Este miércoles 8 de enero se cumplen dos meses desde que Julia Chuñil desapareciera, en un contexto en que la defensora ambiental había denunciado ser víctima de amenazas de muerte por parte de empresarios que querían comprar su tierra para talar el bosque nativo.

A raíz de la presión de la familia y de organizaciones sociales e indígenas, se logró que Carabineros destinara un avión vigía para reforzar la búsqueda de Julia, y que se designara un fiscal de la Unidad de Delitos Ambientales de Los Ríos exclusivamente para la causa.

Ahora, este 8 de enero a partir de las 18:00 la familia de Julia y representantes de 240 organizaciones sociales, ambientales y feministas se manifestarán frente a La Moneda, además de convocar manifestaciones en puntos de las capitales regionales de todo el país.

a“Le pido a la persona que la tenga que vea esto y que se apiade de nosotros y diga hasta aquí llegó el sufrimiento, hasta aquí voy a tener a esta señora y la dejo ir. Nosotros esperamos pillarla con vida todavía”, comentó el hijo de Julia, Pablo San Martín, en una entrevista con el medio El Ciudadano.

¿Quién defiende a los defensores ambientales?

El impulso de este caso se volcó a la tramitación de un proyecto de ley ingresado y que busca la protección de las y los defensores ambientales. Chile, como firmante del Acuerdo de Escazú, se comprometió ante los otros países de Latinoamérica y el Caribe a implementar acciones para garantizar la protección de quienes defienden la naturaleza.

Aunque los avances concretos para traspasar el acuerdo a la legislación nacional son incipientes, en los últimos días de 2024 entró en vigencia un protocolo elaborado por Ministerio de Justicia, para coordinar la respuesta temprana del Estado ante defensores y defensoras ambientales que sufran amenazas.

Cualquier persona, organización u organismo público puede solicitar la activación del protocolo cuando exista un caso de amedrentamiento contra un defensor o defensora ambiental. En caso de que el hecho de amenaza sea constitutivo de delito, se derivará al Ministerio Público para tomar medidas de protección de la persona y su familia.

El protocolo crea una mesa de coordinación interinstitucional con todos los organismos competentes en la materia para hacer seguimiento a los casos y establece capacitaciones para que funcionarios y funcionarias públicas sepan cómo actuar ante esos casos.