo de Capredena
El reciente informe de la Contraloría General de la República sobre la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) pone al descubierto una serie de irregularidades y desórdenes financieros que exigen un análisis profundo de la gestión pública en esta institución.
Las cifras expuestas, sumadas a la gravedad de los hallazgos, no solo revelan deficiencias operativas sino también un cuestionamiento a la transparencia y al control institucional sobre los recursos destinados a los miembros de las Fuerzas Armadas.
En primer lugar, la Contraloría detalla el uso indebido de las cuentas de anticipo, lo que se traduce en una mala administración de los recursos destinados a estos fines. Según el informe, Capredena mantiene pagos no justificados, al 31 de diciembre de 2023, por $18.121.571.645, estos datos, explican, no poseen análisis, lo que impide determinar el porqué se originan dichos anticipos.
Esta situación refleja no solo una falta de control interno, sino también una clara negligencia en la asignación y monitoreo de los recursos públicos, que deberían ser manejados con la máxima responsabilidad y transparencia.
Asimismo, el Informe Final N° 361 de 2024, también pone de manifiesto una falta de mecanismos efectivos para garantizar el reintegro de recursos relacionados con las operaciones del Centro de Salud y Rehabilitación, que al año 2023 superan los 5.200 millones de pesos.
La no recuperación de estos pagos implica un doble perjuicio: se están utilizando recursos que debieran estar destinados a otros fines, y se aumenta el riesgo de que irregularidades no sean detectadas de manera oportuna. Este hecho subraya la fragilidad de los controles internos de Capredena, lo que resulta especialmente alarmante cuando se trata de una entidad encargada de gestionar las pensiones de retiro y montepío del personal militar.
El informe también menciona la existencia de un saldo de ingresos pendientes de recuperación por $2.692.844.081, sin que se haya demostrado que se hayan implementado gestiones de cobro. Se trata, por ejemplo, de imposiciones y licencias médicas por recuperar.
Esta falta de acciones para recuperar los fondos revela una falta de diligencia administrativa que es inaceptable en cualquier institución pública. No se puede permitir que el dinero destinado a garantizar los derechos de los pensionados y su bienestar sea tratado con tal desdén.
La Contraloría también detectó que Capredena mantiene deudores pendientes de cobro de entre 2019 y 2023 por un monto de $13.763.611.366. Pero, aún más grave es la situación de las deudas prescritas, que ascienden a más de $9.608.563.394 y cuya antigüedad de varios años sugiere que ya no pueden ser cobradas.
Sin embargo, Capredena no solo no ha sido capaz de gestionarlas adecuadamente, sino que tampoco ha proporcionado detalles, respaldo o análisis que permitan entender la naturaleza de estas deudas y las razones por las cuales no se han recuperado. Este desorden no solo afecta la eficiencia operativa, sino que también cuestiona la capacidad de la institución para rendir cuentas y garantizar el adecuado uso de los recursos públicos.
La reiteración de estas irregularidades a lo largo de varios años y la magnitud de los montos involucrados obligan a un llamado urgente a la responsabilidad. Si bien la Contraloría ha anunciado la apertura de un procedimiento disciplinario, las medidas correctivas deben ir más allá de la sanción de funcionarios.
Es necesario una revisión integral de los procesos administrativos y financieros dentro de Capredena, y, sobre todo, una reforma que garantice un sistema de control más riguroso y eficiente. La falta de rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos, especialmente en una entidad encargada de proteger los derechos de los pensionados de las Fuerzas Armadas, no puede ser tolerada.
El informe de la Contraloría, lejos de ser un simple diagnóstico de irregularidades aisladas, expone una estructura profundamente defectuosa que, si no es corregida, podría seguir poniendo en riesgo los intereses de quienes más lo necesitan. Este tipo de situaciones no solo afectan la confianza en las instituciones del Estado, sino que también debilitan el tejido mismo de la administración pública, que debe estar al servicio de los ciudadanos, no de la indolencia administrativa.
