En marzo de 2024, un conflicto surgió en la Iglesia Metodista Pentecostal de Cerro Navia cuando el acceso fue bloqueado con cadenas y candados.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, todo comenzó después de que el obispo de la iglesia decidiera trasladar a un nuevo pastor para liderar la congregación local.

Esta decisión no fue aceptada por un miembro de la iglesia, quien afirmó haber sido designado por el anterior pastor como su sucesor y se opuso al cambio, cerrando el acceso a la iglesia e impidiendo que se realizaran los cultos.

La Iglesia Metodista Pentecostal llevó el caso a la justicia, argumentando que el cierre del templo no solo era arbitrario, sino que también vulneraba su derecho a realizar actividades religiosas y a usar el inmueble de su propiedad.

Por su parte, el miembro de la congregación que cerró el acceso sostuvo que la iglesia era administrado por la comunidad local y que el nuevo pastor no tenía vínculo con ellos, rechazando la validez del decreto eclesiástico emitido por el obispo.

Inicialmente, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de la iglesia, indicando que no se había demostrado con claridad quién tenía derecho a administrar el templo ni la legitimidad del nombramiento del nuevo pastor.

Sin embargo, el 7 de enero de 2025, la Corte Suprema revocó esta decisión. El tribunal determinó que la Iglesia Metodista Pentecostal había acreditado la propiedad del inmueble y concluyó que bloquear el acceso al templo era un acto ilegal que impedía el ejercicio de sus derechos.

Además, consideró que el cierre de la iglesia constituía una perturbación indebida al derecho de propiedad.

La Corte Suprema ordenó la reapertura del templo y autorizó, si fuera necesario, el uso de la fuerza pública para garantizar el acceso.