Un ciudadano haitiano que vive en Chile con un permiso temporal estuvo a punto de ser expulsado del país porque no logró entregar a tiempo un documento exigido para su residencia definitiva.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, se trataba de un certificado de antecedentes penales de Haití, un requisito que no pudo cumplir debido a la crisis política y social en su país de origen, lo que hacía muy difícil conseguir ese tipo de papeles.

A pesar de su situación, el Servicio Nacional de Migraciones rechazó su solicitud de residencia y le dio un plazo de 10 días para abandonar Chile.

Si no lo hacía voluntariamente, podía ser deportado. Ante esto, el ciudadano presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, argumentando que su expulsión era injusta, ya que tenía un trabajo estable y estaba completamente integrado en el país.

Después de revisar el caso, la Corte falló a su favor y anuló la orden de expulsión. Los jueces reconocieron que la crisis en Haití complicaba la obtención de documentos oficiales y que el solicitante ya había presentado el certificado de antecedentes, aunque sin la apostilla exigida.

Además, consideraron que su empleo y el pago de sus cotizaciones previsionales demostraban su arraigo en Chile.

Con esta decisión, la justicia ordenó que su trámite de residencia continúe y le dio un plazo de seis meses para completar los requisitos pendientes.