En diciembre de 2021, Chilquinta Transmisión S.A., una empresa eléctrica, descubrió que un terreno de su propiedad en el Cerro Los Placeres, en Valparaíso, había sido ocupado de forma irregular.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, las personas que estaban ocupando el lugar construyeron viviendas de material ligero, un taller mecánico y se conectaron de manera ilegal a la red eléctrica.

La empresa intentó desalojar a los ocupantes enviándoles notificaciones y presentando denuncias, incluida una querella por hurto de energía.

Sin embargo, estas acciones no dieron resultados, y con el tiempo, los ocupantes construyeron aún más estructuras en el terreno.

Además, el área invadida es parte de una zona de seguridad eléctrica, lo que generó riesgos tanto para los invasores como para los vecinos y las instalaciones eléctricas.

En un inicio, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó un recurso presentado por Chilquinta, argumentando que las construcciones estaban fuera del perímetro cercado del terreno. Ante esto, la empresa llevó el caso a la Corte Suprema.

La Corte Suprema, tras analizar la situación, falló a favor de Chilquinta. Determinó que los ocupantes no tenían ningún derecho sobre el terreno y que su presencia no solo vulneraba el derecho de propiedad de la empresa, sino que también representaba un grave peligro por tratarse de una zona destinada a instalaciones eléctricas.

La Corte Suprema ordenó el desalojo de los ocupantes en un plazo máximo de tres meses. Indicó que esta acción debe realizarse con apoyo de la fuerza pública si es necesario, garantizando siempre la seguridad y el respeto a las personas involucradas.

Además, pidió tomar medidas para evitar que el terreno vuelva a ser invadido en el futuro.