En los últimos años, la Municipalidad de Santiago ha sido escenario de diversos escándalos relacionados con la gestión de recursos públicos, particularmente en cuanto al pago de horas extras irregulares.

Uno de los casos más destacados involucra al diputado Agustín Romero, quien, durante su gestión como jefe jurídico de la municipalidad bajo la administración de Felipe Alessandri (RN), fue señalado por la Contraloría General de la República por recibir pagos irregulares de horas extras.

En este contexto, se ha registrado un importante acuerdo que suspende temporalmente el procedimiento de cobro de $11 millones correspondientes a esas horas extras, lo que ha generado diversas repercusiones tanto a nivel judicial como político.

1. El Contexto del Procedimiento de Cobro

El origen del procedimiento de cobro se remonta a 2021 cuando la Contraloría General de la República detectó irregularidades en los pagos de horas extras realizados a funcionarios de confianza de la administración de Felipe Alessandri.

Agustín Romero, quien en ese entonces ocupaba el cargo de jefe jurídico de la municipalidad, fue uno de los señalados en el informe de la Contraloría, que detalló el pago de un monto de $11.320.978 por concepto de horas extras irregulares. Esta situación dio pie a la interposición de una querella por fraude al fisco por parte de la gestión municipal encabezada por Irací Hassler (PC), y el inicio de un procedimiento judicial con el objetivo de recuperar los recursos públicos mal pagados.

2. La Suspensión Temporal del Procedimiento de Cobro

A pesar de que el caso continuó su curso judicial, a fines de 2024 se produjo un cambio significativo en la administración de la Municipalidad de Santiago, con la llegada de Mario Desbordes (RN) al cargo de alcalde.

Este cambio de liderazgo se vio reflejado en una modificación de la estrategia legal relacionada con el caso de las horas extras irregulares. El 31 de diciembre de 2024, la Municipalidad de Santiago y la defensa de Agustín Romero llegaron a un acuerdo que consistió en la suspensión temporal del procedimiento de cobro de los $11 millones adeudados.

Este acuerdo, formalizado ante el tribunal correspondiente, estableció una suspensión del proceso por 60 días hábiles, con lo cual el procedimiento se reanudará el 12 de marzo de 2025.

3. Justificación y Argumentos Legales

La decisión de suspender el cobro se enmarca en una solicitud formal presentada por la defensa del diputado Romero, quien había solicitado previamente la prescripción del cobro, argumentando que la municipalidad había tardado más de dos años en notificarle formalmente sobre el procedimiento.

En este sentido, la defensa del diputado consideraba que la causa debía haberse llevado ante un tribunal laboral, lo que generó un conflicto de interpretación sobre la naturaleza del procedimiento.

4. Implicancias Políticas y Administrativas

La situación de Agustín Romero es emblemática, no solo por las irregularidades detectadas, sino también por su vinculación con el mundo político. A pesar de las acciones legales en su contra, el diputado ha mantenido su postura de no haber sido notificado de manera adecuada sobre el cobro de las horas extras, lo que ha sido reiterado en diversas ocasiones tanto en los tribunales como en declaraciones a medios de comunicación.

Este hecho plantea interrogantes sobre la política interna de la municipalidad y la posible influencia política en la resolución del caso. En este sentido, las decisiones tomadas en el marco de este procedimiento podrían tener repercusiones significativas en la imagen tanto de los involucrados como de la administración municipal en su conjunto.

5. Otras Irregularidades Detectadas

Otro de los implicados en el pago irregular de horas extras en el municipio de Santiago, también durante la administración Alessandri, es el exadministrador municipal Juan Francisco García Mac-Vicar, quien también adeuda una suma millonaria, $29 millones, a la mencionada municipalidad.

Este caso, al igual que el de Romero, ha sido objeto de investigaciones judiciales y administrativas, con el objetivo de esclarecer las irregularidades y exigir la restitución de los recursos. A modo de observación, García recientemente fue fichado por Max Luksic para trabajar en el mismo puesto en Huechuraba.

Finalmente, el acuerdo para suspender temporalmente el cobro de las horas extras irregulares por parte de Agustín Romero es una muestra de la complejidad del proceso judicial y administrativo que involucra a figuras políticas relevantes, así como de las dinámicas legales en torno a la restitución de fondos públicos.

A pesar de la suspensión acordada, tanto la Municipalidad de Santiago como la defensa del diputado Romero continúan con posiciones encontradas respecto al curso del procedimiento. La resolución final de este caso tendrá implicancias tanto para la administración pública como para la política local, y podría sentar un precedente importante en la gestión de recursos públicos y la rendición de cuentas en el ámbito municipal.