Esta semana hubo un nuevo revés para la derecha: el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento presentado por los abogados Raimundo Palamara Stewart (Partido Republicano) y John Reid Echenique, que buscaba inhabilitar las funciones de la ministra de Defensa, Maya Fernández, como secretaria de Estado.

De acuerdo con el órgano fiscalizador de la Constitución de la República, la acción "no cumplía con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley N° 17.997, por lo que se considerará como no presentado para todos los efectos legales" en el marco de la polémica venta de la casa de Providencia del ex Presidente Salvador Allende.

Esta iniciativa se suma a las fallidas acusaciones constitucionales presentadas por parlamentarios de oposición que no lograron obtener los votos en medio de la discusión en el Congreso Nacional, cuyo último debate se dio en el contexto del libelo contra la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD) que fue ingresado en septiembre del año pasado por republicanos y apoyado por Chile Vamos.

De Izkia Siches a Carolina Tohá

En total, se trata de siete fallidas acusaciones que comenzaron en junio del primer año de la administración con los cuestionamientos planteados por también por el Partido Republicano a la exministra Izkia Siches (Interior) por la compleja situación de seguridad que se vivió en la Macrozona Sur luego de que su auto recibiera disparos, además del descontrol migratorio en las fronteras del norte del país en 2022.

Según rezaba el documento, se plantea la AC contra la expresidenta del Colegio Médico Nacional por "comprometer gravemente el honor de la Nación, por comprometer gravemente la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución y las leyes, y por haber dejado éstas sin ejecución".

Las críticas por parte de republicanos continuaron respecto del desempeño del entonces ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson (ex Revolución Democrática, RD), después de que estallaran los casos de corrupción ligados a la fundación Democracia Viva, cercana a la otrora RD y que, además, le costó el reciente desafuero a la diputada Catalina Pérez.

"El argumento central de esta acusación constitucional, de naturaleza jurídico-política, es precisamente el abuso de autoridad y de poder, reflejado en un Ministro de Estado que, por su cercanía con el Presidente de la República y su aparente inamovilidad, traspasó los límites de su propia autoridad", se leyó en el escrito de enero de 2023.

Talones de Aquiles: Indultos, Caso Convenios y seguridad

Pero los esfuerzos de los opositores -esta vez Chile Vamos- no quedaron allí, ya que prosiguieron las AC de la entonces ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos por los bullados indultos a presos del estallido social; y contra el extitular del Mineduc, Marco Antonio Ávila, por el programa de educación sexual contenido en la Política de Educación Inclusiva.

A ellas le siguió el libelo acusatorio contra el actual ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), también en el marco del Caso Fundaciones en la arista de los convenios extendidos por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) y el Serviu en la Región de Antofagasta, y presentado por diputadas del Partido Social Cristiano.

El último fue a fines del tercer año de gestión, específicamente a finales de 2024, contra la jefa del Gabinete ministerial, Carolina Tohá, que al igual las primeras cinco iniciativas fue rechazada en el Parlamento, pero que apuntaba al trabajo del Ministerio del Interior en cuanto a migración, extranjería, fronteras, narcotráfico y crimen organizado.

Así, junto al requerimiento de este 2025 que perseguía el propósito de destituir a la jefa de la cartera de Defensa Nacional por encontrarse imposibilitada de celebrar contratos con el Estado de Chile, en total son siete los intentos frustrados por derribar a altas autoridades del Gobierno de Gabriel Boric.