El martes o miércoles de esta semana, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado debería retomar su funcionamiento tras el receso de dos semanas que se tomó el Congreso a propósito de las fiestas de fin de año y la correspondiente semana distrital. 

El hito no es menor. La instancia, comandada por el senador Juan Antonio Coloma (UDI), tiene todas las miradas puestas sobre ella. ¿La razón? En enero culmina el plazo que acordaron el gobierno y la oposición para despachar la reforma de pensiones de la Cámara Alta. En simple, durante el primer mes del 2025, la reforma debería votarse en particular y general en la Comisión del Trabajo, luego pasar a la Sala y, de manera veloz, votarse igualmente para que pase a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. 

Y aunque el panorama se ha complejizado durante las últimas semanas luego de la arremetida del Partido Republicano y la insistencia del oficialismo a no ceder en “puntos críticos” de la reforma, hoy la confianza del gobierno y los negociadores de Chile Vamos es que habrá acuerdo este mes. 

De hecho, el porcentaje destinado a mecanismos de solidaridad ya estaría zanjado. Lo mismo ocurre con el aumento del monto de la PGU e incluso podría ser que la licitación de la cartera de afiliados —una de las medidas más buscadas por la ministra del Trabajo Jeannette Jara— podría ser abrazada por la oposición.

Sin embargo, hay aún nudos (críticos por lo demás) que podrían alejar a las partes y echar por tierra un acuerdo total que es lo que se propuso la Comisión allá por agosto cuando se firmó el acuerdo de entendimiento entre el Ejecutivo y los senadores opositores. 

Los nudos críticos de la reforma

El primer nudo y más crítico es la separación de la industria tal y como lo propone el gobierno. Hoy, las AFP se encargan de la administración de los fondos de los afiliados y también de las inversiones, determinando los fondos en los cuáles se invierte, logrando rentabilidades, entre otras tareas que se les asigna respecto al manejo de los fondos. 

El gobierno, para modificar la industria y, en cierto sentido, poner fin a las AFP tal y como se conocen hoy —en respuesta a la promesa de campaña— propone separar la administración de la inversión de los fondos. Y junto a ello, ofrecer alternativas públicas en cuanto a instituciones que puedan ofrecer ambos servicios a los afiliados. 

No obstante, la oposición no estaría disponible para llegar a un acuerdo en esos términos. En primer lugar, debido a que auguran un alza notoria en los costos de los servicios los que podrían ser traspasados a los cotizantes. Y por otra parte, ciertos sectores de la oposición resisten darle un rol a la esfera pública y modificar el sistema actual en que las AFP tienen la totalidad de atribuciones.

Seguro social

En tercer lugar, lo que hoy separa las posiciones, es el mecanismo de seguro social que contempla la reforma en vista a mejorar las pensiones de los actuales jubilados, uno de los puntos centrales para el Ejecutivo. 

Si bien se acordó el mecanismo de “autopréstamo intrageneracional” —resistido especialmente en Republicanos— que corresponde al 1% o 1,5% de la cotización extra (cerca de una UF por cada año cotizado) la diferencia entre la oposición y el gobierno radica en el piso mínimo de años cotizados para acceder al beneficio. 

Hoy, el gobierno propone que el mecanismo parta desde los cinco años cotizados, lo que beneficiaría a cerca de 1,2 millones de pensionados. La oposición en cambio, no se mueve de los 20 años, piso que sólo haría acceder al aumento de las pensiones a cerca de 500 mil jubilados. 

Esta semana se espere que las posiciones logren acercarse y dirimir sobre este punto.