Chile ha logrado un importante avance en cuanto a la inclusión laboral de personas con discapacidad a través de la Ley Nº 21.015, promulgada en 2017, y su reciente modificación con la ley Nº 21.690.

El establecimiento de cuotas de contratación es un paso fundamental para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a las mismas oportunidades laborales que el resto de la población.

Sin embargo, debemos reflexionar sobre por qué las leyes aún no han logrado cumplir con su objetivo de manera efectiva, y cómo podemos actuar para cambiar esta realidad.

La ley Nº 21.015, que obliga a las empresas con más de 100 personas trabajadoras a contratar al menos 1% de personas con discapacidad, es una medida necesaria, pero el cumplimiento aún es deficiente.

Según cifras recientes, solo 36,4% de las empresas que deben cumplir con esta ley han informado sus medidas de acatamiento, lo que demuestra que aún hay un largo camino por recorrer.

Compromiso empresarial, fundamental

El reciente aumento de la cuota de contratación a un 2% es un buen intento, pero no será efectivo a menos que las empresas realmente se comprometan con la inclusión y no solo busquen evadir la normativa.

Es crucial que se refuercen los mecanismos de fiscalización, aumentando la presión sobre las empresas que aún no están cumpliendo. Las multas actuales no han sido un disuasivo suficiente, y muchas empresas prefieren pagar la sanción que realmente implementar políticas inclusivas.

No obstante, además de las sanciones necesitamos un cambio cultural profundo dentro de las organizaciones.

Las políticas de inclusión no deben ser vistas como un requisito legal, sino como una oportunidad para enriquecer el entorno laboral con personas talentosas y diversas. Los y las gestoras de inclusión, así como las capacitaciones que se exigen en las leyes son pasos importantes, pero debemos fomentar un cambio de mentalidad en las empresas, donde se valore a la persona por sus competencias y no por su discapacidad.

Formación, otra necesidad

Asimismo, es fundamental que se promueva la formación de las personas con discapacidad para que estén preparadas para ocupar los puestos laborales que las empresas requieren.

En este sentido, el Estado debe incentivar la creación de programas educativos inclusivos que garanticen que todos los jóvenes, sin importar su discapacidad, puedan acceder a una educación que les permita desarrollarse en el ámbito laboral.

El cambio cultural es esencial. Necesitamos un Chile donde la discapacidad no sea vista como un obstáculo, sino como una fortaleza que enriquece tanto al entorno laboral como a la sociedad en su conjunto.

A las empresas, a las instituciones educativas y al Estado les corresponde actuar con responsabilidad y determinación para lograr una inclusión real.

El camino es largo, pero si unimos esfuerzos, podremos avanzar hacia un futuro laboral más justo e inclusivo para todos y todas.