La justicia ha ratificado la condena a cinco exagentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) involucrados en el secuestro y asesinato de Jenny Barra Rosales, una joven estudiante de enfermería y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), detenida en 1977.

Los exfuncionarios de la DINA Pedro Espinoza Bravo, Rolf Wenderoth Pozo, Juan Morales Salgado y Miguel Krassnoff Martchenko fueron sentenciados a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, mientras que Enrique Sandoval Arancibia, quien actuó como encubridor, recibió una condena de 540 días de presidio menor, la cual ya ha sido cumplida durante su tiempo en prisión preventiva.

Jenny Barra, de 23 años, fue secuestrada el 17 de octubre de 1977 cerca de su hogar en San Bernardo. Tras su detención, fue trasladada a centros clandestinos de tortura como Villa Grimaldi y el Simón Bolívar, donde fue sometida a interrogatorios bajo apremios ilegítimos.

En su cautiverio, se la obligó a dar información sobre otros militantes del MIR, antes de ser finalmente asesinada. Sus restos fueron encontrados en 2001, 24 años después de su desaparición, en la mina abandonada de la Cuesta Barriga, donde se identificaron fragmentos óseos.

Aunque la condena fue celebrada, la abogada querellante Andrea Gattini, del Estudio Caucoto Abogados, expresó su desacuerdo con la calificación jurídica del delito.

A pesar de que la sentencia confirma el secuestro calificado, Gattini argumenta que los crímenes cometidos fueron más graves y deben incluir también el delito de homicidio calificado.

"Creemos que no se han sopesado los hechos en toda su magnitud y eso repercutió en la calificación jurídica de los delitos cometidos y en la pena impuesta a los condenados”, dijo.

Por lo tanto, confirmó que presentó un recurso de casación para que se considere el delito de homicidio calificado en las penas de los condenados.

Detalles de la investigación

La ministra en visita extraordinaria para causas de DD.HH de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, logró corroborar los hechos de la investigación, los cuales apuntan a que Jenny Barra fue detenida después de que el militante José Miguel Tobar Quezada fuera capturado y torturado para obtener información sobre miembros del MIR.

Tras ser arrestada, Jenny fue llevada a Villa Grimaldi y, bajo tortura, proporcionó detalles que llevaron a la detención de otros miembros del movimiento.

Finalmente, fue trasladada al centro de detención clandestino Simón Bolívar, donde fue asesinada, y sus restos fueron ocultados en un socavón de la mina Los Bronces.