Convivencia Escolar: Qué acciones ilegales cometen los colegios y qué tipo de establecimientos lideran denuncias
Durante los primeros seis meses de 2024, la Superintendencia de Educación recibió 7.523 denuncias, de las cuales un 68% corresponde al ámbito de Convivencia Escolar, revelando preocupantes vulneraciones a los derechos de estudiantes en distintos tipos de establecimientos a nivel nacional.
Los colegios particulares pagados concentran la mayor tasa de reclamos, con 15,4 denuncias por cada 10.000 estudiantes, seguidos por los particulares subvencionados (14,3), la educación pública (12,9) y las corporaciones de administración delegada (11,5).
A pesar de que el marco normativo chileno establece principios claros para resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes, persisten prácticas que contravienen la ley, como advierte Michelle Muñoz Lorca, abogada del estudio jurídico Legal y Educa.
“Lo más alarmante es que muchas de estas acciones se presentan como 'decisiones pedagógicas' o 'medidas disciplinarias', cuando en realidad contravienen de forma directa la normativa vigente y vulneran derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes”, señaló.
¿Qué medidas contravienen la ley?
Entre los incumplimientos más comunes se encuentra la reducción arbitraria de la jornada escolar, una práctica que, según Muñoz, está prohibida.
“Ningún establecimiento la puede disminuir unilateralmente sin contar con una razón pedagógica clara y sin haberlo consensuado previamente con las familias", aclara.
Y es que, además de pasar a llevar el derecho a la educación, también "interfiere en la organización familiar y, muchas veces, en la jornada laboral de sus cuidadores”, explicó.
Otro punto crítico es la falta de respuesta frente a situaciones de acoso, abuso o violencia escolar. La normativa obliga a los establecimientos a activar los protocolos de actuación, proteger a las víctimas, investigar los hechos y sancionar al agresor.
No cumplir este procedimiento no solo representa una falta administrativa, sino también una vulneración directa de derechos con posibles consecuencias legales.
Discriminación por identidad
Las denuncias por discriminación por género, orientación sexual o identidad de género aumentaron un 13,1% respecto a 2023, según datos oficiales.
Estas discriminaciones pueden manifestarse en hechos como negar el uso del nombre social a estudiantes trans, obligarlos a vestir un uniforme que no se alinea con su identidad, o excluirlos de actividades escolares.
“En el sistema educativo está prohibida toda forma de discriminación”, recuerda Muñoz. Esto incluye criterios como sexo, identidad y expresión de género, discapacidad, etnia, nacionalidad, religión, embarazo adolescente o nivel socioeconómico, entre otros.
Esta prohibición está consagrada en leyes como la Ley 21.430 sobre Garantías de la Niñez y la Ley Antidiscriminación, también conocida como Ley Zamudio.
¿Qué pueden hacer las familias?
Ante estas situaciones, la abogada explica que las familias y estudiantes tienen derecho a impugnar medidas arbitrarias, recibir explicaciones fundadas y acudir a instancias formales para denunciar irregularidades.
Entre las herramientas disponibles están los canales de reclamo ante la Superintendencia de Educación, que fiscaliza y sanciona estas prácticas.
Asimismo, las familias pueden presentar acciones judiciales, como recursos de protección o denuncias por discriminación bajo la Ley Zamudio, si se vulneran derechos fundamentales. Estos procesos pueden iniciarse tanto por la vía civil como constitucional.
