La relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios ha sido históricamente tensa, marcada por un reconocimiento insuficiente y una deuda persistente en materia de derechos colectivos. El panorama de los derechos indígenas en Chile se ha transformado drásticamente en los últimos años, marcando un terreno conflictivo donde intereses políticos, económicos y sociales colisionan.

Es imperativo destacar la urgente necesidad de un cambio en la relación entre el Estado chileno y los pueblos indígenas, promoviendo un enfoque inclusivo y respetuoso que permita una convivencia pacífica y sostenible.

La encrucijada de los derechos indígenas en Chile y el núcleo del conflicto reside en un modelo de relación con los pueblos indígenas que no garantiza mecanismos de participación efectiva. Sin los recursos adecuados para participar en la toma de decisiones, las comunidades indígenas, como la mapuche, están condenadas a enfrentar conflictos y confrontaciones continuas con el Estado. Aquí algunos ejemplos de esta política de discriminación institucional:

• El 21 de noviembre de 2024, el Senado chileno aprobó un artículo que deja sin efecto la Ley Lafkenche en la tramitación de la Ley de Presupuestos 2025. Esta decisión ha provocado controversia, suspendiendo por un año la recepción de nuevas solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) y estableciendo un plazo de seis meses para resolver las solicitudes en trámite, lo que puede resultar en rechazos automáticos debido al silencio administrativo negativo.

• Por otro lado, la campaña “Pozo Sin Fondo”, lanzada el 8 de noviembre de 2024 y patrocinada por la Multigremial de la Araucanía, busca sensibilizar sobre los costos y la ineficacia de la política de compra de tierras indígenas. La campaña destaca la necesidad de “modernizar” la Ley Indígena y propone alternativas como el arriendo de tierras y compensaciones económicas.

• En paralelo, el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2024 de la Universidad Diego Portales, publicado el 13 de noviembre, evidencia una preocupante omisión de la palabra "mapuche" y menciona "indígena" solo una vez en sus 489 páginas. Esta falta de visibilidad en un documento tan crucial subraya la necesidad de un reconocimiento de los derechos indígenas.

• Simultáneamente, en el marco de la Ley 21.600, el Ministerio del Medio Ambiente inició en 2023 una Consulta Indígena sobre áreas protegidas y sitios prioritarios. Según el portal oficial del proceso, la consulta busca incorporar la visión de los pueblos indígenas en la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Esta consulta, llevada a cabo en distintas etapas a nivel nacional, plantea un intento de diálogo, aunque ya se cuestiona su efectividad por la nula capacidad para ser inclusiva y vinculante.

• En noviembre de 2024, un hito crucial sacudió las memorias del pasado: la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado chileno por violaciones ocurridas en 1992, cuando 135 mapuche fueron encarcelados bajo cargos que incluyeron “Asociación Ilícita” por crear la bandera mapuche y exigir restitución territorial. Esta sentencia es un recordatorio de la necesidad de reconciliación histórica.

Esta realidad se intensifica en la llamada Macrozona Sur, una denominación que, aunque aparentemente técnica, simboliza un enfoque militarizado del conflicto. Desde la declaración del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en 2021, las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco han estado bajo intervención militar.

Esta medida restringió derechos fundamentales, exacerbando tensiones y alterando las dinámicas sociales en estas regiones. Estas acciones, lejos de contribuir al diálogo, han profundizado el conflicto. Las instituciones armadas operan con sus sistemas de inteligencia regional -como ANI, Dipolcar y Sipolcar- con el objetivo de monitorear e infiltrar a las organizaciones mapuche.

La Comisión para la Paz y el Entendimiento, creada en junio de 2023, se enfrenta a la ardua tarea de proponer mecanismos concretos para saldar la deuda histórica con el pueblo mapuche. Sin embargo, la representación asimétrica de los intereses mapuche resalta la influencia de los poderosos sectores agroindustriales y forestales en esta comisión, evidenciando la abismal desigualdad de recursos y poder entre las partes involucradas en las negociaciones.

El contexto histórico que alimenta esta conflictividad incluye compromisos políticos incumplidos por parte del Estado. La aprobación del Senado chileno de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2025, la campaña “Pozo Sin Fondo”, el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur y el fracaso de la Comisión para la Paz y el Entendimiento revelan una compleja encrucijada en la que se encuentran los derechos indígenas en Chile. Esta situación exige una revisión profunda para garantizar políticas justas y equitativas para todos los involucrados.

Las organizaciones internacionales, con la legitimidad que les otorga su continuo diálogo a través de muchos años con diversas entidades representativas de los intereses del pueblo mapuche, han señalado desde hace más de dos décadas que el conflicto no es entre privados, sino entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.

Las demandas históricas del pueblo mapuche no pueden reducirse a narrativas de seguridad y, por lo tanto, a una permanente discriminación. Más bien, exigen un enfoque inclusivo y reparador para transformar las tensiones actuales en un modelo de convivencia respetuoso y sostenible. Solo con un enfoque político que respete la autodeterminación y promueva la creación de espacios de diálogo y deliberación permanente se podrá avanzar.

