Al 2 de enero de 2025, hay dos diputados desaforados. Se trata de Mauricio Ojeda, independiente que integró la bancada del Partido Republicano, y Francisco Pulgar, también independiente. 

A ellos, podrían sumarse en total otros 12 diputados que ya están en proceso de ser desaforados o en calidad de imputados. 

El caso más avanzado es el de los 10 diputados oficialistas que fueron objeto de una querella interpuesta por el exministro del Interior, Andrés Chadwick (ex UDI) por el eventual delito de injurias y calumnias. 

La arremetida del exministro —que, por lo demás, también está siendo investigado en la arista Parque Capital del Caso Audio—, se basa en un fragmento de la acusación constitucional que se tramitó contra la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. 

En el libelo acusatorio, se planteaba que “el instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades siempre es el señor Andrés Chadwick” en consideración del supuesto rol que habría jugado el exministro en la red de contactos de Hermosilla. 

Y no sólo eso. El escrito —rechazado con posterioridad— también hacía un llamado a votar a favor con el fin de que “toda la ciudadanía le quede nítida constancia del categórico repudio de todos los actores del sistema político a estas prácticas corruptas y disolventes, y del más completo repudio a su principal articulador: Andrés Chadwick Piñera”.

Con ese antecedente en mano, Chadwick se decidió a interponer una querella criminal que tuvo como consecuencia inmediata la solicitud de desafuero para seguir adelante el proceso judicial. De esa forma, el pasado 16 de diciembre la Corte de Apelaciones de Valparaíso comenzó con la revisión de la solicitud de desafuero contra los diputados firmantes Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC), Mónica Arce (IND-DC), Jaime Araya (PPD), Luis Malla (PL), Lorena Fries (FA), Jaime Sáez (FA), Ana María Gazmuri (AH), Nathalie Castillo (PC) y Nelsón Venegas (PS).

En la instancia, la Corte anunció que la resolución máxima se dará a conocer en un plazo de un mes, es decir, en la quincena de enero. Sin perjuicio de esa fecha, lo cierto es que el eventual desafuero sólo regiría luego de que la Corte Suprema dejara firme la decisión del tribunal de alzada. 

Catalina Pérez y Joaquín Lavín

Los otros diputados que podrían ser apartados de sus labores parlamentarias son Catalina Pérez, independiente ex Frente Amplio, y Joaquín Lavín JR, quien recientemente renunció a la UDI. 

La situación de la parlamentaria del Distrito 3 es más compleja incluso, ya que el fiscal regional Juan Castro Bekios afirmó que existen antecedentes “suficientes y serios” para formalizar a la diputada que está siendo investigada por su eventual participación en las irregularidades detectadas en la fundación Democracia Viva, entidad que era dirigida por su expareja Daniel Andrade. 

De esa forma, el Ministerio Público ya solicitó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta por el delito de fraude al fisco. Ahora, sólo falta que el tribunal competente fije una fecha para la audiencia de desafuero. 

Por otra parte, está el caso de Joaquín Lavín JR quien está siendo investigado por el Ministerio Público en calidad de imputado por el delito de lavado de activos, falsificación de instrumento público y fraude al fisco. 

Y aunque la Fiscalía aún no ha ingresado el escrito para solicitar formalmente que se proceda con el desafuero del diputado, en caso de que el ente persecutor llegue a la conclusión de que el diputado participó en los delitos que se imputan y que dicen relación con la causa que protagoniza su esposa, la ex alcaldesa de Maipú Cathy Barriga.

¿Qué pasa con la Cámara?

La eventual ola de desafueros causaría un remezón de magnitud en la Cámara de Diputados. Esto, ya que el número de diputados habilitados para legislar —y, por ende, votar— se reduciría drásticamente de 155 a 141. 

Por otra parte, la balanza se inclinaría fuertemente a la derecha considerando que de los 12 diputados que arriesgan ser desaforados 11 pertenecen a la alianza de gobierno. 

Asimismo, el quórum de las votaciones disminuiría en todos los rangos que contempla la constitución lo que podría afectar las pretensiones del gobierno de sacar adelante, por ejemplo, la reforma de pensiones que con toda probabilidad retornará a la Cámara de Diputados en marzo de este año.