No fue cualquier año para el Congreso Nacional. Este 2024 estuvo cargado de situaciones polémicas, acusaciones constitucionales —aprobadas incluso—, desafueros, desencuentros y falta de acuerdos. 

Si se pudiera hacer un recuento rápido de todo lo que sucedió en ambas cámaras, lo que destaca a primera vista son las destituciones de los ministros de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, situación inédita desde 1991 cuando el Congreso decidió destituir tras 31 años cuando se tomó la misma determinación con el juez Hernán Cereceda. 

Pero al igual como ocurrió con la destitución de los supremos, hubo otras situaciones que marcaron el año del Congreso que está pronto a finalizar en enero cuando comience el receso legislativo. 

Acá un recuento de aquellos episodios que marcaron el 2024 en el Poder Legislativo. 

Supremos destituidos 

El caso Hermosilla —revelado por Ciper en noviembre de 2023— trajo como consecuencia inmediata el involucramiento de otras figuras del poder en la trama de corrupción que, en un inicio, involucró al abogado penalista, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer. 

Sin embargo, con el correr de los meses, y ante las filtraciones de los mensajes de WhatSapp, otros personeros de la política como Andrés Chadwick, el exministro Felipe Ward, e incluso el fallecido expresidente Sebastián Piñera, se vieron involucrados. 

Pero los alcances de Hermosilla no se reservaron únicamente al mundo político. Ciper publicó en septiembre de este año extensos intercambios entre la entonces ministra de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Ángela Vivano, y el abogado hoy en prisión preventiva en Capitán Yáber. 

Una solicitud inicial de Vivanco a Hermosilla para apoyar su nominación para el máximo tribunal —en consideración de los nexos de Hermosilla con el gobierno de Piñera, que decidió la nominación de la abogada— derivó en una estrecha relación (e intercambio de favores) entre ambos juristas. 

Vivanco, ante las irregularidades cometidas en el ejercicio de su cargo, fue destituida por el pleno de la Corte Suprema. Pero además, fue acusada constitucionalmente por los mismos hechos, libelo que fue aprobado en ambas cámaras quedando inhabilitada para ejercer cargos públicos por cinco años. 

Mismo destino, pero por diferentes motivos, sufrió el ministro de la Suprema, Sergio Muñoz, también conocido por ser, hasta su destitución, el juez más influyente del máximo tribunal. 

En medio del escándalo que provocó la revelación de las conversaciones de Vivanco con Hermosilla, Chile Vamos se adelantó y anunció que acusaría constitucionalmente a Vivanco —quien fue candidata a diputada por RN en los 90’— junto a Muñoz que, para septiembre de este año, arrastraba las polémicas protagonizadas por su hija, la jueza Graciel Muñoz. 

En medio de una disputa legal entre la Inmobiliaria Fundamenta y Graciel Muñoz, se acusó que la jueza recibió información privilegiada de su padre respecto a permisos que estaban en revisión precisamente por la Tercera Sala, encabezada por Sergio Muñoz. 

Ese antecedente bastó para que Muñoz fuera destituido debido a que diputados de izquierda votaron junto a la oposición el paquete de acusaciones constitucionales. Y pese a que en el Senado se dividieron ambos libelos, la mayoría que ostenta la derecha —sector que ha resentido los fallos de Muñoz en materia de derechos humanos y temas medioambientales— bastó para que en la Cámara Alta se visaran las acusaciones. 

Quiebre de acuerdo en el Senado y asunción de Cariola 

La conducción de ambas cámaras, como todos los años, debió renovarse. Y en ambas, la elección de presidencias fue objeto de polémica y disputas. 

En el caso del Senado, el acuerdo suscrito por el oficialismo y otros sectores no alineados decía que este año le correspondía al PPD ocupar la presidencia. Sin embargo, el conflicto entre la DC y los senadores Demócratas —Ximena Rincón y Matías Walker— terminó con el quiebre del acuerdo y con la derecha en la cabeza de la testera. 

En la otra Cámara, la elección de la Mesa Directiva tampoco estuvo exenta de polémica. El acuerdo administrativo firmado a inicios de 2022 indicaba que un diputado y diputada comunista debía encabezar la testera, situación inédita en toda la historia. 

Por lo mismo, sectores de derecha emprendieron un duro enfrentamiento con el PC para evitar que se concretara el hito. 

Así, Chile Vamos, el Partido Republicano, la bancada socialcristiana y otros sectores de derecha se alinearon detrás de Joanna Pérez, de la bancada de Demócratas, con el fin de que le arrebatara el cargo a la figura del PC que se postulara. 

Sin embargo, una alianza estratégica con la DC y el diputado Gaspar Rivas, en ese entonces PDG, dio los votos suficientes para que se cumpliera el acuerdo administrativo. 

De esa forma, sólo 15 minutos antes de que iniciara la sesión de Sala en que se debía votar, el PC anunció que Cariola sería su opción para encabezar la testera, lo que finalmente se concretó. 

Desafueros y caídas 

Este 2024 también estuvo marcado por escándalos judiciales en que se vieron involucrados parlamentarios y caídas de connotadas figuras del parlamento

Respecto a los desafueros, este año se dieron dos casos: por una parte el del diputado Mauricio Ojeda, quien es independiente pero estuvo junto a la bancada del Partido Republicano; y el de Francisco Pulgar, también independiente, quien está acusado de un delito de violación. 

En el caso de Ojeda, está siendo investigado por su eventual participación en el marco de la investigación del Caso Convenios en la región de La Araucanía, región en que la gobernación estaría implicada en el fraude de $730 millones. Por esta razón, el diputado electo en cupo republicano fue desaforado el pasado 30 de septiembre. 

Si bien sólo esos dos desafueros han sido ratificados por la justicia, hay otros 12 diputados que podrían verse afectados. Se trata, por una parte, de los diputados Joaquín Lavín (UDI), quien está siendo investigado por delitos de corrupción —aunque aún no se solicita su desafuero— y Catalina Pérez, investigada por el caso Convenios, a quien la Fiscalía ya solicitó desaforar para imputar delitos. 

Por otra parte, están los diez diputados que fueron objeto de una querella por parte del exministro Andrés Chadwick. Daniel Melo (PS), Nelson Venegas (PS) Lorena Pizarro (PC), Nathalie Castillo (PC), Mónica Arce (IND-DC), Jaime Araya (PPD), Luis Malla (PL), Lorena Fries (FA), Jaime Sáez (FA) y Ana María Gazmuri (AH), corren el riesgo de ser desaforados para enfrentar el delito de injurias y calumnias que acusa el exministro. 

Además de los desafueros, hay otros parlamentarios que vieron su figura seriamente afectada. Ese es el caso de Javier Macaya, senador y hasta este año presidente UDI, quien debió renunciar luego de las críticas transversales que recibió por defender a su padre condenado por delitos de abuso sexual infantil. 

Situación similar vivió la diputada Maite Orsini quien hoy está suspendida de su partido, el Frente Amplio, por las polémicas que ha protagonizado en el marco del caso Jorge Valdivia, acusados de dos delitos de violación.