Los parlamentos indígenas en el mundo

A lo largo de la historia contemporánea, los parlamentos indígenas han emergido como espacios fundamentales para la defensa de los derechos colectivos de los pueblos originarios. Estos órganos se han consolidado en diversas partes del mundo como plataformas de diálogo y decisión política. La creación de parlamentos indígenas a lo largo de la historia moderna representa un esfuerzo significativo hacia la participación y la autodeterminación en la toma de decisiones por parte de los pueblos originarios.

La línea de tiempo de los parlamentos indígenas comienza en 1726 en la frontera sur del imperio español; en Chile, con el Parlamento de Negrete, un hito significativo en la historia de los pueblos indígenas, ya que sentó un precedente importante para futuras negociaciones entre los pueblos indígenas y los gobiernos coloniales.

Este parlamento fue creado con el propósito de promover la paz; se lograron acuerdos para poner fin al conflicto armado, se reconoció la autonomía de los mapuche en sus territorios, así como el libre comercio y el fomento de la integración cultural y religiosa.

Siglos después, le sigue la adopción del Convenio 169 de la OIT en 1989, que reconoce los derechos políticos de los pueblos indígenas. En 1989, el Parlamento Sami de Noruega, el primer parlamento indígena moderno en Europa fue creado con la misión de representar los intereses del pueblo Sami y con la visión de promover la autodeterminación y los derechos culturales.

Su objetivo era lograr la plena inclusión de los Sami en las decisiones estatales sin comprometer su autonomía. Suecia (1993) y Finlandia (1996) siguieron el ejemplo de su vecino y crearon el Parlamento Sami, con un enfoque similar en garantizar la participación política y el desarrollo sostenible.

Posteriormente, en 2004, se erigió el Parlamento Indígena de Bolivia como un modelo para América Latina. Compuesto por representantes de 36 pueblos originarios, opera bajo un sistema de elección comunitaria basado en principios de usos y costumbres. Su mandato, de cinco años, garantiza la continuidad de sus propuestas en temas sociales como la educación intercultural, en lo económico como el acceso a tierras ancestrales, y en lo político mediante la participación en el diseño de políticas públicas.

En México (2005), se estableció el Parlamento Nacional Indígena, con la misión de promover los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas, y la visión de asegurar la inclusión y la justicia social.

Más recientemente, en 2017, Nueva Zelanda fortaleció el papel del Te Kāhui Ture, una instancia consultiva creada para representar a los Iwi (identidades territoriales maoríes) en el diseño de leyes que afectan sus derechos. Si bien sus resoluciones tienen carácter consultivo, han logrado influir significativamente en el reconocimiento legal de los acuerdos del Tratado de Waitangi.

Los parlamentos indígenas, con sus estructuras y procesos únicos, proporcionan una plataforma para que los pueblos indígenas participen activamente en decisiones que afectan sus vidas. En gran medida, operan bajo un sistema de representación directa, donde los miembros son elegidos por sus comunidades. Los mandatos suelen durar entre tres y cuatro años, lo que permite una renovación constante y una representación dinámica. Por ejemplo, el Parlamento Sami de Suecia tiene 31 miembros elegidos democráticamente por los propios Samis cada cuatro años, mientras que el Parlamento Indígena Nacional de México incluye representantes seleccionados por más de 60 comunidades indígenas bajo un esquema de consenso.

En términos de materias legislativas, estos parlamentos abordan una amplia gama de temas sociales, económicos y políticos, desde derechos culturales y educativos hasta cuestiones de desarrollo económico y territorial. Las resoluciones de estos parlamentos pueden tener estatus consultivo o resolutivo, dependiendo del contexto legal y político de cada país.

En cuanto a sus competencias, estos parlamentos abordan una amplia gama de materias. En lo social, se centran en la revitalización cultural y lingüística; en lo económico, en la sostenibilidad de los territorios y el manejo de recursos naturales; y en lo político, en la integración de sus perspectivas en las agendas estatales. Aunque algunos parlamentos tienen un estatus consultivo, se observa una creciente demanda para que sus decisiones sean vinculantes, fortaleciendo su impacto en las políticas nacionales.

El plebiscito de 2022 en Chile rechazó la propuesta de Constitución Política de la República que proponía declarar al Estado como plurinacional y reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Estos derechos incluían una misión, visión y objetivos de Estado en relación con los pueblos indígenas de Chile. Hoy somos testigos del fracaso en el logro de objetivos de la Comisión para la Paz y el Entendimiento y nos encontramos en un futuro incierto.

Los pueblos indígenas siguen existiendo y, con ello, persiste la demanda de construir diálogos sobre inclusión, derechos, territorios y conflictos. Es fundamental que los pueblos indígenas dispongan de un órgano de deliberación que garantice la representación efectiva y equitativa en la toma de decisiones de un importante sector de la población de Chile.

La experiencia práctica demuestra que los parlamentos indígenas en el mundo contemporáneo son más que un símbolo de justicia histórica; son una necesidad en las democracias modernas. Representan la oportunidad de equilibrar el poder, integrar perspectivas diversas y garantizar el fin de la discriminación de los pueblos originarios.