Semanas atrás tuvo lugar el Plenario Ciudadano 2024 de la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas. Sin duda el encuentro expresaba toda la buena voluntad de quienes laboran en el Consejo del Libro y la Lectura en torno de la Política.

Sin embargo, cada vez se hace más evidente que pese a esos esfuerzos, como al persistente trabajo desarrollado por años por las organizaciones del mundo del libro, primero para crear una Política Nacional y luego para que esta se lleve a la práctica y logre encauzar el que hacer público, no se logra generar significativos cambios en torno al libro y la lectura en Chile.

Cuando el año 2005 se presentó la propuesta “Una Política de Estado para el Libro y la Lectura. Estrategia integral para el fomento de la lectura y el desarrollo de la industria editorial en Chile”, la que, al año siguiente, dio lugar a la primera “Política Nacional del Libro y la Lectura”, esta tuvo como objetivo democratizar el libro y la lectura en la sociedad chilena, articulando el que hacer institucional con la sociedad civil en favor de un ecosistema diverso. 

No es una casualidad que la Asociación de Editoriales Independientes haya estado a la cabeza de esa labor, buscando fortalecer la producción intelectual local y enfrentando el colonialismo cultural preponderante, que se expresa entre otros en la sobrevalorización de la producción de las editoriales de países europeos y Norteamérica por sobre la local y regional.  

Desde entonces han transcurrido dos décadas, con tres políticas publicadas: 2006, 2015-2020 y la actualización el año 2023.

El diseño y las acciones para una implementación participativa de la Política del 2015-2020 generó un significativo involucramiento de buena parte de los actores del mundo del libro, con cientos de reuniones de las diversas comisiones técnicas que conducían el trabajo.

Hasta el 2020 hubo avances significativos, sin embargo, luego todo se detuvo. Tras una fuerte insistencia por parte de Editoriales de Chile, como del Observatorio del Libro y la Lectura de la Universidad de Chile para retomar el curso, se elaboró una nueva Política y en abril del 2023, el presidente Gabriel Boric la presentó.

Parte importante del mundo del libro mantenía aún viva las esperanzas de que bajo este gobierno se podrían resolver las graves falencias del periodo anterior -como la asignación de un presupuesto específico para la implementación de la Política, más allá de los recursos que tenían los programas preexistentes; así como revertir el casi nulo compromiso del Ministerio de Educación con los desafíos que le incumbían, entre otros- y nos pudiéramos encaminar a trabajar por los objetivos y anhelos que expresaba la Política.

No obstante, estamos muy lejos de ver cambios y/o avances, en la práctica, lo que avizoramos son significativos signos de retrocesos en la materia.

El libro, la lectura, la cultura en general, una y otra vez han permanecido como temas de tercer orden durante esta larga postdictadura.

Los esfuerzos realizados por los distintos gobiernos en relación al tema, están lejos, incluso, de “la medida de lo posible”; es decir, han estado por debajo de lo mínimo que se podía esperar.

En los hechos, buena parte de los desafíos planteados durante estos años en la cultura, han quedado subsumidos a la lógica neoliberal, que, entre otros, confunde derechos culturales, con acceso y consumo.

Así, los repetidos y abruptos recortes del presupuesto a exigencia de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, tal como el que se aplicó el 2024, es otra expresión de lo que verdaderamente importa y cuanto se valora el que hacer público en cultura.

De hecho, las políticas fiscales y monetarias restrictivas establecidas como dogma, impiden abordar temas como un IVA diferenciado para el libro y un presupuesto que apoye de manera efectiva la implementación de la Política.

La liberalización y desregulación, como la privatización, prácticas instaladas en dictadura y naturalizadas durante la postdictadura, han erosionado y limitado toda estrategia de acción pública en cultura con sentido de Bien Común.

Es decir, una acción pública en beneficio de las y los ciudadanos, en beneficio y fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia, que contribuya a liberar el campo cultural del dominio comercial y su máxima y nefasta expresión para la diversidad cultural: las multinacionales de la cultura.  

A fin de cuentas, la verdadera política del libro y la lectura de la postdictadura, se ha sostenido en los fondos concursables, que, como se señaló en el Plenario, “representan una estrategia basal”.

La lógica de los concursos y sus rankings, ha permeado también las adquisiciones y selecciones de las bibliotecas públicas y escolares, desnaturalizando y neoliberalizando gran parte del que hacer cultural público.

Sin duda el aumento del presupuesto 2025 para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es un logro importante, como también es loable el propósito manifestado por el Gobierno de hacer de la cultura un eje fundamental de la cohesión social, por lo que dicho presupuesto contempla entre sus iniciativas una que “vende” muy bien:

La creación del Pase Cultural, que se traduce en un bono de $50.000 pesos para jóvenes que fueron o son estudiantes prioritarios al cumplir 18 años, y adultos mayores que tienen la Pensión Garantizada Universal al cumplir 65 años.

Sin embargo, este tipo de propuesta, más aún cuando está desvinculada de una política general, solo potencia la lógica del consumo.

En Francia, esta fue una medida estrella del presidente Macron, implementada a partir de mayo 2021, no obstante, esta “no ha logrado reducir las desigualdades en el acceso a la cultura de los jóvenes, ni a diversificar sus hábitos en la materia”, como señala una editorial del periódico Le Monde de octubre pasado, proponiéndose un profundo rediseño.

El lapidario informe del “Tribunal de Cuentas” de Francia del pasado 17 de diciembre, señala que este programa de alto costo no responde a los objetivos de democratización de las prácticas culturales.

No cabe duda que los ánimos que vemos hoy están muy distantes de los anhelos surgidos hace dos décadas atrás, cuando se originó la Política Nacional del Libro y la Lectura.

El objetivo de fortalecer la producción intelectual local y enfrentar el colonialismo cultural dominante, marcaba transversalmente la Política. Lamentablemente, toda la potencia transformadora de los libros, la lectura y la cultura, que podrían ser elementos que contribuyeran en activar nuestras mentes, en elevar los niveles de empatía, de acción común y solidaria, forjando sujetos con capacidades de discernimiento más crítico y agudo, que nos ayuden a enfrentar toda la falsa información, la manipulación presente en las redes sociales, sigue a la espera de una orientación consistente, de voluntad política, clara y decidida en hacer de la cultura un pilar central de una cohesión social y democracia con justicia, igualdad y libertad.

Esto no se logra con más fondos concursables, ni con “bonos culturales”, esto necesariamente requiere de una acción pública de otro tipo, con claridad de propósitos, sistémica, sólida y sistemática en el tiempo, que aspire a ir más allá del pobre y reduccionista discurso en torno al acceso y consumo cultural.

Que parlamentarios se permitan hoy, sin mayor polémica, hablar de la eliminación del Ministerio de las Culturas en esta “milleisisación” del discurso público, debería ponernos en alerta, poque algo tiene que ver con esa falta de impulso cultural, dejando ese ministerio en un lugar marginal, en permanente cuestionamiento de ser o no ser, como si pudiéramos realmente liberar este país -los países del sur-, de la dependencia estructural sin una real y potente transformación cultural, que requiere, entre otros, como ya lo hemos dicho, de una acción pública significativa en la materia.