En junio de 2009, un hombre murió después de un violento operativo policial en el barrio Bellavista, en Santiago.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, todo comenzó cuando Carabineros acudió al lugar tras el aviso de un ciudadano que reportó disturbios afuera de un bar.

Según testigos, al llegar, uno de los policías golpeó a la víctima en la cabeza con una reja metálica.

Luego, cuando ya estaba en el suelo y esposado, recibió varios golpes de puño en el rostro, lo que le provocó una fractura nasal grave.

A pesar de su estado, los funcionarios no le prestaron ayuda y permaneció en el suelo sin recibir atención hasta su fallecimiento.

Su familia, convencida de que la brutalidad policial había influido en su muerte, presentó una demanda contra el Estado exigiendo una indemnización de 900 millones de pesos.

Sin embargo, los tribunales inicialmente rechazaron la demanda, argumentando que no había pruebas suficientes para demostrar que la golpiza había sido la única causa del fallecimiento.

Los informes periciales señalaban que el hombre estaba en estado de ebriedad y que su muerte pudo haber sido resultado de múltiples factores, incluyendo los efectos del alcohol y la falta de oxígeno mientras permanecía en el suelo esposado.

Años después, la Corte Suprema revisó el caso y llegó a una conclusión distinta. El tribunal estableció que Carabineros sí tuvo responsabilidad en los hechos, ya que usó una violencia excesiva y no prestó la ayuda necesaria cuando la víctima estaba en estado crítico.

Aunque reconoció que la muerte fue producto de varios factores, determinó que las agresiones y la falta de auxilio por parte de los policías fueron elementos determinantes en el desenlace fatal.

Por esta razón, la Corte Suprema revocó las sentencias anteriores y ordenó al Fisco indemnizar a la familia con un total de 200 millones de pesos: 40 millones para cada uno de los padres y 20 millones para cada hermano.