El debate en torno a la Nueva Ley de Pesca en Chile está en un momento clave. Se busca regular mejor la actividad pesquera, proteger los ecosistemas y combatir la pesca ilegal, que es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo. Sin embargo respecto a la “ilegalidad”, la pregunta es: ¿estamos enfrentando realmente el problema o solo poniendo parches a un sistema que ya ha demostrado sus fallas?

El peso de la multiescalaridad en la ilegalidad

La pesca ilegal no es solo un problema ambiental, es también una amenaza para las poblaciones y la economía nacional. En Chile, la falta de una planificación oceánica integral, la despolitización de los procesos para resolver temas de interés, valores y conflictos, y la desconexión entre las políticas sectoriales han permitido que este problema crezca. Muchas veces, se ha tratado de abordar con soluciones técnicas, ignorando que se trata de un fenómeno con fuertes raíces sociales, económicas y políticas.

Desde su origen la actual Ley de Pesca excluyó a los pueblos originarios y a otras poblaciones que coexisten, dialogan y/o se yuxtaponen con el modelo económico dominante. Se han impuesto regulaciones sin considerar las lógicas, conocimientos y formas de organización, clasificando como "ilegal" lo que antes era una práctica adaptativa local y/o tradicional.

Por ejemplo, la pesquería del loco (Concholepas concholepas) es una de las más normadas y conocidas a nivel internacional, pero aun así presenta altos índices de pesca ilegal. Esto se debe a que el actual sistema normativo incentiva la informalidad.

Según estudios bio-pesqueros, la pesquería del loco mantiene su estado actual, a partir de prácticas dentro y fuera de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), lo que resulta paradójico, pero no es novedad para los actores multisectoriales.

Por otro lado, el erizo (Loxechinus albus) que se regula a través de las AMERB y de la medida subnacional de la Zona Contigua, mantiene su funcionamiento y estado actual, a partir de relaciones multiescalares, y así mismo ocurre con otras actividades de pesca destinada a la exportación.

Uno de los problemas de ilegalidad mas sensibles es el "blanqueamiento", que es la manipulación de la trazabilidad de los recursos pesqueros. Generalmente, se aplica como estrategia para “a toda costa” mantener un proceso formal, aunque implique riesgos ambientales y sociales.

En la práctica, son operaciones que por diversos motivos quedan en manos de actores administrativos, dirigencias, y/o empresas de distintas escalas, incluidas las transnacionales. Dicha práctica se fundamenta en las brechas sociales, económicas y políticas que existen para el acceso a la tramitación del registro de capturas de recursos marinos, lo que nos lleva nuevamente a centrar la ilegalidad en su problema de fondo: la exclusión y desigualdad.

Esta multiescalaridad del proceso económico, implica asimetrías y modos de poder que van legitimando ciertas prácticas sobre otras, sean legales o ilegales. Por lo tanto no solo quienes participan en la captura del recurso son responsables del estado y funcionamiento actual de las pesquerías, y aunque existan normativas desde múltiples sectores, de facto, se podría estar favoreciendo a lógicas más lucrativas, sobre criterios de sostenibilidad y prácticas conservadores.

¿Una nueva ley para un viejo problema?

Si la Nueva Ley de Pesca e iniciativas internacionales solo se enfocan en tecnologías de control y endurecimiento de sanciones, sin abordar las desigualdades estructurales de estos territorios, el problema seguirá vigente. Es necesario un cambio de enfoque que busque evitar inversiones en medidas insuficientes y despolitizadas.

Chile está en un momento decisivo. O seguimos aplicando soluciones “novedosas” pero superficiales, o enfrentamos de una vez las raíces del problema. Si no lo hacemos, la pesca seguirá navegando desde un barco con un ancla que nadie suelta, o con un nudo de amarres que nadie desata, mientras los ecosistemas, y las poblaciones en desventaja pagan las consecuencias.