Sin importar quiénes seamos o dónde vivamos, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida es fundamental. Sin embargo, en muchas partes del mundo, este derecho sigue siendo negado, controlado o incluso castigado.

Mujeres a quienes se les niegan anticonceptivos sin el consentimiento de su pareja, adolescentes obligadas a continuar embarazos de riesgo o producto de una violación debido a leyes restrictivas, gobiernos que delegan estas decisiones a la conciencia de los médicos, priorizando la opinión de líderes religiosos o familiares por sobre nuestras propias decisiones.

La autonomía en nuestra salud y reproducción no puede seguir siendo un privilegio cuando debería ser un derecho garantizado. ¿Hasta cuándo permitiremos que otros decidan por nosotras? ¿Hasta cuándo permitir que otros dicten nuestra vida?

El derecho a decidir es un principio político y ético que reconoce a las mujeres como personas autónomas, con plena capacidad para tomar decisiones sobre su vida, su sexualidad y su reproducción. Esto implica elegir si tener hijos, cuándo y con quién, así como ejercer control sobre su salud reproductiva y su propio cuerpo. Más que un concepto, es la base de la autodeterminación y la libertad individual.

A nivel internacional, este derecho ha sido respaldado en múltiples instancias. La Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing,1995) reafirma que las mujeres tienen derecho a controlar su sexualidad y a decidir libremente sobre ella, sin coerción, discriminación ni violencia.

Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) establece que tanto mujeres como hombres deben gozar de los mismos derechos para decidir libre y responsablemente el número de hijos y los intervalos entre nacimientos, además de acceder a la información, educación y recursos necesarios para ejercer estos derechos.

Las barreras que restringen este derecho no son casuales; responden a estructuras de poder que buscan mantener el control sobre nuestros cuerpos y vidas. Desde normativas que criminalizan el aborto hasta prácticas que nos infantilizan al exigir permisos o validaciones externas, todo está diseñado para limitarnos y perpetuar la tutela sobre nuestras decisiones.

Pero las mujeres no pedimos permiso para ser libres. Exigimos nuestro derecho a decidir sin miedo ni culpa, a ejercer nuestra autonomía sin que nadie nos imponga cómo y cuándo ser madres, si queremos serlo.

Para garantizar esta libertad, es fundamental exigir políticas públicas que aseguren el acceso pleno a la salud sexual y reproductiva, incluyendo la educación sexual integral (ESI). Esta debe ser libre de prejuicios y adaptarse a cada etapa de la vida, permitiendo que todas las personas, especialmente niñas, niños y adolescentes, tomen decisiones informadas sobre su cuerpo, sus relaciones y su bienestar.

Además, no solo es crucial garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud integral, sino también saldar una deuda histórica con el derecho a decidir: la posibilidad de abortar sin causales. Hoy, esta opción sigue siendo criminalizada en distintas formas, mientras persisten barreras legales, sociales, culturales y económicas que impiden acceder a un aborto seguro y libre de riesgos. Despenalizar y garantizar el acceso real a la interrupción del embarazo es una cuestión de justicia, autonomía y salud pública.

Asimismo, el derecho a una maternidad elegida y protegida también debe ser una prioridad. Para quienes deciden ser madres, el Estado tiene la obligación de establecer normativas que garanticen la corresponsabilidad laboral, asegurando condiciones dignas para quienes asumen simultáneamente el rol de cuidadoras y trabajadoras.

Sin estas medidas, seguimos perpetuando desigualdades y vulnerando derechos fundamentales. La educación, la autonomía y la protección del estado son clave para que todas las personas puedan ejercer libremente sus decisiones sobre su cuerpo y su vida. Nuestro cuerpo no es territorio de disputa. Nuestra vida no es negociable. Defender el derecho a decidir no es solo una cuestión de justicia, sino también de dignidad.

Hoy, ante los sectores conservadores que intentan retroceder en los derechos conquistados, debemos seguir generando espacios de discusión, promoviendo información basada en evidencia y abriendo camino para garantizar nuestra autonomía y libertad. Nuestro futuro nos pertenece solo a nosotras.