El 9 de enero de 1993, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional presentada por parlamentarios de la Concertación contra el entonces ministro de la Corte Suprema, Hernán Cereceda. 

Al supremo —que falleció en 2011— se le acusó de “notable abandono de deberes” por haber traspasado la causa relacionada al asesinato de Alfonso Chanfreau a la Justicia Militar, instancia conocida en ese periodo por proteger a agentes de la dictadura acusados de violaciones a los derechos humanos. En la oportunidad, la acusación se declaró admisible por 66 votos a favor, 39 en contra y una abstención, siendo la primera y única vez desde el retorno a la democracia que el poder político resolvió destituir un ministro del máximo tribunal del país.

Eso, hasta este miércoles 9 de octubre. 

Luego de 31 años, la misma Cámara decidió aprobar el libelo acusatorio contra los supremos Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, quienes ahora deberán enfrentarse al “juicio” del Senado, instancia que determinará su “culpabilidad” en los hechos que se les imputa. 

Y aunque el oficialismo intentó “salvar” a Muñoz aludiendo a la necesidad de separar la votación de cada ministro, argumento que fue discutido en la ‘cuestión previa’, los parlamentarios del sector terminaron dejando caer al supremo reconocido por sus actuaciones en causas ligadas a los derechos humanos. 

La decisión para el oficialismo no fue fácil. Una gran mayoría de diputados de la alianza de gobierno expresaron en diversas instancias no estar de acuerdo con acusar a Muñoz. Pero la jugada de la derecha de incluir tanto a Muñoz como a Vivanco en la misma acusación, terminó por sellar el futuro del ministro que ejerce el cargo desde octubre de 2005.

Esto, debido a que a diferencia de Vivanco y Jean Pierre Matus —el otro ministro de la Suprema acusado constitucionalmente— Muñoz no está vinculado al caso Audio que tiene como protagonista a Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva. En su lugar, la acusación en su contra se funda en la supuesta revelación de antecedentes reservados a su hija, la jueza Graciel Muñoz, respecto a un proyecto inmobiliario en que ella tenía participación y del cuál habría retirado su inversión a propósito del consejo de su padre, quien veía en ese periodo veía la causa en la Suprema. 

Oficialismo se niega a pagar costo político

Aunque gran parte del oficialismo no estaba de acuerdo con la acusación de Muñoz, de hecho la calificaron como un “intento de empate” por parte de la derecha, finalmente varios diputados del sector terminaron por votar a favor de la misma. ¿El motivo? No estar dispuestos a pagar el costo político que significaría “salvar a Vivanco” al rechazar la AC. 

De hecho, las bancadas del oficialismo votaron divididas; mientras algunos diputados respaldaron el libelo, otros votaron en contra o se abstuvieron, como lo fue el caso del Frente Amplio y el Partido Comunista.

Al igual que en la cuestión previa, y en la previa de la sesión, sectores del oficialismo acusaron “vicios de procedimiento”. 

“La derecha, en su empeño por proteger el entramado de corrupción que involucra a Chadwick, Hermosilla, Piñera y a Vivanco, han presentado una acusación constitucional absurda e irresponsable contra el ministro Muñoz. Porque quieren confundir a la opinión pública. Esta maniobra es una jugada sucia, un empate espurio. Buscan hacer creer que están preocupados por la corrupción, pero la verdad es otra: están defendiendo a capa y espada a quienes manejan los hilos detrás de las sombras y se han logrado infiltrar hasta el máximo tribunal de nuestro país”, arremetió el diputado Matías Ramírez (PC).

El diputado Nelson Venegas (PS), por su parte, hizo hincapié en “lo absurdo” de votar dos acusaciones con distintos sustentos al mismo tiempo, aludiendo al historial como juez de Muñoz. 

“Habiendo escuchado la defensa de cada una de las partes, llego a la convicción profunda de que el ministro Muñoz no reúne los requisitos para acusación constitucional y me obligan a votar a favor porque presentaron ambas acusaciones en conjunto. Eso es un absurdo y los saben”; sostuvo Venegas,y agregó: “Seguramente les complica sus fallos en causas ambientales; cuando falló en contra de las isapres, o lisa y llanamente porque fue le ínico juez que se atrevió a desaforar al dictador Pinochet”.

De todas formas, la defensa a Muñoz no fue suficiente, ya que las bancadas del PPD, Liberal y PPD votaron a favor. 

Como dato llamativo, la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, a diferencia de su bancada, decidió aprobar el libelo contra los ministros votando a favor. 

El dispar futuro de los ministros

Ahora, con la acusación aprobada en la Cámara, será el turno del Senado de decidir respecto al futuro de los ministros. Eso sí, la lógica de la votación cambia en la Cámara Alta. 

Mientras los diputados funcionan como “fiscales” es decir presentan la acusación y deciden sobre la admisibilidad, el Senado debe dirimir si los acusados son culpables o no. 

En términos prácticos, lo primero que cambia es el quórum; para aprobarse una acusación constitucional en el Senado debe hacerse por una mayoría de tres quintos, a diferencia de la Cámara que basta una mayoría simple. 

De igual forma, la Cámara Alta tiene la atribución de dividir los capítulos, por lo que, como pidió el oficialismo, será posible votar por separado la acusación de Vivanco y la de Muñoz. 

Por lo mismo, según adelantan voces del Congreso, es muy probable que Muñoz no termine destituido ya que la oposición —sector que impulsa su remoción— no cuenta con los votos suficientes para concretar su destitución.  No así con Vivanco que no tiene apoyo que, con certeza se aprobará el libelo en su contra. 

De hecho, al martes —día en que está citada la sesión para que se voten las acusaciones, Vivanco podría llegar ya destituida puesto que mañana jueves el pleno de la Corte Suprema resolverá si expulsarla o no.