El sábado 8 de febrero se cumplirán 3 meses de la desaparición de la activista ambiental y presidenta de la comunidad indígena de Putreguel, Julia Chuñil y su mascota, tras recibir una serie de amenazas debido a su labor de protección del bosque nativo de la localidad de Máfil, en la Región de Los Ríos.

Este sábado se realizará una manifestación en el Paseo Bulnes en Santiago, a partir de las 11:00 horas, para exigir justicia por Julia Chuñil.

"No sabemos en qué va la investigación por qué está bajo secreto. Y supuestamente a nosotros tenían que informarnos, abrirnos la carpeta investigativa el 20 de enero, y fuimos a Fiscalía y nos dijeron que la carpeta investigativa seguía 40 días más en reserva", dijo el hijo de Julia, Pablo San Martín Chuñil.

La familia instó al Presidente Gabriel Boric a tomar cartas en el asunto para agilizar la investigación y obtener respuesta concretas en torno a la búsqueda de Julia Chuñil.

"Nosotros queremos hablar cinco minutos con él, conversarle lo que nos está pasando como familia", expresó Pablo a través de un video.

El mandatario Boric tiene conocimiento del caso y en más de una ocasión ha pedido a las policías que aceleren los trabajos para encontrar rastros de ella.

Pese a los esfuerzos de Carabineros, Bomberos, personal de emergencia y voluntarios no han encontrado ninguna pista que pueda dar con el paradero de la dirigenta social, muy conocida en la zona.

Julia Chuñil desapareció junto a su perro Cholito el 8 de noviembre de 2024 sin dejar ningún rastro tras ser amenaza por que buscaban talar los árboles nativos para venta de leña.

El 2015 ella y su comunidad ingresaron al campo "La Fride" e iniciaron el proceso de recuperación de tierras instalando un rehue (altar) y la celebración de una ceremonia.

Se exige que se aplique el Protocolo de Escazú, el que protege a dirigentes mapuches y defensores ambientales, donde Chile se comprometió ante los otros países de Latinoamérica y el Caribe a implementar acciones para garantizar la protección de quienes defienden la naturaleza.

Cualquier persona, organización u organismo público puede solicitar la activación del protocolo cuando exista un caso de amedrentamiento contra un defensor o defensora ambiental. En caso de que el hecho de amenaza sea constitutivo de delito, se derivará al Ministerio Público para tomar medidas de protección de la persona y su familia.