Hace poco más de un año ocurrieron los devastadores incendios del 2 y 3 de febrero de 2024 en la región de Valparaíso, uno de los siniestros más significativos de la última década en Chile.

La tragedia dejó 136 personas fallecidas y más de 21.000 damnificados en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Hoy, quienes lo perdieron todo siguen enfrentando el dolor de una vida que se desvaneció entre las cenizas, sumado a la desesperación por la lenta respuesta del Estado en la entrega de soluciones.

Según datos del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastres (CIGIDEN), el incendio consumió 11.349,2 hectáreas, de las cuales 427,78 hectáreas corresponden a zonas urbanas y 10.921,42 hectáreas a zonas rurales. La mayor parte del área afectada corresponde a bosques y plantaciones forestales (53%), seguido por pastizales y matorrales (39%), lo que evidencia el alto impacto en los ecosistemas (Informe de Daños Fase de Emergencia Evento. Incendios 02 y 03 de febrero de 2024, CIGIDEN).

En Quilpué el incendio afectó a 2.319 hogares y 6.070 personas, convirtiéndola en la comuna con el mayor porcentaje de damnificados en hogares con niños, niñas y adolescentes (44%), es decir, 1.011 familias. Los seis sectores más golpeados por la tragedia fueron Calichero, Pompeya Norte y Sur, Población Argentina, Colina de Oro y Canal Chacao (Plan de reconstrucción de incendios, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, Región de Valparaíso).

A pesar de contar con instrumentos de planificación territorial, la respuesta de las instituciones fue insuficiente. De hecho, muchas de las zonas afectadas habían sido identificadas como sitios de alto riesgo de incendio en un informe de CONAF (2022) y que fueron finalmente devastadas por el fuego, según lo reportado por el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN).

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, reconoció que el proceso de reconstrucción “ha sido objetivamente lento, no ha sido lo rápido que quisiéramos” (ver aquí). Si bien el plan contempla un plazo de dos años para levantar las viviendas destruidas, hasta diciembre de 2024 el avance es apenas del 26% del Plan de Reconstrucción. De hecho, de las 3.043 viviendas comprometidas, solo 53 han sido construidas en las zonas afectadas, cifra muy menor para las necesidades de la población afectada.

Ante esta situación, muchas familias damnificadas han optado por autogestionar sus soluciones habitacionales, levantando viviendas en los mismos terrenos donde antes vivían, a pesar de que algunos de estos se encuentran en zonas de riesgo y sin vías de evacuación adecuadas ante nuevas emergencias. A esta falta de respuestas se suma un nulo acompañamiento psicológico para enfrentar el trauma que dejó el incendio, dejando a las afectados en un estado de abandono por parte del Estado.

Asimismo, la experiencia empírica nos muestra cómo, ante la crisis, la solidaridad comunitaria emergió antes que la respuesta Estatal. Ollas comunes, centros de acopio y redes de apoyo mutuo fueron fundamentales para responder a la emergencia en los primeros días tras la tragedia, momentos en los que la comunidad se reencontró para acompañarse y enfrentar colectivamente esta difícil situación.

Chile es un país altamente expuesto a catástrofes, ya sean provocadas por la acción humana, como los incendios forestales, o de origen natural, como aluviones, terremotos y maremotos. Dada esta realidad, es urgente fortalecer la institucionalidad en la gestión del riesgo y emergencias, garantizando respuestas efectivas y oportunas. Estos eventos, aunque devastadores, también pueden ser una oportunidad para repensar y reconstruir nuestras ciudades de manera más resiliente y sostenible.

Este siniestro también reveló una verdad incómoda: gran parte de las áreas afectadas correspondían a asentamientos irregulares, lo que expone una grave problemática estructural debido a la falta -y los largos tiempos de espera- de las soluciones habitacionales, que llevan a la autoproducción del hábitat por los sectores más vulnerables y la ausencia del Estado en garantizar el acceso a una vivienda digna y accesible, así como en la planificación de la ciudad.

Esta realidad evidencia la precariedad, el aislamiento social y la falta de acceso a servicios básicos en las periferias urbanas, profundizando las desigualdades en nuestras ciudades.

Por ello, es fundamental que la estrategia de reconstrucción impulsada por el MINVU para las zonas afectadas en la región de Valparaíso incorpore instancias de participación real, donde las comunidades damnificadas sean protagonistas del proceso y puedan aportar una visión que permita el resurgimiento e integración social de los territorios, garantizando un futuro más justo y sostenible.

¿Cómo construimos ciudad? No existe una única respuesta. Para repensar y planificar las ciudades desde los territorios, es fundamental impulsar propuestas y alternativas contrahegemónicas que fomenten el resurgimiento e integración social, siempre desde la voz y experiencia de sus habitantes.

Las instituciones y autoridades encargadas de la reconstrucción y planificación siguen en deuda al no adoptar estrategias que consideren la vivienda como un mecanismo clave en la producción de la ciudad. Es imprescindible que, en esta visión integrada del territorio, se incorporen elementos esenciales para garantizar una vida digna y así avanzar hacia una ciudad más inclusiva, solidaria y resiliente.

A un año de la tragedia, la urgencia de soluciones dignas sigue siendo un desafío pendiente.