En 1973, un joven estudiante universitario y dirigente estudiantil vio su vida cambiar drásticamente. Fue detenido el mismo 11 de septiembre, día del golpe de Estado en Chile, mientras se encontraba en la casa de un amigo.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, un grupo de carabineros llegó de forma violenta, rompiendo todo a su paso y golpeando a quienes estaban presentes.

Desde ese momento, comenzó un calvario que incluyó nueve meses de prisión en diversas instalaciones, donde fue víctima de torturas físicas y psicológicas.

Durante su tiempo detenido, el joven fue sometido a golpes, descargas eléctricas y otras formas de maltrato extremo en el regimiento militar de la zona.

Estos abusos le dejaron secuelas graves, como problemas físicos permanentes, dificultades para moverse y un deterioro de su salud mental que arrastró por el resto de su vida.

Además, una vez liberado, fue relegado a otra ciudad y sometido a vigilancia constante, lo que le impidió retomar sus estudios universitarios y reconstruir su vida con normalidad.

Casi cinco décadas después, la Corte de Apelaciones de Chillán confirmó un fallo que obliga al Estado a pagar una indemnización de 80 millones de pesos por el sufrimiento causado.

En su decisión, la Corte destacó que el caso del exdirigente estudiantil ya había sido reconocido por el Informe Valech, que identificó a miles de víctimas de detenciones y torturas durante la dictadura.

El tribunal rechazó los argumentos del Estado, que había intentado evitar el pago alegando que ya se habían entregado beneficios de reparación en otros programas.

La Corte enfatizó que esos beneficios no eliminan el derecho de las víctimas a recibir una indemnización justa y personalizada, acorde a la magnitud del daño sufrido.