Álvaro Corbalán Castilla, condenado por violaciones a los derechos humanos, utilizaba una grabadora de voz desde 2015 en el penal de Punta Peuco.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, con ella, grababa canciones que componía y vendía a otros internos, lo que le ayudaba a sobrellevar el encierro y obtener algún ingreso.

Sin embargo, en septiembre de 2023, durante un allanamiento realizado por Gendarmería, el dispositivo fue confiscado porque se consideró un objeto prohibido dentro de la cárcel.

Corbalán, quien padece una discapacidad visual grave y otras enfermedades, calificó la incautación como un acto arbitrario que afectaba su calidad de vida.

A través de su abogada, presentó un recurso de amparo para que la grabadora le fuera devuelta, argumentando que la decisión de Gendarmería vulneraba sus derechos y afectaba su bienestar emocional y físico.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo, señalando que Gendarmería actuó dentro de sus atribuciones legales.

Según las normas que regulan los penales, la grabadora está clasificada como un objeto que no puede ser ingresado ni utilizado en la cárcel por razones de seguridad.

El tribunal también explicó que el recurso de amparo no es el medio adecuado para discutir las condiciones de vida en prisión, ya que está diseñado para proteger la libertad y seguridad de las personas frente a actos ilegales.

Además, recordó que la defensa ya había intentado recuperar el dispositivo en otro tribunal, donde su solicitud también fue rechazada.