El Primer Tribunal Ambiental, el lunes 9 de diciembre, acogió la reclamación presentada por la empresa a cargo del proyecto minero Dominga y el megaproyecto portuario Cruz Grande, Andes Iron SpA.

La discusión radica en el actuar del Comité de Ministros para la Sustentabilidad. El Tribunal declaró ilegal la resolución de dicho órgano debido a la “parcialidad” de algunos de los Ministros involucrados. Aunque aún existe un plazo de 15 días para pronunciarse al respecto, la situación sigue siendo preocupante.

Después de casi 12 años de tramitación y de múltiples demostraciones de los graves daños que este proyecto puede causar en una zona declarada como hotspot mundial -es decir, un lugar con alta concentración de biodiversidad-, la problemática parece girar en torno a la parcialidad de los ministros, dejando de lado las afectaciones al medioambiente.

¿Nos hemos olvidado que este proyecto, capaz de producir cada año 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, tiene además planeado un puerto destinado a abastecer al mercado chino?

Si el debate se centra en la legitimidad del proceso del proyecto, deberíamos considerar que, desde la publicación de los Pandora Papers, ha quedado más que demostrado que de legítimo no tiene nada. Fue el mismo ex Presidente de la República, Sebatián Piñera, quien había rechazado el proyecto Barrancones que buscaba instalarse en La Higuera, para esperar en manos de su amigo Délano su nuevo negocio millonario.

Por otro lado, si la preocupación está realmente en la vida de las personas, la flora y la fauna de la comuna de La Higuera, ¿por qué es posible que el proyecto siga adelante?

No han pasado más de cinco años desde que el Estado de Chile, reconoció al pueblo Chango, ¿y ya quieren intervenir en un lugar en donde aún hay vestigios de sus ancestros? La Reserva Nacional Pingüino de Humboldt habita a las cercanías del futuro proyecto; la localidad es conocida por los avistamientos de ballenas que llegan cada año. La tradición de la vida de mar, ¿quién asegura que eso siga existiendo después del impacto del proyecto?

El pasado 11 de diciembre, en una transmisión por Canal 13, la conductora del noticiero señaló con respecto a la noticia que: “Por un lado, podría generar importantes beneficios laborales a la comuna de La Higuera, incluyendo agua potable”. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿no es el agua un derecho humano? Si la comuna ya enfrenta graves conflictos relacionados con el suministro de agua, ¿no es un acto de cinismo jugar con las necesidades básicas de las personas?

Las juventudes de la comuna han crecido con la presencia de Andes Iron SpA, que ha intervenido en sus espacios educativos y hogares, prometiendo agua y soluciones a las necesidades más profundas de la población. Sin embargo, este conflicto ni siquiera parece abordarse con la seriedad que merece en el debate.

Los acontecimientos recientes evidencian la fragilidad del Estado frente al poder del empresariado privado en el país. Asimismo, dejan en claro la desprotección en la que se encuentran las comunidades inmersas en conflictos socioambientales, y la ausencia de un proyecto nacional que priorice a las personas y los ecosistemas.