Educar y hacer política en torno a los discursos anti derechos sexuales y reproductivos. Ese fue el objetivo que la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto se planteó para generar una serie de talleres, capacitaciones y alianzas estratégicas a fin de combatir con ciencia la desinformación.

"Nos enfrentamos a una avalancha de desinformación y miedo, pero la respuesta está en la comunidad, en la organización colectiva, en la formación de nuevas generaciones con herramientas críticas y la vigilancia permanente del cumplimiento y el avance de las políticas públicas que garantizan nuestros derechos", explica la coordinadora de la asamblea, Siomara Molina, al anunciar que ya firmaron alianzas estratégicas para este trabajo con organizaciones internacionales.

Entre ellas, figuran la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, el Movimiento Regional Son Niñas, No Madres y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal de Argentina.

“El trabajo de la Asamblea se ha enriquecido a través de la colaboración con las organizaciones internacionales porque permite adaptar experiencias exitosas al contexto chileno, facilitar el intercambio metodológico, fortalecer la incidencia política y compartir recursos y conocimientos en América latina”, explica Siomara Molina.

Contexto polarizado

-¿Por qué este momento para reforzar esta tarea educativa?

-La organización enfrenta el reto de mantener y ampliar sus actividades en un escenario donde los discursos antiderechos ganan visibilidad. Parte fundamental de la labor incluye la incidencia política, con encuentros con legisladoras y mesas de trabajo con organizaciones sociales, labor que se complementa con seminarios internacionales para analizar estrategias frente a las propuestas legislativas que buscan restringir derechos.

-Además de la educación, ¿cuál debiera ser el foco de este trabajo?

- La educación basada en evidencia científica y el diálogo entre feministas se ha convertido en herramientas fundamentales para disputar sentidos en un país polarizado. La organización continúa defendiendo el derecho al aborto como un derecho humano fundamental, trabajando por garantizar el acceso a información confiable y acompañamiento seguro para quienes lo requieran.

En ese esfuerzo, uno de los mayores desafíos de la organización ha sido llegar a comunidades rurales y otras zonas con acceso limitado a servicios básicos, donde la desinformación suele ser mucho mayor que las áreas urbanas.

“El trabajo en terreno es fundamental para nosotras. Queremos que todas las mujeres, sin importar su lugar de origen, puedan acceder a información segura y de calidad”, agregó la coordinadora al precisar que no solo esperan expandir sus actividades a lo largo del país, sino que también a nivel internacional.

¿Cómo lo proyectan? Con seminarios internacionales para analizar el impacto de las políticas restrictivas sobre los derechos reproductivos y el diálogo continuo con actores políticos y sociales para garantizar la inclusión del aborto como un derecho humano fundamental en Chile.