Esta semana comenzaron a sesionar las comisiones que revisarán las acusaciones constitucionales presentadas contra los ministros de la Corte Suprema Sergio Muñoz, Jean Pierre Matus y Ángela Vivanco. 

Y aunque a los ministros de les busca remover por distintos motivos —en el caso de Matus y Vivanco por sus nexos con Luis Hermosilla, mientras que a Muñoz por supuestamente haberle revelado a su hija detalles de una causa—, en los tres libelos, se invoca la causal de “notable abandono de deberes” como motivo de la presentación. 

Dicho argumento, ha predominado en las acusaciones a magistrados que se han tramitado en el Parlamento desde el retorno a la democracia en 1990. Desde esa fecha, según los registros del propio Congreso, se han presentado nueve acusaciones constitucionales contra magistrados de las altas cortes con un saldo favorable para los acusados: sólo una fue aprobada y otras ocho rechazadas. 

Sin embargo, este “positivo” balance para ministros de la Corte Suprema y de Apelaciones que han sido sometidos a un juicio político corre el riesgo de cambiar debido a la delicada situación de los tres supremos puestos en tela de juicio. 

Hernán Cereceda, el primer y único ministro destituido

En 1992, en plena época de la transición, un grupo de diputados de la Concertación emprendió la primera arremetida contra ministros de la Corte Suprema en medio del álgido contexto que significaba la tramitación de causas relacionadas a las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. 

En ese contexto, se ingresó la primera acusación constitucional contra integrantes de la Corte Suprema desde el retorno a la democracia, la cuál iba dirigida a Hernán Cereceda , Lionel Beraud y Germán Valenzuela, además del auditor general del Ejército, Fernando Torres.

En concreto y según consta en los registros de la Cámara, se acusó a los magistrados de haber incurrido en la causal “notable abandono de sus deberes” al haber traspasado “arbitraria y precipitadamente el conocimiento del proceso por la detención y desaparición de Alfonso Chanfreau a los tribunales militares, incurriendo en denegación de justicia y doble estándar en su actuar”.

En el libelo acusatorio, se apuntaba a una “clara voluntad de procurar la impunidad y denegar justicia (…)”, pues era de conocimiento público que cuando los procesos de derechos humanos recaían en los tribunales militares terminaban por ser sobreseidos y archivados. Ello, de acuerdo al documento, daba cuenta de “una falta absoluta de imparcialidad, torcida administración de justicia (…) y escandaloso y notable abandono de deberes relacionado con el principal deber de la judicatura, como es velar por el pleno imperio de los derechos humanos”.

Tras un duro debate en la Cámara y el Senado, entendiendo que en dicho periodo la derecha seguía protegiendo el accionar de la dictadura, se resolvió rechazar dos de las tres solicitudes de remoción incluídas en el libelo. No obstante, se logró la destitución de Cereceda y su inhabilidad para ejercer cargos públicos en cinco años como señala la Constitución cuando es aprobada una acusación constitucional. 

Como dato llamativo, para lograr la mayoría en el Senado, los senadores de RN Hugo Ortiz de Filippi, Sebastián Piñera —a la postre Presidente en dos ocasiones— e Ignacio Pérez Walker, votaron a favor. 

Acusaciones infructuosas

Tras la destitución de Cereceda, otras ocho acusaciones se presentaron contra magistrados, todas rechazadas, aunque en casos particulares fueron destituidos de todas formas mediante otras vías.

En 1996, se ingresó un libelo acusatorio contra los ministros Eleodoro Ortiz, Enrique Zurita, Guillermo Navas y Hernán Alvarez quienes fueron imputados por el hecho de “ignorar los antecedentes probados en un proceso y normas jurídicas vigentes en Chile con el fin de decretar y confirmar el sobreseimiento definitivo de la causa por el homicidio de Carmelo Soria Espinoza, demostrando grave falta de imparcialidad y denegación del derecho a la justicia”.

Tras el análisis de la Cámara y el rechazo de la cuestión previa, sin embargo, la acusación fue desechada.

Un año más tarde, se presentó una acusación contra el entonces presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán. El libelo se fundó en base a las denuncias por actuaciones e intervenciones del ministro Jordán en procesos penales por lavado de dinero y redes de protección al narcotráfico descubierto en Chile y denunciado por el Consejo de Defensa del Estado.

El mismo año, en 1997, se ingresó otra acusación contra Jordan y otros tres ministros de la Suprema, esta vez por la concesión de libertad provisional de un ciudadano colombiano acusado de narcotráfico. 

Los ministros acusados habrían revocado de oficio una resolución dictada por ellos mismos con anterioridad, la cual resolvía un recurso de queja que dejó firme la resolución que mantenía al procesado en prisión preventiva. 

Ambas acusaciones contra Jordán y compañía fueron desechadas en la Cámara de Diputados. 

En el contexto de acusaciones contra ministros de la Corte Suprema, uno de los casos más bullados fue el del fallecido juez Luis Correa Bulo, quien fue destituido por el pleno del máximo tribunal en 2001 por supuesto tráfico de influencias en su desempeño en el cargo. Sin embargo, también se habría un proceso de destitución a través de una acusación constitucional que finalmente fue rechazada. 

Posteriormente, en 2005 fueron acusados los ministros Domingo Kokisch, Eleodoro Ortiz y Jorge Rodríguez, a raíz de haber supuestamente aceptado para la resolución de una causa medioambiental pruebas falsas. El resultado fue en la misma línea que las otras acusaciones, siendo rechazada. 

En cuanto a las más recientes, se registran las ingresadas en 2014 contra Héctor Carreño Seaman por “las acciones y omisiones en las que incurrió en el ejercicio del poder que le fuere conferido como Responsable de la Unidad de Apoyo a la Reforma de la Justicia de Familia, dejando de cumplir con los deberes encomendados, abocándose a tareas que exceden las funciones para la cuáles fue nombrado”.

Luego, en 2018, se presentó un libelo acusatorio contra los ministros Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller, quienes fueron acusados de otrogar el beneficio de la libertad condicional a siete ex militares condenados por delitos de lesa humanidad sin sujetarse a las condiciones y requisitos establecidos en el marco de las convenciones y tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por Chile. 

Y por último, el caso de Silvana Donoso Ocampo, ministra de la Corte de Apelaciones, quien fue acusada por haber otorgado libertad condicional a 788 solicitantes. 
Todas las acusaciones fueron rechazadas.