Una oficial del Ejército de Chile fue separada de sus funciones tras una investigación interna que terminó afectando su estabilidad laboral y sus derechos como trabajadora.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, esta situación la llevó a demandar a la institución, argumentando que las medidas tomadas en su contra no estaban justificadas ni contaban con el respaldo suficiente para ser válidas.

La demanda señaló que la investigación no cumplió con los requisitos necesarios para tomar decisiones que afectaran directamente su trabajo y sus derechos, entre ellos, su asignación de zona y su fuero maternal, una protección legal para las trabajadoras en periodo de maternidad.

Tras un largo proceso judicial, el caso llegó a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, donde finalmente se rechazaron los recursos presentados por el Ejército para anular la sentencia inicial, que ordenaba la reincorporación de la oficial en las mismas condiciones laborales que tenía antes de la investigación.

El tribunal determinó que no hubo errores en el proceso judicial anterior, ni en la forma en que se analizaron las pruebas presentadas.

En su fallo, la Corte explicó que el recurso presentado por el Ejército no estaba enfocado en demostrar errores legales, sino en intentar cambiar el análisis de las pruebas, lo cual no corresponde en esta instancia.

Además, el fallo confirma que la oficial deberá recibir una indemnización de $50 millones por daño moral y el pago de $5,2 millones por feriado legal y proporcional, sumas que buscan compensar el impacto emocional y económico que tuvo esta situación en su vida.

Ahora, la oficial deberá ser reincorporada a su cargo con los mismos derechos y beneficios que tenía antes de que comenzara esta investigación, garantizando así que se respeten las leyes laborales y la protección especial que otorga el fuero maternal.